Procedimiento de concesión directa de una segunda fase de ayudas para la restauración y revitalización del patrimonio cultural valenciano afectado por la dana y por las inundaciones sufridas por la Comunitat Valenciana a partir del 29 de octubre de 2024.

El pasado 29 de octubre de 2024, la Comunitat Valenciana se vio gravemente afectada por un episodio de lluvias torrenciales y fuertes vientos originados por una depresión aislada en niveles altos (dana), fenómeno meteorológico excepcional, de efectos devastadores, que dejó registros de precipitación acumulada superiores a los 400 litros por metro cuadrado en numerosas localidades de la Comunitat Valenciana y causó inundaciones generalizadas que provocaron trágicas pérdidas de vidas humanas e ingentes daños materiales.

          Las consecuencias devastadoras de este temporal impactaron con virulencia en numerosos bienes, muebles e inmuebles, del patrimonio cultural valenciano, así como en el equipamiento de museos y colecciones museográficas.

          De conformidad con los principios rectores de la política social y económica proclamados por la Constitución española, corresponde a los poderes públicos promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todas las personas tienen derecho, así como garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad (artículos 44.1 y 46 de la Constitución).

          A su vez, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, corresponde a la Generalitat velar por la protección y defensa de la identidad y los valores e intereses del Pueblo Valenciano y el respeto a la diversidad cultural de la Comunitat Valenciana y su patrimonio histórico (artículo 12 del Estatuto).

          En efecto, en el marco constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la Comunitat Valenciana asume, a través de su Estatuto, competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de las competencias que en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación asume el Estado (artículo 49.1-5.ª del Estatuto de Autonomía y artículo 149.1-28.ª de la Constitución española) .

          La Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano, desarrolla este mandato y, en su artículo 87, reconoce el interés público de todas las actividades de conservación y promoción del patrimonio cultural valenciano y su carácter de fuente de riqueza económica para la colectividad.

          En este marco constitucional, estatutario y legal, es deber de la Administración de la Generalitat garantizar la protección, conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano, así como el acceso de toda la ciudadanía a los bienes que lo integran. En concreto, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades es el departamento del Consell que asume tal mandato, en virtud de la asignación de competencias en materia de patrimonio cultural efectuada por Decreto 16/2025, de 3 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias y sus atribuciones.

          Dentro de la estructura orgánica y funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, y bajo la dependencia directa de la Secretaría Autonómica de Cultura, la Dirección General de Patrimonio Cultural es el órgano directivo que asume el ejercicio de las competencias en materia de conservación, protección, enriquecimiento, restauración, difusión y fomento del patrimonio cultural valenciano, tanto mueble como inmueble; museos y soporte técnico, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 68/2026, de 4 de mayo, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

          Bajo estas premisas y en el contexto excepcional de recuperación de la Comunitat Valenciana tras los efectos devastadores de la dana y las inundaciones subsiguientes acaecidas a partir del día 29 de octubre de 2024, la Ley 4/2026, de 22 de julio, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2026, contempla una línea de subvención de carácter excepcional para paliar y revertir los daños materiales sufridos por el patrimonio cultural valenciano.

          Entre estas ayudas, se contempla la línea de subvención de concesión directa S1961, «Dana 2024. Ayudas directas para la restauración y revitalización del patrimonio cultural valenciano afectado por la dana», con cargo al capítulo VII del presupuesto de gastos, aplicación presupuestaria del centro gestor G1090502 (Dirección General de Patrimonio Cultural), subprograma 454A00, «Patrimonio Artístico, Museos y Artes Plásticas», en favor de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, titulares de los bienes del patrimonio cultural valenciano, con la finalidad de restaurar los bienes del patrimonio cultural afectados por la dana cuya recuparación sea técnica y económicamente viable, en el marco del plan «Endavant» (iniciativa D.14.03), y con una dotación de 8.637.450 euros.

          Tales ayudas, de conformidad con la mencionada ley de presupuestos, se instrumentan a través de la vía excepcional de concesión directa que contempla el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, habida cuenta de las acreditadas razones de interés público y social que subyacen en la necesidad de proteger y conservar el patrimonio cultural valenciano ante los daños provocados por la catástrofe natural que asoló la Comunitat Valenciana, especialmente la provincia de Valencia, en el otoño de 2024.

          Interés público que encuentra, asimismo, reconocimiento expreso en la propia legislación del patrimonio cultural valenciano (artículo 87 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano) y, en el contexto de esta catástrofe natural sin precedentes, se extiende a la necesidad de restaurar y revitalizar el patrimonio cultural valenciano dañado con la mayor celeridad y agilidad posible.

          Así, en el diseño de estas ayudas se aprecia un indudable carácter singular, que se sustrae a la gestión ordinaria y reclama inmediatez, agilidad y eficacia en la protección del patrimonio ante una situación de emergencia que no admite demora o, al menos, no admite dilaciones mayores que las impuestas por la naturaleza de las actuaciones requeridas y los factores humanos, técnicos, materiales, económicos y procedimentales que inciden en ellas.

          En desarrollo de esta línea de subvención, en fecha 28 de octubre de 2025, el Consell aprobó mediante el Decreto 157/2025 las bases reguladoras y el procedimiento de concesión de estas ayudas, por un importe global de 6.000.000 €. Y en fecha 19 de diciembre de 2025, la consellera de Educación, Cultura y Universidades resolvió la concesión de 19 ayudas, por un importe total de 5.989.099,51 €. No obstante, se recibieron 40 solicitudes adicionales, por un importe superior a 9.000.000 €, que no pudieron instruirse por agotamiento del crédito presupuestario. Ello apunta a la subsistencia de patrimonio cultural afectado por la dana necesitado de las actuaciones de restauración y revitalización a cuya financiación se dirige esta línea de subvención.

          Hay que tener en cuenta que, de conformidad con la disposición adicional tercera del Decreto-ley 15/2025, de 26 de diciembre, del Consell, tendrán la condición de «ampliables» los créditos destinados al Plan de recuperación y reconstrucción de la dana correspondientes al ejercicio 2026. Se establece, de igual modo, que, en cuanto a las actuaciones autorizadas por el Consell, correspondientes a subvenciones cuyo modo de concesión esté regulado en el artículo 168 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, únicamente podrán ser objeto de ampliación aquellas cuyo modo de concesión esté sustentado en el apartado primero, letra C).

          Por su parte, se reconoce la necesidad de colaboración y cooperación estrecha y leal de las distintas administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, para una protección eficaz y eficiente del patrimonio cultural afectado. Teniendo en cuenta el principio de proximidad a la ciudadanía, se pone en valor el papel de los municipios y otras entidades locales en la gestión de las actuaciones necesarias para la restauración y revitalización del patrimonio dañado en sus respectivos territorios, con independencia de la titularidad, pública o privada, de los bienes afectados. Todo ello sin perjuicio de la iniciativa que puedan ejercer otros titulares de Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL), bienes muebles inventariados y elementos asimilables, o museos y colecciones museográficas permanentes, como particulares, entidades privadas y la Iglesia, erigiéndose como beneficiarios de estas ayudas y comprometiéndose a realizar las actuaciones e inversiones que conduzcan a la restauración y revitalización de los bienes referidos.

          En atención a la múltiple casuística que ofrece el patrimonio cultural valenciano, en cuanto a naturaleza, alcance y titularidad de los bienes, así como la distinta afección sufrida a causa de la dana y las inundaciones subsiguientes, y habida cuenta de las premisas que figuran más arriba y la habilitación legal y presupuestaria al efecto, este decreto regula ayudas de concurrencia no competitiva, destinadas a financiar, en orden estricto de solicitud, las actuaciones de restauración y revitalización que reúnan los requisitos definidos, en cuanto a naturaleza, ubicación y titularidad de los bienes, acreditación de los daños provocados por la dana, y cuantía y envergadura de las actuaciones proyectadas.

