Preámbulo RD. 986/2026, de 11 de noviembre, identificación de animales de compañía

I

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece en su artículo 51 que los animales de compañía se identificarán individualmente mediante un sistema y un procedimiento que se desarrollará reglamentariamente, en función de lo que se establezca para cada especie y que, en todo caso, los perros, gatos y hurones se identificarán mediante microchip y las aves, mediante anillado. Asimismo, la disposición final octava de la citada ley, faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y ejecución de la misma.

No obstante, esa obligación de identificación de los animales de compañía no se aplica a todos los animales de compañía, ya que determinados grupos de animales están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7/2023, de 28 de marzo. Teniendo en cuenta esta premisa, los animales utilizados en actividades deportivas, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda de ganado, los perros de rescate que realizan su actividad en un entorno profesional, los animales de seguridad o los animales utilizados en intervenciones asistidas, así como los perros de caza de rehalas y animales auxiliares de caza, estarían excluidos de la obligación de la identificación, aplicándoles únicamente la normativa autonómica correspondiente.

Por otra parte, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, cuyo ámbito de aplicación no excluye a ninguna categoría de animales de compañía, indica en su artículo 39 que la Administración General del Estado establecerá las bases y la coordinación de un único y homogéneo sistema nacional de identificación de las diferentes especies animales. Y la disposición final quinta de la misma, autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas para su aplicación y desarrollo.

Este sistema único y homogéneo recogido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal debe asegurarse a nivel de cada especie, ya que la identificación y los requisitos para el registro de los animales varían en función de la especie a la que pertenecen. Así, todos los animales pertenecientes a especies consideradas de compañía tanto en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, como en la Ley 8/2003, de 24 de abril, se identificarán mediante el sistema establecido en este real decreto. Por el contrario, únicamente determinados animales de producción que hayan perdido su fin productivo y cuyo titular decida inscribirlos como tal en el Registro de identificación de animales de compañía, pueden estar también registrados en el Registro de Identificación Individual de Animales (RIIA), si así lo determina la normativa de sanidad y trazabilidad que les sea de aplicación. En estos casos, será el RIIA el que garantice el sistema único y homogéneo de su identificación, y el Registro de identificación de animales de compañía tendrá un carácter meramente informativo.

II

La necesidad de establecer un sistema único y homogéneo de identificación de animales de compañía también ha sido considerada por el Parlamento Europeo tanto en la Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la introducción de sistemas compatibles de registro de animales de compañía en los Estados miembros (2016/2540(RSP)) como en la Resolución, de 12 de febrero de 2020, sobre la protección del mercado interior y los derechos de los consumidores de la Unión frente a las consecuencias negativas del comercio ilícito de animales de compañía (2019/2814(RSP)).

Asimismo, el Reglamento (UE) 2026/1818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo al bienestar de los perros y los gatos y a su trazabilidad, establece la obligatoriedad de identificar y registrar en una base de datos a todos los perros y gatos, contribuyendo a garantizar la trazabilidad, que es un elemento esencial en el sistema de prevención y control de enfermedades animales transmisibles, en particular la rabia, contribuyendo así a los objetivos de las normas sobre sanidad animal de la Unión Europea. Además, la identificación y registro contribuyen a garantizar los derechos de las personas que adquieren animales de compañía, ya que dispondrán de información sobre los orígenes de los animales antes de adquirirlos y sobre su edad real, permitiéndoles tomar decisiones informadas, ser menos vulnerables a los operadores fraudulentos y reducir el riesgo de que se adquieran animales en condiciones que puedan influir negativamente en la salud y el comportamiento de los animales.

Por último, la identificación y registro de animales es una herramienta para proteger a los animales del abandono y facilitar la actuación de las autoridades competentes.

Por todo ello, en aras de la simplificación administrativa, se considera necesario desarrollar en una única norma la identificación de todos los animales de compañía, incluyendo, por motivos de sanidad animal, a aquellos grupos de animales excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, sin perjuicio de lo establecido en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en la normativa europea de aplicación de este convenio.

III

Este real decreto se estructura en ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, tres disposiciones finales y dos anexos.

El artículo 1 establece el objeto y finalidad de la norma, de forma que regula el sistema de identificación de los animales de compañía y desarrolla un sistema único y homogéneo de identificación de todos los animales de compañía que dispongan de identificación individual obligatoria. El artículo 2 determina el ámbito de aplicación y el artículo 3 recoge las definiciones aplicables a este real decreto.

El artículo 4 determina los requisitos generales para la identificación de animales de compañía de identificación obligatoria, mientras que los artículos 5 y 6 establecen los requisitos específicos para la identificación de perros, gatos y hurones y para la identificación de otros animales de compañía, respectivamente. El artículo 7 establece las actuaciones del profesional veterinario identificador respecto a la identificación de animales de compañía y el artículo 8 establece el régimen sancionador.

La disposición adicional primera establece la adaptación de los registros autonómicos al contenido del Sistema Central de Registros de Protección Animal (SICERPA) y la disposición adicional segunda contempla el sistema de registro de los animales de compañía adscritos a los ministerios de Defensa e Interior. La disposición transitoria única contempla las condiciones aplicables a los animales de compañía ya identificados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.

Finalmente, la disposición final primera establece el título competencial, la disposición final segunda fija la facultad para modificar los anexos y la disposición final tercera fija la fecha de entrada en vigor de la norma.

El real decreto se adecúa a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En concreto, cumple con los principios de necesidad y eficacia, pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar que la normativa se aplica de un modo homogéneo en todo el territorio nacional, lo que garantiza el interés general y cumple con las obligaciones de desarrollo reglamentario de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, y de la Ley 8/2003, de 24 de abril. Además, se adecúa al principio de proporcionalidad, pues no existe otra alternativa menos restrictiva de derechos o que imponga menos obligaciones a los destinatarios. En cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, dicha norma se adecúa a los mismos, pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y se ha procurado la participación de las partes interesadas a través del proceso de información y participación pública.

En la tramitación de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. Así mismo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la norma ha sido sometida al procedimiento de consulta pública previa, así como al procedimiento de audiencia e información pública, al Consejo Estatal de Protección Animal y a los ministerios implicados.

También se ha sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.

El real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª 16.ª y 23.ª de la Constitución Española, por el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de, respectivamente, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad y legislación básica sobre protección del medio ambiente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026,

DISPONGO: