Nuevos baremos de asistencia jurídica gratuita desde octubre de 2026

La reforma de la asistencia jurídica gratuita desde el 16 de octubre de 2026

El Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita para sustituir íntegramente sus anexos II y III. La asistencia jurídica gratuita 2026 incorpora así nuevos módulos indemnizatorios, actualiza determinadas cuantías y precisa los documentos que permiten acreditar el devengo.

La reforma entró en vigor el 16 de octubre de 2026, al día siguiente de su publicación, y derogó expresamente la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo. El nuevo anexo II contiene los módulos aplicables a la abogacía y la procura, mientras que el anexo III regula el momento del devengo de las indemnizaciones.

La modificación adapta el sistema reglamentario a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, particularmente a la utilización de medios adecuados de solución de controversias, y a la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.

A TENER EN CUENTA. Los baremos estatales no desplazan los regímenes económicos aprobados por comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia. El reglamento estatal se aplica al reconocimiento efectuado por la Administración General del Estado en los procesos desarrollados ante órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional o en comunidades autónomas sin dichos traspasos, así como en los procedimientos administrativos de competencia estatal comprendidos legalmente en el derecho.

Los MASC pasan a contar con compensación específica

Una de las novedades centrales es la incorporación al anexo II de una compensación por la actuación letrada en cualquiera de los MASC comprendidos en el apartado 11 del artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero. La reforma cubre de este modo una actuación profesional que puede ser necesaria antes de acudir a la vía judicial.

La cuantía depende del resultado obtenido:

• Si el MASC finaliza con acuerdo, corresponde el 125% de la cuantía aplicable al procedimiento.
• Si concluye sin acuerdo, la compensación asciende a 30 euros.

Para el devengo se tramita un único expediente ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. El pago exige presentar el documento que acredite la existencia o inexistencia del acuerdo. No basta, por tanto, con invocar la participación en una negociación: el profesional debe conservar un justificante apto para identificar el resultado del intento negociador.

La misma orientación se refleja en las transacciones extrajudiciales, cuya compensación aumenta del 75% al 125% del módulo aplicable al procedimiento. En la jurisdicción social, la conciliación previa que termine con acuerdo también se compensa con el 125% de la cuantía correspondiente al procedimiento.

Asistencia inmediata a víctimas y defensa de personas jurídicas

Nuevos colectivos incluidos expresamente en el baremo

Junto con la asistencia inmediata a las mujeres víctimas de violencia de género, el anexo II incorpora módulos para la atención a víctimas de terrorismo y trata, personas con discapacidad necesitadas de especial protección y mujeres y menores víctimas de delitos contra la libertad sexual.

La disponibilidad sin asistencia durante la guardia se compensa con 87,63 euros. El asesoramiento previo sin otra actuación también genera 87,63 euros por asistencia, con un límite de 175,26 euros. Cuando el servicio incluya la formulación de denuncia o, si procede, la solicitud de una orden de protección, la cuantía es de 131,22 euros por asistencia, con un límite de 262,44 euros.

También se reconocen gastos de desplazamiento cuando la asistencia deba prestarse fuera de la sede colegial: 14,10 euros si el lugar dista más de 5 kilómetros, 35,29 euros si supera los 25 kilómetros y 58,80 euros cuando se encuentre a más de 50 kilómetros.

Requerimiento judicial a personas jurídicas en el proceso penal

El nuevo anexo III contempla expresamente la asistencia letrada de personas jurídicas en procedimientos penales cuando exista un requerimiento del órgano judicial. El 70% inicial de la indemnización se devenga mediante la presentación del documento que acredite ese requerimiento.

Esta previsión se conecta con el reconocimiento del derecho a determinadas personas jurídicas que, por requerimiento judicial, deban disponer de defensa letrada y, en su caso, representación procesal, siempre que concurra alguno de los presupuestos económicos o concursales establecidos legalmente.

Qué cuantías cambian en los nuevos baremos del turno de oficio

La sustitución del anexo II no supone una subida general de todos los módulos. Numerosas cuantías civiles, sociales, administrativas y penales permanecen iguales a las fijadas por la Orden PJC/281/2025. Los incrementos más relevantes se concentran en determinados procedimientos penales, las transacciones extrajudiciales y las actuaciones de la procura en el orden penal.

En los procedimientos penales de especial complejidad se modifica además la forma de valorar determinadas cargas adicionales. El anexo prevé 32,15 euros por cada 250 acontecimientos, 32,15 euros por cada cinco comparecencias a partir de la quinta y 91,13 euros por cada día de vista desde el tercero.

Se incorpora también la actuación con doble condición de acusación y defensa: se abona el 100% del módulo por la defensa y un 50% adicional por la acusación, mediante un solo expediente. Para la procura, los procedimientos penales de especial complejidad se fijan en 100 euros, sin perjuicio del complemento de 32,15 euros por cada 250 acontecimientos.

El devengo continúa dividido entre el 70% y el 30%

El nuevo anexo III mantiene como regla general el pago fraccionado. El 70% de la indemnización se devenga al acreditar el hito inicial correspondiente y el 30 % restante cuando se presenta la sentencia o resolución que pone fin a la instancia.

Documentos que permiten acreditar el primer tramo

En los procesos civiles, de familia, sociales y contencioso-administrativos debe aportarse la providencia de admisión de la demanda o la resolución que tenga por formulada su contestación. En las apelaciones civiles se exige la providencia de admisión del recurso o, en su caso, la personación en la alzada.

En los procedimientos penales puede acreditarse el devengo mediante la diligencia o solicitud de actuación procesal en la que haya intervenido el profesional, o mediante la apertura del juicio oral. Para las apelaciones penales se requiere la resolución que tenga por formalizado o impugnado el recurso, o el señalamiento de la vista.

En los recursos de casación formalizados debe presentarse la providencia que los tenga por formalizados. Si el recurso no llega a formalizarse, sirve el informe dirigido al colegio en el que se fundamente su inviabilidad.

Supuestos de devengo íntegro o con reglas específicas

Las transacciones extrajudiciales y la insostenibilidad de la pretensión generan el devengo total cuando se presenta, respectivamente, el documento suscrito por la persona interesada o el informe de insostenibilidad. Las salidas a centros penitenciarios requieren certificación expedida por el propio centro.

En la vía administrativa previa en extranjería y asilo, la totalidad se devenga con la resolución o el acto administrativo que finalice el procedimiento. En los MASC, el abono se produce tras aportar el documento acreditativo del resultado, sin aplicar el fraccionamiento ordinario entre el 70% y el 30%.

En conclusión, la reforma no altera la naturaleza indemnizatoria de las compensaciones del turno de oficio, pero amplía las actuaciones expresamente valoradas y refuerza la vinculación entre pago y acreditación documental. La correcta identificación del módulo y del momento del devengo pasa así a ser determinante para evitar incidencias en la tramitación colegial de cada expediente.