          Este decreto se configura como un nuevo decreto de concesión de estas ayudas, con idéntico objeto que el emitido en 2025, a modo de segunda fase de las ayudas, con nueva apertura de plazo para la presentación de solicitudes. Sobre la base del tiempo transcurrido desde la fase de presentación de solicitudes derivada del Decreto 157/2025, de 28 de octubre, del Consell, se aprecia la existencia de una coyuntura diferente que aconseja la apertura de una nueva fase de solicitud, además de considerarse una solución más transparente y acorde con el principio de igualdad que debe presidir el otorgamiento de ayudas públicas. Así, se ha estimado más adecuado, sin perjuicio de su mayor dificultad procedimental, el lanzamiento de un nuevo procedimiento que permita a todas las personas y entidades interesadas, en condiciones de igualdad, concurrir a las ayudas. Ello no impide a aquellas personas y entidades que solicitaron las ayudas en el ejercicio anterior y no las obtuvieron por agotamiento del crédito volver a concurrir y obtener la ayuda en el presente ejercicio. A la vez que permite la concurrencia al resto de personas y entidades titulares de bienes del patrimonio cultural afectados y necesitados de las actuaciones de restauración y revitalización objeto de estas ayudas.

          De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 5.ª de la Ley 4/2026, de 22 de julio, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2026, en relación con el mencionado artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda, del sector público instrumental y de subvenciones, y habida cuenta de la cuantía global de las ayudas, así como el importe que puede alcanzar por beneficiario, las bases reguladoras para su concesión directa se articulan a través del presente decreto.

          Por todo lo expuesto, habiéndose seguido los trámites que se recogen en el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, arriba mencionada, y demás normativa de aplicación, y en virtud de lo que disponen los artículos 28 c) y 33.2 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, a propuesta de la consellera de Educación, Cultura y Universidades y previa deliberación del Consell en su reunión del día 30 de octubre de 2026,

 

 

DECRETO

 

          Primero. Objeto

          1. El objeto de este decreto es aprobar las bases reguladoras y establecer el procedimiento para la concesión directa de una segunda fase de ayudas dirigidas a la restauración y revitalización de bienes del patrimonio cultural valenciano con consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) individualizado o Bien de Relevancia Local (BRL) individualizado, bienes muebles inventariados o elementos asimilables, así como  equipamiento de museos y colecciones museográficas permanentes integrantes del Sistema Valenciano de Museos, que hayan sido afectados todos ellos por el temporal de viento y lluvias y las inundaciones sufridas en la Comunitat Valenciana a partir del 29 de octubre de 2024, y requieran, para su protección y conservación, actuaciones de restitución y revitalización de sus valores culturales y patrimoniales.

          2. Son susceptibles de esta subvención los bienes del patrimonio cultural valenciano que reúnan los siguientes requisitos:

          a) Que se encuentren en alguna de las siguientes categorías:

          1.º Bienes inmuebles de Interés Cultural (BIC) de carácter individual.

          2.º Bienes inmuebles de Relevancia Local (BRL) de carácter individual.

          3.º Equipamiento de museos y colecciones museográficas permanentes integrantes del Sistema Valenciano de Museos.

          4.º Bienes muebles inventariados y elementos asimilables, por ubicarse, en este último caso, en un BIC o en un BRL.

          b) Que se sitúen en alguno de los municipios afectados por el temporal de viento y lluvias iniciado en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, según la relación de municipios de la provincia de Valencia que consta en anexo de la Resolución de 16 de diciembre de 2024, de la Presidencia de la AVSRE, por la que se incorporan nuevos municipios afectados […] (DOGV 10008, 18.12.2024). La relación de municipios figura en el anexo I de este decreto.

          c) Que presenten daños significativos, debidamente acreditados, y que exista una relación de causalidad directa e inequívoca, suficientemente acreditada, entre los daños que motivan la necesidad de restauración y revitalización y el temporal de viento y lluvias iniciado en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024.

 

          Segundo. Razones de interés público que concurren en la concesión directa de las ayudas

          1. Estas subvenciones se conceden de forma directa, a modo de segunda fase de las actuaciones reflejadas en los presupuestos de la Generalitat para la restauración y revitalización del patrimonio cultural valenciano afectado por la dana y las inundaciones sufridas por la Comunitat Valenciana a partir del 29 de octubre de 2024, en aplicación de lo previsto en la Ley 4/2026, de 22 de julio, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2026, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, por concurrir razones de interés público, económico y social que dificultan su convocatoria pública, en virtud del contexto y las circunstancias descritas en el acuerdo del Consell de 4 de noviembre de 2024, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos por el temporal iniciado el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

          2. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del patrimonio cultural valenciano, se reconoce el interés público de todas las actividades de conservación y promoción del patrimonio cultural valenciano y su carácter de fuente de riqueza económica para la colectividad, al mismo tiempo que se aprecia su utilidad social y se establece el deber de todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana de cooperar a dichas actividades cuando sean desarrolladas por particulares.

          3. El interés público reconocido por la ley a las actividades de conservación del patrimonio cultural valenciano se refuerza, respecto de los bienes integrantes de dicho patrimonio afectados por la dana, en la actual coyuntura de recuperación económica y social y bajo el marco legal que ampara todas las políticas públicas y acciones, en particular, de fomento, destinadas a revertir los daños materiales provocados por el fenómeno meteorológico e hidrológico excepcional sufrido.

          El interés público concurrente que dificulta la convocatoria pública de estas ayudas se manifiesta, en el contexto de esta catástrofe natural sin precedentes, en la necesidad de restaurar y revitalizar el patrimonio cultural valenciano dañado con la mayor celeridad y agilidad posible.

          4. Las subvenciones reguladas en este decreto tienen un carácter singular, derivado del carácter excepcional y único de los acontecimientos que motivan el procedimiento de concesión directa contemplado para esta línea de subvenciones. Habida cuenta de su objeto específico, y al amparo de lo previsto en la Ley 4/2026, de 22 de julio, de presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2026, se requiere una concesión directa, mediante la fórmula de concurrencia no competitiva, que permita acometer de la manera más inmediata posible las actuaciones requeridas para la restauración y revitalización del patrimonio cultural valenciano afectado.

          5. La excepcionalidad, singularidad, urgencia y necesidad descritas en los apartados anteriores, así como las razones de interés público, económico y social que dificultan la convocatoria pública de estas ayudas, subsisten en la actualidad, como sugiere el gran número de solicitudes recibidas en la primera fase de estas ayudas, articulada a través del Decreto 157/2025, de 28 de octubre, del Consell, que no resultaron beneficiarias, por agotamiento del crédito presupuestario, en la resolución de concesión de fecha 19 de diciembre de 2025.

 

          Tercero. Régimen jurídico aplicable

          1. Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este decreto, por las disposiciones de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y del reglamento de la mencionada ley, aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, excepto en aquello que afecte los principios de concurrencia competitiva, por lo dispuesto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, así como por lo establecido en las restantes normas de Derecho administrativo que resulten aplicables y, en particular, la normativa sectorial en materia de patrimonio cultural valenciano.

          2. No obstante lo anterior, se sustituye la función interventora por el control financiero de las ayudas reguladas, sin necesidad del acuerdo previo del Consell contemplado en el artículo 98.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 5 del Decreto-ley 11/2024, de 12 de noviembre, del Consell, por el que se adoptan medidas administrativas y económico-presupuestarias para facilitar la respuesta de la Generalitat como consecuencia de la dana sufrida por la Comunitat Valenciana los días 28 y 29 de octubre de 2024.

 

          Cuarto. Personas y entidades beneficiarias

          1. Podrán ser beneficiarias de esta ayuda las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que ostenten la titularidad de uno o varios de los bienes descritos en el apartado 1.º del decreto y presenten una propuesta de restauración y revitalización de la cuantía y características que establece el apartado 5.º.

          2. Podrán ser beneficiarias, asimismo, las entidades locales que, no siendo titulares de los bienes objeto de subvención, cuenten con autorización expresa o título jurídico suficiente, otorgado por la persona o entidad titular del bien, por el que resulten habilitadas para la realización de las actuaciones necesarias para la restauración y revitalización del bien por cuenta de su titular.

          3. Cuando la persona beneficiaria sea persona física o persona jurídico-privada, el bien sobre el que recaigan las actuaciones de restauración y revitalización objeto de subvención no podrá ser susceptible de aprovechamiento económico, ni la intervención subvencionada podrá aportar una plusvalía significativa que exceda de la consustancial a la recuperación de los valores culturales del bien afectado.

          Se exceptúan de lo establecido en este subapartado las entidades sin ánimo de lucro.

 

          Quinto. Actuaciones de restauración y revitalización a que se refieren estas ayudas

          1. Serán objeto de subvención las actuaciones derivadas de las propuestas presentadas por alguna de las personas o entidades a que se refiere el apartado 4.º, y en relación con alguno o algunos de los bienes descritos en el apartado 1.º, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

          a) Se trate de una propuesta de restauración y revitalización dirigida a reparar y, en su caso, relanzar y poner en valor el bien afectado, respetando su valor patrimonial, histórico y cultural.

          b) La propuesta se halle debidamente presupuestada y alcance un importe, con arreglo a costes medios de mercado, situado en la horquilla definida en el punto 2.º de este apartado, en función de la categoría del bien objeto de la propuesta, y sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.º. Se entenderán por costes medios de mercado de la Comunitat Valenciana, en la medida en que estén contemplados, los que figuren en la edición vigente de la Base de Datos de Precios de la Construcción del Instituto Valenciano de la Edificación.

          c) La propuesta sea viable y cuente con un cronograma detallado de ejecución, que la persona o entidad solicitante se compromete a llevar a término diligentemente y sin demoras en los plazos establecidos en el apartado 12.º.

          d) La propuesta contemple la redacción de un proyecto que cuente con los requisitos para la obtención de las pertinentes autorizaciones y licencias y haga referencia expresa al cumplimiento de la normativa patrimonial, así como la normativa municipal y sectorial que resulte de aplicación. La concesión de la subvención en ningún caso presupone la autorización patrimonial u otras autorizaciones y licencias que sea preciso recabar para llevar a efecto las actuaciones de restauración y revitalización objeto de subvención.

          2. El importe de la actuación propuesta, calculado de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del punto 1.º de este apartado, debe situarse, en función del bien o bienes sobre los que recaiga, entre las siguientes cifras:

          a) Si se trata de bienes inmuebles, entre 100.000 y 600.000 €.

          b) Si se trata de bienes muebles y equipamientos, entre 15.000 y 120.000 €.

          3. También serán susceptibles de subvención las actuaciones que excedan de los respectivos límites fijados en el punto anterior, si bien en tales casos el importe subvencionable se limitará a una cantidad equivalente a dicho límite máximo, y el resto de la inversión deberá financiarse con recursos financieros propios de la persona o entidad beneficiaria u otras fuentes de financiación, sin que, en ningún caso, la suma de la cuantía de las distintas ayudas que concurran pueda exceder del importe total de la actuación.

 

          Sexto. Gastos subvencionables

          1. Serán objeto de subvención los gastos que estén ligados de manera directa, necesaria e inequívoca a la ejecución de las actuaciones de restauración y revitalización propuestas, en aquella parte que corresponda indubitadamente a los daños que, de acuerdo con las premisas fijadas en el apartado 1.º, motivan la subvención.

          Son gastos subvencionables:

          a) El coste de los estudios previos, planes directores e informes técnicos de carácter patrimonial que resulten necesarios o pertinentes.

          b) Los costes de redacción del proyecto, la dirección facultativa de la ejecución de las obras y su seguimiento y supervisión, así como los costes de consultoría y cualquier otro coste directo imputable al proyecto objeto de subvención de modo inequívoco.

          c) El coste de ejecución de las obras de restauración y revitalización necesarias, incluido el presupuesto de ejecución material, los gastos generales y el beneficio industrial.

          d) En relación con los museos y colecciones museográficas permanentes integrantes del Sistema Valenciano de Museos, son también gastos subvencionables los suministros relativos al equipamiento objeto de reposición.

          e) Se considera gasto subvencionable, asimismo, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado por la persona o entidad beneficiaria no susceptible de recuperación o compensación total o parcial. Igualmente, el importe correspondiente a otros impuestos indirectos o tasas que sean efectivamente satisfechos por la persona o entidad beneficiaria y no susceptibles de recuperación o compensación.

          2. Podrán ser gastos subvencionables aquellos que correspondan a prestaciones efectivamente realizadas, facturadas y pagadas a partir del 29 de octubre de 2024, y hasta la fecha de vencimiento del plazo de justificación fijado en el apartado 12.º, esto es, el 2 de noviembre de 2028.

          3. Quedan excluidos aquellos gastos cubiertos por contratos de seguro en vigor.

 

          Séptimo. Cuantía de la ayuda y financiación

          1. El importe de la ayuda a conceder será el necesario para la realización de las actuaciones de restauración y revitalización definidas en la propuesta presentada, con un máximo de 600.000 € por solicitud si las actuaciones recaen sobre bienes inmuebles, o un máximo de 120.000 € tratándose de bienes muebles.

          2. La suma de las cuantías correspondientes a distintas propuestas presentadas por una misma persona o entidad beneficiaria tampoco podrá superar la cifra de 600.000 €.

          3. El importe global máximo de las ayudas a conceder contempladas en el presente decreto asciende a un total de 6.000.000 €, con cargo a la línea de subvención S1961 «Dana 2024. Ayudas directas para la restauración y revitalización del patrimonio cultural valenciano afectado por la dana», tal como aparece en la Ley 4/2026, de 22 de julio, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2026, con cargo al capítulo VII del presupuesto de gastos, aplicación presupuestaria del centro gestor G1090502 (Dirección General de Patrimonio Cultural), subprograma 454A00, «Patrimonio Artístico, Museos y Artes Plásticas». La línea, de concesión directa y con una dotación de 8.637.450 euros, se destina a personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, titulares de los bienes del patrimonio cultural valenciano, con la finalidad de restaurar los bienes del patrimonio cultural afectados por la dana cuya recuparación sea técnica y económicamente viable, en el marco del plan «Endavant»  (iniciativa D.14.03), y con una dotación de 8.637.450 euros.

          4. Teniendo en cuenta el alcance plurianual de la ejecución de las actuaciones objeto de subvención y la forma de justificación y pago establecida en los apartados 14.º y 15.º del presente decreto, y en consideración de las limitaciones impuestas por el artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, se estima la siguiente distribución de la cuantía global de la subvención por anualidades, sujeta al ritmo de ejecución de las distintas actuaciones subvencionadas, el abono o no de anticipos y el cumplimiento de las limitaciones señaladas, y supeditada, en todo caso, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos del ejercicio a que hayan de imputarse las respectivas obligaciones:

          – Anualidad 2026: 1.800.000 €.

          – Anualidad 2027: 2.400.000 €.

          – Anualidad 2028: 1.800.000 €.

          5. En caso de no agotarse el crédito estimado para cada anualidad, se realizará el correspondiente ajuste, respetándose en todo caso los límites fijados en el artículo 40 de la Ley antecitada y con sujeción a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio en curso.

