Última revisión
13/11/2026
El Supremo avala que los denunciantes pidan información sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo tras el archivo de su denuncia
La Sala de lo Contencioso-Administrativo aclara que el deber de sigilo de los inspectores no excluye por sí solo el derecho de acceso a la información pública previsto en la Ley 19/2013
El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre el acceso a la información pública en el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En su STS n.º 1033/2026, de 22 de septiembre, ECLI:ECLI:ES:TS:2026:4085, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que los arts. 10 y 20.4 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no constituyen un régimen jurídico específico de acceso a la información que permita excluir la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El litigio surgió a raíz de la solicitud formulada por una persona denunciante para conocer qué actuaciones concretas había realizado la Inspección de Trabajo tras la presentación de su denuncia, si se había revelado su identidad al denunciado y cuál era la identidad del funcionario actuante. El Ministerio de Trabajo y Economía Social inadmitió el acceso a esa información, pero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación. Tras una secuencia procesal que pasó por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 y por la Audiencia Nacional, el Supremo termina corrigiendo el criterio de esta última y confirma la aplicación de la Ley 19/2013 al caso.
La cuestión resuelta: sigilo inspector y derecho de acceso no son lo mismo
La cuestión con interés casacional consistía en determinar si el deber de sigilo del art. 10 de la Ley 23/2015 y la regulación del denunciante del art. 20.4 de esa misma norma configuraban un régimen especial de acceso a la información que desplazara la Ley de Transparencia. El Tribunal Supremo responde de forma negativa.
Según la sentencia, el art. 10 de la Ley 23/2015 impone una obligación personal, profesional y ética a los inspectores, obligándoles a guardar secreto sobre los datos, informes o antecedentes conocidos en el ejercicio de sus funciones y a preservar la confidencialidad del origen de las denuncias. Pero ese deber de reserva no equivale a una regulación autónoma del derecho de acceso a la información pública, ni convierte automáticamente en secreta u opaca toda la documentación obrante en poder de la Administración.
En la misma línea, el Supremo señala que el art. 20.4 de la Ley 23/2015 solo regula cuándo el denunciante puede ser considerado interesado durante la fase de investigación, pero no establece un régimen específico sobre quién puede ejercer el derecho de acceso del art. 12 de la Ley 19/2013. Por ello, el hecho de haber sido denunciante no impide solicitar información pública sobre las actuaciones realizadas por la Inspección una vez archivada la denuncia.
Qué doctrina fija el Tribunal Supremo
La Sala fija como doctrina jurisprudencial que:
- El deber de sigilo y confidencialidad del art. 10 de la Ley 23/2015 no incide sobre el régimen jurídico del derecho de acceso a la información pública y, por tanto, no desplaza la aplicación de la Ley 19/2013;
- La regulación del art. 20.4 de la Ley 23/2015 no configura un régimen especial de acceso y tampoco excluye la legitimación general reconocida a todas las personas por la Ley de Transparencia.
De este modo, cuando se solicite información sobre actuaciones inspectoras derivadas de una denuncia archivada, la Administración deberá tramitar la petición conforme a la Ley 19/2013 y valorar, en cada caso, si concurre algún límite legal al acceso.
No hay acceso automático e íntegro, pero tampoco negativa automática
La sentencia no proclama un acceso ilimitado a todo el expediente inspector. Lo que rechaza es que la Administración pueda ampararse de forma automática en el deber de sigilo para inadmitir o denegar la solicitud. El Tribunal Supremo recuerda que las restricciones al derecho de acceso deben apoyarse en los límites legalmente previstos y superar un juicio de necesidad y proporcionalidad. Además, en su caso, cabe acudir al acceso parcial mediante supresión o anonimización de datos personales o especialmente protegidos, de acuerdo con los arts. 15 y 16 de la Ley 19/2013.
La resolución insiste así en que el derecho de acceso a la información pública, vinculado al art. 105.b ) CE, actúa como instrumento de control de la actuación administrativa y de refuerzo de la transparencia en un Estado democrático de Derecho.
