El TSJ de Galicia exige resolver la dependencia tras el fallecimiento del titular antes de que se apruebe el Programa Individual de Atención

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su STSXG n.º 2789/2026, de 11 de junio, ECLI:ES:TSJGAL:2026:4112, confirma que la Administración debe concluir un expediente de dependencia pese al fallecimiento de la solicitante cuando su situación ya había sido valorada y existían elementos suficientes para concretar la prestación.

La resolución rechaza que el fallecimiento constituya por sí solo una imposibilidad material para continuar el procedimiento conforme al artículo 84.2 de la Ley 39/2015. Aunque las prestaciones de dependencia tienen carácter personalísimo, pueden subsistir consecuencias patrimoniales transmisibles a los causahabientes.

La solicitante ya había sido valorada

El procedimiento se inició en febrero de 2023. La interesada fue examinada en diciembre de ese año y, en mayo de 2024, se emitió un dictamen técnico que le atribuía 83 puntos, correspondientes a un grado III de dependencia.

La solicitante falleció antes de aprobarse el Programa Individual de Atención (PIA). Tres días después de su muerte se emitió una propuesta que contemplaba una prestación económica vinculada a la atención residencial, a la espera de una plaza pública.

La Administración archivó posteriormente el expediente por considerar que el fallecimiento provocaba una imposibilidad material de continuarlo. El juzgado revocó esa decisión y ordenó dictar una nueva resolución que declarase la situación de dependencia y aprobase el PIA, pronunciamiento que ahora confirma el TSJ de Galicia.

El PIA concreta un derecho ya reconocido

La Sala aplica el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su STS n.º 548/2024, de 4 de abril, ECLI:ES:TS:2024:1792. Conforme a esta doctrina, la resolución que reconoce la situación de dependencia convierte a la persona en beneficiaria del sistema y titular del derecho a sus prestaciones. El PIA no constituye ese derecho, sino que concreta la modalidad de servicio o prestación económica aplicable. 

Por ello, el fallecimiento extingue la percepción futura de servicios o prestaciones, pero no elimina necesariamente los efectos económicos ya generados. Los causahabientes pueden suceder a la persona fallecida como interesados para que el procedimiento concluya y se determine si existe un derecho de crédito por los gastos que se hayan financiado mientras la Administración no resolvía.

No existía imposibilidad material para resolver

El tribunal destaca que la valoración médica estaba realizada, se había determinado el grado III de dependencia y existía un dictamen con una propuesta de prestación económica. En estas circunstancias, no concurría la imposibilidad material sobrevenida exigida por el artículo 84.2 de la Ley 39/2015 para terminar el procedimiento.

La sentencia también aprecia un manifiesto incumplimiento de los plazos administrativos. El Decreto 15/2010, aplicable cuando se inició el expediente, establecía tres meses para resolver el reconocimiento de la dependencia y otros tres meses para determinar el PIA.

La naturaleza personalísima del derecho impide que continúen devengándose prestaciones después del fallecimiento, pero no determina la desaparición de todas sus consecuencias patrimoniales ni de los derechos ya devengados.

Fallo e impacto práctico

El TSJ de Galicia desestima el recurso de la Administración y confirma la obligación de resolver el expediente, reconocer la situación de dependencia y aprobar el PIA para concretar las prestaciones que habrían correspondido de no haberse producido el fallecimiento. Además, impone a la recurrente las costas del recurso, fijadas en 750 euros.

 Cuando la persona fallece después de ser valorada y existen elementos suficientes para determinar su grado y la prestación correspondiente, la Administración no puede archivar automáticamente el expediente. Su conclusión permitirá a los causahabientes reclamar, en su caso, los gastos de atención que hubieran soportado, sin que ello implique reconocer automáticamente el reintegro de cualquier cantidad.

Prestaciones destinadas a la atención de personas en dependencia