 

          Octavo. Modalidad de concesión

          De acuerdo con la Ley 4/2026, de 22 de julio, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2026, y con arreglo a lo previsto en el artículo 168.1.C) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, las subvenciones reguladas mediante el presente decreto se concederán de forma directa, bajo la modalidad de concurrencia no competitiva, atendiendo estrictamente, como único criterio para su otorgamiento, al orden de presentación de las respectivas solicitudes, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el presente decreto y hasta agotar la cuantía global máxima a que se refiere el punto 3.º del apartado 7º.

 

          Noveno. Plazo y lugar de presentación y requisitos

          1. Las personas o entidades a que se refiere el apartado 4.º podrán presentar su solicitud en el plazo de un mes contado desde las 9.00 horas del día siguiente al de la publicación de este decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o, en su caso, hasta el agotamiento del crédito disponible, que será objeto de publicidad en la sede electrónica de la Generalitat; en particular, en el siguiente enlace: sede.gva.es/proc=111335.

          2. Se presentará una única solicitud por propuesta de restauración y revitalización de un bien singular o en relación con el equipamiento de un museo o colección museográfica, pudiendo una misma persona o entidad presentar varias solicitudes, siempre que la suma de solicitudes respete el límite establecido en el apartado 7.º.

          3. No se podrán presentar solicitudes diferentes relativas a un mismo bien, museo o colección museográfica.

          4. La solicitud se presentará preferentemente por vía telemática a través del procedimiento habilitado al efecto en la sede electrónica de la Generalitat, en el siguiente enlace: sede.gva.es/proc=111335.

          La presentación se realizará en todo caso por vía telemática en el supuesto de que la persona o entidad solicitante esté obligada a relacionarse con la Administración por estos medios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

          Las personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración que no dispongan de medios electrónicos podrán presentar su solicitud cumplimentada según el modelo que figura en el anterior enlace y en el anexo II de este decreto en cualquiera de los lugares á que se refiere el artículo 16.4 de la misma ley y, preferentemente, en consideración a la urgencia y excepcionalidad que caracteriza a este procedimiento, en defecto de vía telemática, en alguna de las oficinas de asistencia en materia de registro de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

          En el supuesto de actuación mediante representante, la solicitud podrá realizarse mediante certificado electrónico de representante de persona jurídica, mediante certificado electrónico de la persona cuya representación conste inscrita en el Registro de Representantes de la Generalitat o en el registro de apoderamientos correspondiente y, cuando la representación no conste inscrita, mediante la aportación de los poderes acreditativos.

          5. La solicitud se acompañará de la siguiente información:

          a) Declaración responsable de la persona o entidad solicitante de que cumple los requisitos para ser beneficiaria de la ayuda.

          b) Acreditación de la titularidad del bien objeto de las actuaciones de restauración y revitalización, o del título jurídico que habilite a la persona o entidad beneficiaria a acometer la restauración y revitalización por cuenta de su titular.

          c) Acreditación de los daños sufridos por el bien objeto de restauración y revitalización; y declaración responsable sobre la relación de causalidad entre la dana iniciada el 29 de octubre de 2024 y los daños.

          Para la acreditación de los daños, se aportará informe suscrito por el personal técnico competente en la materia, en función de la categoría y naturaleza del bien afectado, así como fotografías o cualquier documentación gráfica que permita dar testimonio de la realidad de los daños y su alcance.

          d) Declaración responsable sobre la no cobertura de los gastos objeto de subvención por contrato de seguro en vigor.

          e) Declaración responsable de que la persona o entidad solicitante no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, salvo lo establecido en las letras e) y g) del artículo 13.2, en aplicación del artículo 7 del Decreto-ley 11/2024, de 12 de noviembre, del Consell, por el que se adoptan medidas administrativas y económico-presupuestarias para facilitar la respuesta de la Generalitat como consecuencia de la dana sufrida por la Comunitat Valenciana los días 28 y 29 de octubre de 2024.

          f) Tratándose de una entidad local, declaración responsable de que se encuentra al corriente del cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Comptes.

          g) Breve memoria valorada, explicativa del objeto y alcance de las actuaciones de restauración y revitalización, sin perjuicio de su concreción posterior en un proyecto que cuente con las autorizaciones preceptivas y observe todos los extremos definidos en el apartado 5.º. La memoria deberá incluir un cronograma realista de ejecución y una valoración ajustada a precios de mercado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.º, y se ajustará, en función de la categoría del bien objeto de las actuaciones, al modelo que figura en el anexo III (bienes inmuebles), anexo IV (bienes muebles) o anexo V (equipamiento de museos y colecciones museográficas). Tratándose de una entidad local, la memoria habrá de estar aprobada por el Pleno, la Junta de Gobierno Local u órgano equivalente.

          6. La presentación de la solicitud implica el conocimiento por las personas y entidades interesadas de que el órgano instructor podrá realizar las actuaciones de consulta y comprobación necesarias respecto a la información, relativa a las circunstancias de las personas o entidades solicitantes o de sus solicitudes, que resulten pertinentes para la instrucción del procedimiento, de conformidad con la normativa reguladora del procedimiento, de subvenciones y de protección de datos personales.

          A estos efectos, el órgano instructor podrá consultar o recabar de otras Administraciones Públicas la información necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la exactitud de la documentación presentada, en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 39/2015. Cuando la consulta de los datos se realice al amparo de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la citada ley, la persona o entidad interesada podrá oponerse expresamente a dicha consulta.

          Asimismo, en aquellos supuestos en los que una norma con rango legal exija la autorización de la persona o entidad interesada para la consulta o verificación de determinados datos, ésta deberá otorgarse de forma expresa.

          En caso de oposición a la consulta de datos o de no otorgarse la autorización exigida legalmente, la persona o entidad solicitante deberá aportar la documentación correspondiente que le sea requerida.

          Asimismo, de conformidad con la Disposición adicional primera del Decreto-Ley 11/2024, de 12 de noviembre, del Consell, el órgano instructor, en el ejercicio de sus potestades de comprobación, control financiero, verificación o lucha contra el fraude legalmente atribuidas, podrá recabar de entidades privadas o terceros la información estrictamente necesaria para comprobar la autenticidad, exactitud o veracidad de la documentación aportada y del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención o mantenimiento de la subvención. La persona o entidad interesada podrá oponerse a esta consulta o verificación, en cuyo caso tendrá la obligación de presentar, al órgano instructor, la documentación necesaria para realizar las correspondientes comprobaciones o verificaciones.

          7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si la documentación se hubiera cumplimentado de forma incompleta, existieran dos o más solicitudes de subvención sobre la misma propuesta, o no se hubieran aportado los requisitos y documentos que se señalan en este decreto, se requerirá a las personas y entidades interesadas para que, en un plazo de diez días hábiles, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que, en caso de no hacerlo, se les tendrá por desistidas, previa resolución de archivo del expediente, que deberá ser dictada en los términos que prevé el artículo 21 de la misma ley, quedando sin efecto la solicitud de la subvención, y perdiendo la persona o entidad solicitante, por tanto, el derecho a la percepción que hubiera podido corresponderle.

          En caso de subsanación de la solicitud de conformidad con lo establecido en el párrafo precedente, se tendrá en cuenta, a efectos de instrucción del procedimiento de acuerdo con el apartado 11.º, la fecha y hora en que se hubiese presentado la solicitud inicial.

          La subsanación, en su caso, se realizará preferentemente por vía telemática a través del apartado «subsanación» del procedimiento, ubicado en el siguiente enlace: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=111335; o, en el caso de personas que no se hallen obligadas a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, por cualquiera de las vías a que hace referencia el punto 4.º de este apartado.

 

          Décimo. Órgano gestor y órgano competente para el otorgamiento de las subvenciones

          1. La instrucción, tramitación y gestión de la subvención corresponde a los servicios dependientes del centro directivo con competencias en materia de patrimonio cultural.