Fallo
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, revoca la sentencia de la Audiencia Nacional y confirma la conformidad a Derecho de la resolución del Consejo de Transparencia de 19 de julio de 2022, que había reconocido el acceso a la información relativa a las actuaciones concretas realizadas por la Inspección a consecuencia de la denuncia presentada.
CUESTIÓN
1. ¿Qué supone esta sentencia?
A partir de esta sentencia, quien denuncia ante la Inspección tiene muchas más opciones de conocer qué hizo la Administración con su denuncia, aunque no tendrá derecho automático a ver todo el expediente. La clave es que la Inspección deberá responder conforme a la Ley de Transparencia y motivar cualquier limitación.
a) Ya no vale una negativa “automática” basada en el sigilo inspector
La consecuencia principal es que la Inspección de Trabajo no puede rechazar sin más una solicitud de información alegando, de forma genérica, el deber de sigilo del art. 10 de la Ley 23/2015. El Supremo declara que ese precepto impone un deber personal a los inspectores, pero no crea por sí mismo un régimen especial que excluya la Ley 19/2013 de transparencia. Por tanto, la solicitud debe tramitarse conforme al régimen general de acceso a la información pública.
En la práctica: si un denunciante pregunta qué actuaciones se hicieron, la Administración ya no puede contestar simplemente “no procede por deber de sigilo”; tendrá que analizar jurídicamente la petición.
b) El denunciante gana una vía real para saber qué hizo la Inspección
La sentencia deja claro que el hecho de que el denunciante no sea “interesado” en la fase de investigación, en los términos del art. 20.4 de la Ley 23/2015, no le impide pedir información pública al amparo de la Ley 19/2013. Es decir, una cosa es la posición procedimental del denunciante en el expediente inspector y otra distinta su derecho de acceso a información pública.
En la práctica: tras el archivo de una denuncia, el denunciante podrá solicitar, por ejemplo: si hubo visita inspectora; si se requirió documentación; si se practicaron comprobaciones; qué medidas se adoptaron; y, en su caso, la identidad del funcionario actuante, con los límites legales aplicables.
c) El acceso no será total ni automático: habrá que aplicar límites concretos
La sentencia no abre sin más todo el expediente inspector. Lo que dice es que la Administración debe examinar cada petición conforme a la Ley 19/2013 y justificar, si procede, la aplicación de límites como la protección de datos, la preservación de funciones de inspección y control, la prevención de ilícitos o la protección de intereses económicos y comerciales. Esos límites deben aplicarse de forma justificada, proporcionada y caso por caso.
En la práctica: podrán denegarse determinados extremos sensibles, pero la denegación deberá estar motivada. No bastará invocar fórmulas genéricas.
d) La Administración deberá valorar el acceso parcial y la anonimización
Otra consecuencia muy importante es que, aunque parte del expediente no pueda entregarse íntegramente, la Administración deberá estudiar si cabe un acceso parcial, suprimiendo o anonimizando datos personales o especialmente protegidos. Esta idea encaja con la jurisprudencia ya recogida en Iberley sobre el art. 16 de la Ley 19/2013: si solo una parte está afectada por un límite, debe facilitarse el resto.
En la práctica: es más probable que el solicitante reciba una respuesta parcial y útil, en lugar de una negativa total.
e) Aumenta la exigencia de motivación y documentación interna de la Inspección
Desde el punto de vista organizativo, la sentencia obliga a la Administración a motivar mejor sus resoluciones de acceso y, previsiblemente, a documentar mejor las actuaciones realizadas. Si deniega información, tendrá que explicar qué límite concurre, por qué el perjuicio sería real y por qué no basta una entrega parcial.
En la práctica: habrá más carga argumentativa para la Administración y más posibilidades de impugnación para el ciudadano si la respuesta es insuficiente.
2. ¿Qué no supone esta sentencia?
Conviene acotar su alcance:
- No obliga a reabrir la denuncia archivada.
- No reconoce al denunciante la condición general de interesado en toda la investigación.
- No permite acceder sin límites a datos personales, secretos empresariales o información cuya divulgación perjudique funciones inspectoras.
- No convierte en públicas todas las actuaciones de inspección, sino que exige aplicar correctamente la Ley de Transparencia.