PREÁMBULO LEY 8/2026, de 30 de octubre, Canarias, de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 8/2026, de 30 de octubre, de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

PREÁMBULO

I

El artículo 27 de la Constitución Española reconoce que todos tienen derecho a la educación y establece los principios fundamentales que lo rigen.

Por su parte, el artículo 4.2.f) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, dispone que, como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas o pupilos y pupilas, les corresponde respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 133, otorga a la comunidad autónoma las competencias que le corresponden en materia de enseñanza no universitaria. En este marco, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en su artículo 3 el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa, regulando además la convivencia escolar en los centros educativos.

II

Las funciones docentes tienen un carácter esencial dentro del sistema educativo. La labor del profesorado no se limita únicamente a la transmisión de conocimientos, sino que desempeña un rol fundamental en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. En reconocimiento a esta función imprescindible, la Administración educativa debe garantizar su valoración y respaldo, asegurando las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio de sus competencias.

Sin embargo, en los últimos años se ha observado una creciente problemática relacionada con la falta de reconocimiento social de la autoridad del profesorado, lo que ha afectado negativamente a la convivencia escolar. La evolución constante de la sociedad, tanto en el desarrollo de recursos y metodologías como en la configuración de los valores y normas de convivencia, ha generado transformaciones significativas en el ámbito educativo. Estos cambios han repercutido en la dinámica escolar, modificando de manera progresiva la función que tradicionalmente han desempeñado el profesorado, las familias y el alumnado, lo que ha requerido una continua necesidad de adaptación a nuevas exigencias y contextos educativos.

Para abordar esta situación, se hace necesario dotar al profesorado de un marco normativo que refuerce su autoridad, le proporcione seguridad jurídica y garantice el respeto que merece su función dentro de la comunidad educativa.

Es necesario revalorizar socialmente la labor del profesorado y mejorar de forma integral sus condiciones profesionales. Para ello, en consonancia con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), debe avanzarse hacia un modelo que refuerce la práctica docente, garantice su bienestar y reconocimiento y apoye que la enseñanza es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa.

De esta manera, es imprescindible tener en cuenta la identidad profesional de los docentes, su autonomía pedagógica, la formación necesaria para afrontar los nuevos retos educativos, el respaldo necesario de la Administración a su labor y, también, su bienestar personal y laboral.

En este sentido, el artículo 104 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone que las Administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea y que prestarán una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.

De la misma manera, el artículo 105 de la citada ley dispone que corresponde a las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

Así pues, el artículo 124.3 de la citada ley dispone que los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. También, estos docentes, respecto a los hechos por ellos constatados en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, tienen presunción de veracidad iuris tantum o salvo prueba en contrario.

Por su parte, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en su artículo 65 medidas para el reconocimiento y la protección de la función docente, garantizando que la Administración educativa debe velar para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña. Asimismo, en su apartado 6 dispone que, en el marco general de la política de prevención de riesgos y salud laboral, y de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, se establecerán medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del profesorado y a actuar decididamente en materia de prevención. Por otra parte, el apartado 7 establece que la Administración educativa proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente de todos los niveles educativos referidos en la ley, que preste servicios en los centros docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional [defensa jurídica prevista en el artículo 14.f) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre].

Asimismo, la convivencia en los centros docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias sostenidos con fondos públicos se halla regulada en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actualmente está reformándose para adaptarse a las necesidades cambiantes del ámbito educativo. Este decreto regula, entre otros asuntos, el reconocimiento de la autoridad del profesorado para un correcto desarrollo del proceso educativo [artículo 3.1.i)], el deber del alumnado de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad (artículo 15), el derecho a la consideración de autoridad pública del profesorado (artículo 28), o el derecho a la protección legal y defensa jurídica (artículo 29).

III

Esta ley tiene por objeto el fortalecimiento y reconocimiento público de la función docente y tiene por finalidad establecer un marco regulador para reforzar la autoridad del profesorado y garantizar la convivencia en los centros educativos.

A diferencia de otras legislaciones de nuestro entorno, que o bien poseen una ley específica de autoridad del profesorado o bien regulan este concepto en su ley de educación autonómica, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, a pesar de ser posterior a la reforma de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Lomce), la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Lomloe), no recoge la conceptuación del docente como autoridad pública ni incide de manera sistemática en algunos de los derechos o soluciones a la crisis actual de la figura docente. El vigente Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, al que antes hacíamos referencia, si bien vino a suplir la falta de mención a la condición de autoridad pública del profesorado en el ordenamiento canario lo hizo con una sistemática y profundidad propia de la orientación teleológica de esta norma, la convivencia en los centros educativos y no la autoridad del profesorado en sí misma. Así pues, se hace necesaria una regulación ad hoc con rango de ley que sistematice y mejore la normativa vigente y que refuerce la autoridad del profesorado, otorgándole la importancia que merece dentro de nuestro sistema normativo autonómico.

Sus objetivos principales son: ofrecer una herramienta a los docentes y a los equipos directivos para que conozcan y hagan valer sus derechos; profundizar en el apoyo al profesorado como autoridad pública, con la presunción de veracidad en sus actuaciones; garantizar la protección jurídica y psicológica del profesorado, asegurando el respaldo institucional ante cualquier conflicto derivado del ejercicio de su función; fomentar un clima de convivencia escolar positivo, en el que el respeto mutuo sea un valor esencial; desarrollar protocolos de actuación específicos para la gestión de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos; e implementar programas de formación y sensibilización dirigidos a la comunidad educativa para promover el respeto a la autoridad del profesorado.

Asimismo, la presente ley deberá aplicarse de conformidad con el principio de no discriminación y el deber de garantizar la educación inclusiva del alumnado con discapacidad, de acuerdo con los artículos 14, 27 y 49 de la Constitución Española, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta ley se estructura en tres capítulos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

En el Capítulo I, referido a las disposiciones generales, se definen el objeto y el ámbito de aplicación de la norma, los principios generales y los derechos que asisten al profesorado en el ejercicio de la función docente, así como el buen uso de las instalaciones docentes.

El Capítulo II, referido a la protección jurídica y psicológica del personal docente, reconoce la condición de autoridad pública del profesorado, la presunción de veracidad de los hechos constatados por este en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, el derecho a la asistencia jurídica y psicológica por hechos que se deriven de su ejercicio profesional, deber de colaboración y la responsabilidad y reparación de daños. Así mismo, establece un deber de colaboración de las familias, representantes legales del alumnado e instituciones públicas competentes.

El Capítulo III está dedicado a regular las medidas de apoyo al profesorado.

La presente ley concluye con tres disposiciones adicionales, referidas al alcance de la norma en los centros educativos privados no concertados, en los centros educativos privados concertados y a la aplicación al personal de administración y servicios de los centros educativos públicos de ciertas medidas contempladas en la presente ley.

Por último, encontramos dos disposiciones finales que regulan la habilitación normativa y la entrada en vigor de la norma, respectivamente.