          2. El otorgamiento de las subvenciones reguladas en el presente decreto corresponde, por delegación del Consell, a la persona titular de la conselleria con competencia en materia de patrimonio cultural, a propuesta de la persona titular del centro directivo competente en materia de patrimonio cultural.

 

          Decimoprimero. Procedimiento de concesión

          1. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución de las ayudas será de tres meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, los solicitantes podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

          2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8.º, las ayudas se concederán por estricto orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento de la disponibilidad presupuestaria, según las cuantías máximas previstas en el apartado 7.º. El agotamiento del crédito disponible será objeto de publicidad en la sede electrónica de la Generalitat, en el siguiente enlace: sede.gva.es/proc=111335.

          3. Podrán emitirse sucesivas resoluciones de concesión, incluso antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, hasta el agotamiento del crédito disponible fijado en el apartado 7.º.

          4. Si se desestimaran solicitudes por falta de consignación presupuestaria y, con posterioridad a la emisión de la resolución, se incrementaran los créditos destinados a financiar estas ayudas, o se liberara parte del crédito disponible inicialmente, podrá proponerse la concesión de la ayuda a las solicitudes que se hubieran desestimado por falta de crédito siguientes a la última concedida, en orden de presentación, reuniendo los requisitos y estando completas, siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

          5. La resolución o resoluciones de concesión y denegación de las ayudas serán objeto de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los términos señalados en el apartado 1.º del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

          6. Contra la resolución de las ayudas, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, un recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien se podrá interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que pueda utilizarse cualquier otra vía que se considere oportuna.

 

          Decimosegundo. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias

          1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, son obligaciones de las personas o entidades beneficiarias:

          a) Ejecutar y justificar, en la forma determinada en el apartado 14.º del presente decreto, las actuaciones contempladas en la memoria que acompaña a la solicitud, en los plazos determinados en el cronograma a ella incorporado, y, en todo caso, dentro del término del 2 de noviembre de 2028.

          b) Obtener las autorizaciones y licencias que sean legal o reglamentariamente exigibles para la ejecución de las actuaciones que se vayan a realizar. La concesión de la subvención no presupone el otorgamiento de la autorización o informe de viabilidad patrimonial correspondiente a la conselleria competente en materia de patrimonio cultural.

          c) Someterse a las actuaciones de comprobación material de las inversiones que efectúe el órgano gestor, así como cualesquiera otros de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.

          d) Comunicar al órgano gestor la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que pudieran financiar las actuaciones de restauración y revitalización, especialmente en los casos en que tales actuaciones excedan de los límites fijados en el apartado 5.2 del presente decreto, y resulte de aplicación lo establecido en el apartado 5.3. Dicha comunicación habrá de efectuarse en el momento en que se haya obtenido, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención.

          e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada caso, así como todos los estados contables y registros específicos que sean exigidos, con el fin de garantizar el ejercicio adecuado de las facultades de comprobación y control.

          f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

          g) Adoptar las medidas de difusión, publicidad y transparencia conforme a lo dispuesto en el apartado 13.º de este decreto.

          h) Facilitar al órgano gestor de la subvención y a las autoridades de control toda la documentación e información necesarias para la realización de las actividades de comprobación que se requieran. En particular, documentación gráfica que acredite el estado de ejecución de las actuaciones objeto de subvención.

          i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el apartado 37.º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

          j) Asumir todas las responsabilidades que se deriven como titular y promotora de las actuaciones subvencionadas, en particular la asunción íntegra de su coste de ejecución, incluidos los posibles excesos en que incurra, con independencia del importe de la subvención.

          k) En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la persona o entidad beneficiaria, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro, conforme a lo dispuesto en el apartado 17.º.

          l) Dado el carácter finalista de la subvención, la persona o entidad beneficiaria se compromete a no modificar los valores patrimoniales y culturales asociados al bien sobre el que recaiga la actuación subvencionada, conservarlo adecuadamente o facilitar el uso común que pudiera corresponder en función de su titularidad y naturaleza.

          2. La conselleria competente en materia de patrimonio cultural, a través del órgano gestor de la subvención, tendrá derecho a:

          a) Supervisar el proyecto de obras mediante personal técnico designado al efecto. Los informes derivados de esta actividad de supervisión tendrán carácter vinculante.

          b) Supervisar la ejecución de las obras y las correspondientes certificaciones de obra.

          c) Nombrar una persona representante en la recepción provisional y definitiva de la obra.

          d) Realizar cualquier comprobación material de la ejecución de la inversión.

 

          Decimotercero.Transparencia, suministro de información y datos abiertos

          1. La persona o entidad beneficiaria deberá adoptar las medidas de difusión contenidas en los apartados 3.º y 4.º del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, de conformidad con la normativa de transparencia aplicable.

          2. Las entidades públicas deberán cumplir con las obligaciones de transparencia que, en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, le corresponden como entidad pública.

          3. Las entidades privadas beneficiarias de la subvención deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa recogidas en el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando:

          a) Perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros.

          b) Perciban durante el periodo de un año natural ayudas o subvenciones de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana recogidas en el artículo 3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, en una cuantía superior a 50.000 euros.

          c) Las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

          En particular, deberán publicar en los términos previstos en los principios generales del artículo 5 de la Ley 19/2013 la información institucional y organizativa del artículo 6 y la económica y presupuestaria del artículo 8 de la misma. Dicha publicación se realizará a través de la página web de la entidad, o bien a través de la plataforma TEP –Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la que se puede acceder en gvaoberta.gva.es/tep.

          Esta información se deberá publicar a partir del año siguiente a aquel en el que se hayan superado los umbrales establecidos, y tendrá que mantenerse publicada durante al menos cuatro años naturales.

          4. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en los apartados anteriores, todas las entidades beneficiarias de subvenciones deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, incluyendo el logotipo de la Generalitat Valenciana en medios de difusión tales como carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales y en cualquier otro medio de publicidad que se realice de la actividad subvencionada. Los logotipos mencionados, así como el manual de identidad corporativa que fija las reglas para su uso correcto, se encuentran disponibles en el portal web de la Generalitat, en la siguiente URL: https://presidencia.gva.es/es/web/promocion-institucional/manual/descarregues

          5. Todas las entidades beneficiarias de subvenciones están obligadas a suministrar a la entidad concedente, previo requerimiento, toda la información que sea necesaria para el cumplimiento por esta de las obligaciones previstas en la ley de transparencia, en el plazo de 15 días hábiles desde el requerimiento. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, el órgano que ha realizado el requerimiento podrá acordar, previa advertencia y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 1/2022.

          6. Los nuevos conjuntos de datos que se generen por la formalización y el desarrollo de las subvenciones otorgadas por la administración de la Generalitat se deben disponer, siempre que sea posible, como conjunto de datos abiertos.

          7. El cumplimiento del deber de transparencia y publicidad se realizará con pleno respeto de los límites establecidos por la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal y por el resto de la normativa vigente.

 

          Decimocuarto. Régimen de justificación

          1. La justificación de la subvención se realizará una vez ejecutada la inversión, como requisito previo al pago, en la forma que determinan las disposiciones de la Generalitat y el presente decreto, y sin perjuicio de la posibilidad de pagos anticipados, en la forma y cuantía que se determinan en el apartado 15.º.

