Adopción e interés del menor tras una gestación subrogada

La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de A Coruña, en su Auto n.º 187/2026, de 30 de septiembre, ha estimado un recurso de apelación y ordenado admitir a trámite la solicitud formulada por una mujer para adoptar a la hija de su cónyuge, nacida mediante gestación por sustitución.

La resolución revoca el auto dictado el 23 de febrero de 2026 por el tribunal de instancia, que había inadmitido la solicitud al considerar que la pretensión tenía su origen en un contrato de maternidad subrogada, negocio declarado nulo en el ordenamiento español por su incompatibilidad con los derechos fundamentales de la gestante y del menor.

Para la Audiencia, esa nulidad no permite cerrar de plano el procedimiento de adopción. La solicitud debe tramitarse para comprobar si concurren los requisitos legales y si la constitución del vínculo de filiación responde al interés superior de la menor. La Sala aclara, no obstante, que la admisión no supone conceder la adopción ni anticipar una valoración favorable sobre su conveniencia.

La nulidad del contrato no excluye la vía de la adopción

La Audiencia parte de la doctrina del Tribunal Supremo según la cual los contratos de gestación por sustitución vulneran los derechos fundamentales de la mujer gestante y del niño y son manifiestamente contrarios al orden público español. Esa doctrina impide reconocer automáticamente en España una filiación basada directamente en el contrato o en una decisión extranjera que se limite a validar sus efectos.

Así lo reiteró el Tribunal Supremo en la STS n.º 1626/2024, de 4 de diciembre, ECLI:ES:TS:2024:5879, al denegar el reconocimiento de una resolución extranjera que atribuía la filiación a los comitentes. Sin embargo, el Alto Tribunal señaló que el ordenamiento dispone de mecanismos respetuosos con la dignidad y los derechos del menor, entre ellos la determinación de la filiación biológica, la adopción y, cuando proceda, el acogimiento familiar. 

Sobre esta base, la Audiencia concluye que en un expediente de adopción no cabe invocar sin más el orden público o el fraude de ley para impedir cualquier tramitación. Lo procedente es examinar si la adopción por el cónyuge o la pareja del progenitor se ajusta a las necesidades de la persona menor y permite proteger unos vínculos familiares de hecho ya consolidados.

El interés superior de la menor exige un examen concreto

La Sala conecta este criterio con el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y con el derecho a la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este derecho comprende aspectos esenciales de la identidad personal, entre ellos la determinación de la filiación y la integración en un núcleo familiar.

También recuerda el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el respeto a la vida privada del niño no obliga necesariamente a transcribir en el Registro Civil la filiación establecida en el extranjero, pero exige que exista otro mecanismo efectivo y suficientemente rápido para reconocer jurídicamente la relación familiar cuando resulte conforme con el interés superior del menor. Uno de esos mecanismos puede ser la adopción por la madre de intención.

La vía adoptiva no implica, por tanto, reconocer el contrato de gestación por sustitución. Su función es permitir una valoración individualizada de la situación presente de la menor, de su integración familiar y de la idoneidad de quien solicita adoptar. 

La Audiencia no concede la adopción

El alcance del auto se limita al momento procesal de la admisión. La Audiencia no determina que la adopción deba constituirse, sino que rechaza que pueda considerarse jurídicamente inviable antes de practicar las actuaciones necesarias y valorar los requisitos exigidos por la legislación civil.

El procedimiento de jurisdicción voluntaria deberá continuar para examinar, entre otros elementos que resulten legalmente procedentes, la realidad de la convivencia, la existencia y duración de los vínculos afectivos, la integración de la menor en el núcleo familiar y la adecuación de la adopción a sus necesidades. En esta valoración deberán tenerse presentes la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así pues, el origen del nacimiento en una gestación subrogada no basta, por sí solo, para inadmitir una solicitud de adopción. Los órganos judiciales deben diferenciar entre el reconocimiento de los efectos del contrato —contrario al orden público— y la tramitación de una adopción sometida a controles legales propios.

En consecuencia, las solicitudes deberán resolverse atendiendo a las circunstancias acreditadas en cada expediente, sin automatismos favorables ni desfavorables. La prioridad será determinar si la adopción protege el interés superior de la persona menor, garantiza su identidad e integración familiar y respeta, al mismo tiempo, los límites establecidos por el ordenamiento español.