          2. La justificación requerirá la presentación de los documentos, preferentemente por vía telemática a través del apartado «justificación» del procedimiento en el siguiente enlace:

          https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=111335; o, en el caso de personas que no se hallen obligadas a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, por cualquiera de las vías a que hace referencia el punto 4.º del apartado 9.º de este decreto:

          a) Certificado de la resolución de adjudicación de las obras, o, en el caso de que el beneficiario sea una persona física o jurídico-privada, documento que acredite el encargo de las obras a la empresa que vaya a ejecutarlas. Si las obras se ejecutan por la propia entidad local beneficiaria con medios propios, aquel certificado se referirá al acuerdo de autorización para la ejecución de las obras en esta modalidad.

          b) Aprobación del proyecto técnico e informe de supervisión, que deberá ser favorable a los efectos del pago de la subvención.

          c) Facturas correspondientes al proyecto y a los estudios e informes que sean susceptibles de imputarse como gasto subvencionable, acompañadas de los documentos que acrediten su necesidad y vínculo con las obras objeto de subvención.

          d) Todas las certificaciones de obra expedidas por quien ejerza la dirección de la obra, con la firma de la persona titular o representante de la empresa adjudicataria y el personal técnico supervisor en prueba de conformidad con aquellas. Cada certificación, en su caso, vendrá acompañada del acto de aprobación de esta por el órgano de contratación. Las certificaciones se referirán a la obra efectivamente ejecutada.

          e) Los honorarios de dirección se podrán justificar integrados en las certificaciones de obra, siempre que su coste se incluya en el precio de adjudicación. En caso contrario, habrán de justificarse de forma separada, con la presentación de las facturas respectivas, acompañadas de los documentos que acrediten su correspondencia con la obra ejecutada durante el período a que se refieran.

          f) En el caso de servicios de restauración de bienes muebles o suministro del equipamiento de museos y colecciones museográficas, la justificación se realizará con la aportación de las facturas, certificados y actas de recepción correspondientes.

          g) En todo caso, se aportará una memoria económica abreviada, que incluirá gastos y certificaciones de obras, así como certificado, en el caso de entidades locales, emitido por su secretaría, acreditativo de que tales gastos y certificaciones de obra responden de manera indubitada a la ejecución de las actuaciones subvencionadas, habiendo sido efectivamente realizados y pagados de conformidad con la normativa contractual, y resultando estrictamente necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la subvención, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.

          3. El plazo para la aportación de la documentación justificativa de la ejecución de las inversiones objeto de subvención finaliza 2 de noviembre de 2028.

          4. Teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el artículo 40.º de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en relación con los compromisos de gasto de carácter plurianual, y en función de la duración de la ejecución de las actuaciones objeto de subvención, se realizará una justificación parcial, con las certificaciones de las obras, servicios o suministros ya realizados, y por un importe mínimo del 40 % del total de la subvención, a más tardar el 2 de noviembre de 2027.

          5. Concluidas las obras o, en su caso, el servicio o el suministro, el equipo técnico responsable del proyecto elaborará informe sobre el cumplimiento de todas las prescripciones técnicas a que deba sujetarse la infraestructura o el equipamiento, por imperativo legal y/o indicación técnica debidamente incorporada al proyecto.

          6. Asimismo, la persona o entidad beneficiaria presentará anualmente una memoria técnica de las actuaciones o intervenciones realizadas, sin perjuicio de la elaboración y presentación de una memoria final, una vez completadas las actuaciones objeto de subvención. Dichas memorias incorporarán material gráfico suficiente que acredite la evolución y realidad final de las actuaciones de restauración y revitalización objeto de subvención.

          7. Igualmente, la persona o entidad beneficiaria informará al órgano gestor de la subvención, mediante los informes técnicos oportunos, de toda desviación de la ejecución de las actuaciones respecto del cronograma presentado junto con la solicitud.

 

          Decimoquinto. Forma de pago de la subvención

          1. El pago de la subvención se realizará previa justificación por la persona o entidad beneficiaria de la completa realización efectiva de las actuaciones objeto de la misma, y una vez el órgano gestor haya efectuado la comprobación documental de las actuaciones ejecutadas y del cumplimiento de las obligaciones de la persona o entidad beneficiaria.

          Siendo la beneficiaria una entidad local, como requisito previo para proceder al pago, deberá acreditar, o bien se comprobará de oficio por el órgano gestor de la subvención, que se encuentra al corriente del cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Comptes, conforme a lo dispuesto en el artículo 199.4 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana.

          2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, y en atención a lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 6 del Decreto-ley 11/2024, de 12 de noviembre, del Consell, por el que se adoptan medidas administrativas y económico-presupuestarias para facilitar la respuesta de la Generalitat como consecuencia de la dana sufrida por la Comunitat Valenciana los días 28 y 29 de octubre de 2024, se establece el siguiente régimen de pagos anticipados:

          Resultando beneficiaria una entidad local, se concederá el pago anticipado de un 30 % del importe total de la subvención, con exención de la constitución de garantías.

          En relación con las subvenciones concedidas a personas físicas u otras personas jurídicas distintas de las mencionadas en el párrafo anterior, podrá concederse, a solicitud de las mismas, el pago anticipado de las actuaciones e inversiones objeto de subvención hasta un máximo de un 30 % de su importe total, previa constitución de las debidas garantías, por un importe igual al del pago anticipado, incrementado en el porcentaje del 5 % de dicha cantidad, en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 11 del Reglamento de funcionamiento de la Caja de Depósitos y Finanzas de la Generalitat, aprobado por la Orden 3/2023, de 14 de marzo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Quedan exoneradas de la obligación de constituir las garantías referidas las personas o entidades a que se refiere el apartado 5.º del artículo 171 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda, del sector público instrumental y de subvenciones. La garantía que en su caso se haya constituido, con arreglo a este régimen, se cancelará por acuerdo del órgano gestor de la subvención, en los siguientes casos:

          a) Una vez comprobada de conformidad la adecuada justificación del anticipo.

          b) Cuando se hubieren reintegrado las cantidades anticipadas.

          3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1.º de este apartado, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en relación con los compromisos de gasto de carácter plurianual, en función de la duración de la ejecución de las actuaciones objeto de subvención y la realización o no del pago anticipado previsto en el punto 2.º, en el ejercicio 2027 se realizará un pago parcial a cuenta, previa justificación en la forma establecida en el apartado 14.º, por una cifra que permita cumplir en el ejercicio 2028 con un pago máximo del 60% del importe total de la subvención.

          4. Propuesto el pago o pagos de conformidad con las reglas fijadas en los subapartados anteriores, se llevarán a efecto mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por la persona o entidad beneficiaria.

          En el supuesto de que la cuenta bancaria de la persona o entidad beneficiaria no estuviera dada de alta en la Generalitat, o bien tuviera que modificar sus datos, la persona o entidad beneficiaria deberá dar de alta sus datos a través del sistema PROPER, en cumplimiento de la Orden 2/2022, de 20 de abril, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan las actuaciones o trámites de alta, modificación y baja de los datos personales identificativos y bancarios de las personas físicas y jurídicas que se relacionan económicamente con la Generalitat y la Resolución de 16 de junio de 2022, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se aprueba la implementación del sistema informático PROPER y se regulan las actuaciones administrativas automatizadas de la Intervención de la Generalitat. El enlace al sistema PROPER es el siguiente:

          https://www.gva.es/ES/inicio/procedimientos?id_proc=22648

          En el caso de que la persona o entidad beneficiaria no esté obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, también podrá dar de alta o modificar sus datos bancarios mediante el trámite no automatizado previsto en el artículo 7 de la orden mencionada en el párrafo anterior.

 

          Decimosexto. Plan de control

          De conformidad con lo que establecen los artículos 165.2 j) y 169 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, sector público instrumental y de subvenciones, el centro directivo competente en materia de patrimonio cultural, como órgano gestor de la subvención, adoptará las medidas necesarias para comprobar y verificar la efectiva realización de las actuaciones objeto de subvención y la adecuada acreditación de la correspondencia de los abonos realizados con las actuaciones efectivamente realizadas. A tal fin, efectuará la comprobación administrativa de la justificación documental aportada, y realizará la comprobación material de la efectiva realización de las inversiones y actuaciones objeto de subvención con arreglo al plan de control que se aprueba mediante el presente decreto:

          a) Se realizará un control administrativo y de calidad, con el análisis de la documentación aportada por la persona o entidad beneficiaria y la comprobación material de la ejecución, para valorar si se ajusta a lo que se establece en el decreto y es conforme con la memoria aportada, en términos de realidad material, calidad e idoneidad.

          b) La muestra del expediente a controlar se corresponde con la totalidad de las actuaciones objeto de subvención.

          c) El porcentaje de la ayuda a controlar debe alcanzar a un mínimo del 10 % de las personas y entidades beneficiarias y a un mínimo del 10 % del total de la ayuda efectivamente pagada.

          d) Para poder efectuar la comprobación material de las actuaciones, la persona o entidad beneficiaria deberá aportar medios de prueba adecuados y suficientes de carácter gráfico y documental, en formato electrónico, que acrediten la realidad, alcance, calidad y adecuación de las actuaciones e inversiones materialmente ejecutadas, tales como vídeos, fotografías geoetiquetadas o datadas u otro material gráfico o documental. Asimismo, entidad beneficiaria deberá facilitar el acceso a las instalaciones objeto de las actuaciones a personal del órgano gestor habilitado al tal efecto, siempre que el órgano gestor de la subvención lo considere necesario.

 

          Decimoséptimo. Minoración y reintegro

          1. El pago del importe de la subvención se minorará proporcionalmente en el supuesto de que la justificación de los gastos realizados no alcance el importe subvencionado, así como cuando se detecte que algún gasto no se ajusta al concepto de gasto subvencionable conforme a la cláusula octava.

          2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, considerándose sujetos obligados que se determinan en el artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el artículo 172.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.

          El órgano gestor será el competente para exigir de la persona o entidad beneficiaria el reintegro de la subvención mediante la resolución del procedimiento regulado en el artículo 172 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.

 

          Decimoctavo. Compatibilidad de las ayudas

          1. Las ayudas que se recogen en este decreto serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones que, con la misma finalidad, reciban las personas y entidades afectadas, procedentes de otras entidades públicas o privadas, hasta el límite del valor del daño producido. Igualmente, se tendrán en cuenta las reglas de acumulación a que se refiere el punto 2.º de este apartado a efectos del respeto a los umbrales de intensidad de ayuda aludidos.

          La persona o entidad beneficiaria que obtuviere una subvención incompatible con las otorgadas al amparo de las bases contempladas en este decreto deberá comunicarlo de modo fehaciente y de inmediato al órgano concedente.

          2. Las ayudas reguladas en este decreto son compatibles con el mercado interior, habida cuenta de que, según lo dispuesto en el artículo 107.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, son compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.

          No obstante, cuando la persona beneficiaria sea persona física o jurídico-privada, la compatibilidad de la ayuda se sujeta a la aplicación de los artículos 50 y 53 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L 187, de 26.6.2014), modificado mediante Reglamento (UE) 2017/1084, de la Comisión, de 14 de junio de 2017 (DOUE L 156, de 20.6.2017), Reglamento (UE) 2020/972, de la Comisión, de 2 de julio de 2020 (DOUE L 215, de 07.07.2020), Reglamento (UE) 2021/1237, de la Comisión, de 23 de julio de 2021 (DOUE L 270, de 29.07.2021), y Reglamento (UE) 2023/1315, de la Comisión, de 23 de junio de 2023 (DOUE L 167, de 23.06.2023) [en adelante, RGEC], aplicable hasta el 31 de diciembre de 2026.

          Visto el ámbito de aplicación del RGEC establecido en su artículo 1 y las exclusiones especificadas en los apartados 2.º a 5.º del mismo artículo, estas ayudas quedan plenamente incluidas en el ámbito de aplicación referido.

          En particular, de acuerdo con el apartado 2.º del artículo 1 del RGEC, éste no se aplicará a:

          a) los regímenes contemplados en las secciones 1 (a excepción del artículo 15), 2 (a excepción de los artículos 19 quater y 19 quinquies), 3, 4, 7 (a excepción del artículo 44) y 10 del capítulo III del presente Reglamento, si el presupuesto anual mediano en ayudas estatales por Estado miembro es superior a 150 millones €, a partir de 6 meses desde su entrada en vigor, así como las ayudas ejecutadas en forma de productos financieros en conformidad con la sección 16 del capítulo III, si el presupuesto anual mediano en ayudas estatales por Estado miembro es superior a 200 millones €, a partir de 6 meses desde su entrada en vigor. En cuanto a las ayudas con arreglo a la sección 16 del capítulo III del presente Reglamento, solo se tendrán en cuenta las contribuciones de un Estado miembro al compartimento de los Estados miembros de la garantía de la UE a que se refiere el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo que se destinan a un producto financiero específico para evaluar si el presupuesto medio anual en ayudas estatales del Estado miembro en cuestión relacionado con el producto financiero supera los 200 millones €. La Comisión podrá decidir que el presente Reglamento continúo aplicándose a cualquier de esos regímenes de ayudas durante un periodo más largo, después de haber examinado el plan de evaluación pertinente notificado por el Estado miembro a la Comisión, en el plazo de veinte días hábiles a partir de la entrada en vigor de este régimen. Cuando la Comisión ya haya prorrogado la aplicación del presente Reglamento más allá de los 6 meses iniciales en cuanto a estos regímenes, los Estados miembros podrán decidir prorrogarlos hasta el final del periodo de aplicación del presente Reglamento, siempre que el Estado miembro de que se trate haya presentado un informe de evaluación conforme al plan de evaluación aprobado por la Comisión.

          b) las modificaciones de los regímenes contemplados en el artículo 1, apartado 2, letra a), diferentes de las modificaciones que no puedan afectar la compatibilidad del régimen de ayudas con arreglo al presente Reglamento o que no puedan afectar de manera significativa al contenido del plan de evaluación aprobado;

          c) las ayudas a actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, las ayudas al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o las ayudas a otros costes corrientes vinculados a la actividad exportadora;

          d) las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.

          Igualmente, de acuerdo con el apartado 4.º del artículo 1 del RGEC, éste no se aplicará a:

          a) los regímenes de ayudas que no excluyan explícitamente el pago de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente después de una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda concedida por el mismo Estado miembro ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los daños causados por determinados desastres naturales y los regímenes de ayudas contemplados en el artículo 19 ter, la sección 2 bis, y la sección 16, del capítulo III;

          b) las ayudas a empresas en crisis, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los daños causados por determinados desastres naturales, los regímenes de ayudas para la creación de empresas, los regímenes de ayudas regionales de funcionamiento, los regímenes de ayudas contemplados en el artículo 19 ter, las ayudas a pymes en virtud del artículo 56 septies y las ayudas a intermediarios financieros en virtud de los artículos 16, 21, 22 y 39, así como de la sección 16 del capítulo III, siempre que las empresas en crisis no reciban un trato más favorable que las otras empresas. Sin embargo, el presente Reglamento será aplicable, como excepción, a las empresas que no se encontraban en crisis el 31 de diciembre de 2019, pero pasaron a ser emprendidas en crisis durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

          Asimismo, de conformidad con el artículo 4 del RGEC, éste no será aplicable a los proyectos de inversión en conservación del patrimonio que superen el umbral de 165 millones de euros, no siendo posible eludir el umbral mediante la división artificial de los regímenes de ayudas o de los proyectos de ayuda.

          A efectos de aplicación del RGEC, las ayudas reguladas en el presente decreto, en relación con las posibles entidades beneficiarias a que se refiere el segundo párrafo de este punto, se sujetan a las condiciones fijadas con carácter general en el Capítulo I del RGEC, así como las condiciones particulares aplicables a los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales, en este caso, las inundaciones producidas por la dana de octubre y noviembre de 2024, tal como se regula en el artículo 50 del mismo Reglamento. A su vez, en la medida en que las ayudas persiguen la conservación del patrimonio afectado por la referida dana, se sujetan a las condiciones establecidas por el artículo 53 del RGEC, particularmente, las relativas a las ayudas a la inversión.

          En particular, de conformidad con el artículo 7 del RGEC, los costes subvencionables se avalarán mediante pruebas documentales claras, específicas y actualizadas. Del mismo modo, se tendrán en cuenta las reglas de acumulación a que se refiere el artículo 8 del RGEC. A efectos de su aplicación, en caso de que la financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no esté directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro se combine con ayudas estatales, únicamente se tomarán en consideración estas últimas para determinar si se respetan los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda, siempre que el importe total de la financiación pública concedida en relación con los mismos costes subvencionables no exceda de los porcentajes máximos de financiación establecidos en la normativa europea aplicable.

          Asimismo, la subvención será compatible con otras ayudas concedidas para el mismo proyecto o línea de actuación cuando estas medidas de ayuda se refieran a costes subvencionables diferentes, o cuando las medidas de ayuda se correspondan total o parcialmente con los mismos costes subvencionables y su acumulación no supere la intensidad de la ayuda o el importe de ayuda más elevado aplicable de conformidad con lo establecido en el RGEC.

          En relación con las condiciones particulares a que se refiere el artículo 50 del RGEC, las presentes ayudas, de carácter excepcional, se enmarcan en la declaración de un amplio territorio de la provincia de Valencia como «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», mediante el acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, así como los diferentes instrumentos jurídicos emanados de la Generalitat por la que se declaran los municipios afectados por el desastre natural que motiva la concesión de estas ayudas. Igualmente, se exige, de acuerdo con el apartado 2.º del artículo 50 del RGEC, la existencia de una relación causal directa entre el desastre natural y los daños que motivan la necesidad de reparación y/o revitalización de los bienes objeto de subvención. Por su parte, las presentes ayudas se ajustan a los límites temporales de establecimiento y concesión a que se refiere el apartado 3.º del mismo artículo, e, igualmente, a las condiciones relativas a los costes subvencionables a que se refiere el apartado 4.º. Finalmente, de conformidad con el apartado 5.º del mismo artículo, las ayudas y cualesquiera otros pagos recibidos para reparar los perjuicios, incluidos los pagos en virtud de pólizas de seguro, no podrán superar el 100 % de los costes subvencionables.

          Por lo que hace referencia a las condiciones particulares establecidas por el artículo 53 del RGEC, relativas a ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio, serán subvencionables los costes de inversión a que se refiere su apartado 4.º, en la medida en que sean compatibles con los gastos detallados en el apartado 6.º de este decreto. A su vez, de acuerdo con el apartado 6.º del artículo 53 del RGEC, el importe de la ayuda que pueda otorgarse a una persona física o entidad jurídico-privada no deberá exceder de la diferencia entre los costes subvencionables y el beneficio de explotación de la inversión. Este último se deducirá de los costes subvencionables ex ante, sobre la base de previsiones realistas, o mediante un mecanismo de reembolso. El operador de la infraestructura estará autorizado a conservar un beneficio razonable durante el período de referencia.

          De acuerdo con los artículos 3, 50 y 53 del RGEC, así como el artículo 3.2 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los procedimientos para el cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado de los proyectos por los que se establecen, conceden o modifican ayudas de la Generalitat y su sector público, en relación con el presente régimen de ayudas y por lo que hace referencia a los posibles destinatarios personas físicas o jurídico-privadas, y cumplidas las condiciones referidas en los párrafos anteriores, solo será necesaria comunicación a la Comisión Europea a que se refiere el artículo 3.2 del Decreto arriba referido, con exención de la notificación a que se refiere el artículo 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

 

          Decimonoveno. Protección de datos de carácter personal

          La gestión de las ayudas previstas en el presente decreto conlleva el tratamiento de datos de carácter personal, por lo que se aplican las medidas y garantías reguladas en la normativa en materia de protección de datos, especialmente el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

          En cumplimiento de lo a lo establecido en la normativa de protección de datos en cuanto a la información que debe facilitarse a las personas interesadas, se informa:

          a) La Conselleria con competencias en materia de cultura será responsable de las actividades de tratamiento previstas en el presente decreto, y garantizará:

          – La aplicación de los principios de protección de datos regulados en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679.

          – El cumplimiento del deber de informar previsto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 respecto a todas aquellas personas interesadas cuyos datos sean objeto de tratamiento de las actividades reguladas en este decreto.

          – La adopción de medidas de índole técnica y organizativa que sean necesarias y apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, asegurando, en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en el régimen jurídico de protección de datos. Estas medidas se corresponderán con las establecidas por el Esquema Nacional de Seguridad.

          b) Los datos de la Delegación de Protección de Datos de la Generalitat son los siguientes: Calle de la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de octubre, Torre 4 46018 València. Correo electrónico: dpd@gva.es

          c) La finalidad del tratamiento de datos personales es gestionar, en las distintas fases del procedimiento, las ayudas para la restauración y revitalización del patrimonio cultural valenciano afectado por la dana y las inundaciones sufridas por la Comunitat Valenciana a partir del 29 de octubre de 2024

          d) Las bases de legitimación general aplicables al tratamiento de datos serán las reguladas en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 (el interés público y la obligación legal) en relación con lo previsto en la normativa reguladora de subvenciones las normas específicas que regulan este procedimiento.

          e) Toda la información relativa a los tratamientos de datos de carácter personal previstos en este decreto se encuentra disponible en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de la conselleria responsable, principalmente en el tratamiento denominado «Ayudas, becas y subvenciones», accesible en la página web

          https://ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades

          f) Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y de conformidad con la normativa de archivos y documentación.

          No obstante, los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de proteger los derechos y libertades de la persona interesada.

          g) Los datos no serán objeto de transferencias internacionales.

          h) La persona interesada tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de forma presencial o telemática, de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace:

          sede.gva.es/proc=19970.

          i) Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: sede.gva.es/es/proc=22094; esto, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos a través del enlace

          https://www.aepd.es.

          j) Cuando la persona o entidad solicitante o quien le represente legalmente, aporte datos de carácter personal de terceras personas en el procedimiento administrativo, especialmente en la fase de justificación de las ayudas, tendrá la obligación de informarles de los siguientes extremos:

          – La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.

          – La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad. Si esta consulta requiere autorización por ley por parte de las personas cuyos datos se van a consultar, la persona solicitante o quien le represente legalmente deberá haber recabado dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.

          – La posibilidad y forma de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición que le asisten en relación con el tratamiento de sus datos personales.

          k) En el diseño de los formularios de solicitud y aportación documental y en las publicaciones y demás actos administrativos deberán tenerse en cuenta los principios de protección de datos, especialmente en lo relativo al principio de minimización.

          l) El responsable podrá efectuar, en el ejercicio de sus competencias, las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos declarados por la persona interesada y que obren en poder de las administraciones públicas o, en supuestos debidamente justificados, en poder de entidades privadas.

          m) Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios/as o categorías de destinatarios/as:

          – La base de datos nacional de subvenciones y la Intervención delegada; todo ello, en cumplimiento de obligaciones legales exigibles al responsable.

          – Asimismo, se publicarán las subvenciones concedidas en el Portal de Transparencia con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios/as.

 

          Vigésimo. Habilitación para el desarrollo del decreto

          1. Se faculta a la conselleria competente en materia de patrimonio cultural para dictar los actos de ejecución necesarios que se deriven de este decreto, dentro del ámbito de sus competencias.

          2. Asimismo, la conselleria competente en materia de patrimonio cultural podrá modificar el presente decreto en aquellos aspectos cuya competencia para su regulación no esté atribuida específicamente al Consell.

 

          Vigesimoprimero. Efectos

          El presente decreto producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

          Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá, potestativamente, interponer un recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien se podrá interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 44 y 46 de la mencionada ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.