PREÁMBULO DECRETO LEY 9/2026, de 6 de noviembre, C. Valenciana, modificación normativa del régimen de prevención y control ambiental de actividades y gestión de residuos

I

Las medidas contenidas en este decreto ley se dictan en ejercicio de las competencias atribuidas a la Generalitat por el artículo 50.6 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en materia de protección del medio ambiente, que comprende el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, así como el establecimiento de normas adicionales de protección. Asimismo, la presente norma se incardina en las competencias que corresponden a la Generalitat para la ejecución de la normativa estatal y de la Unión Europea en materia ambiental y se proyecta sobre los ámbitos de la prevención y el control integrado de la contaminación, la calidad ambiental, la producción y gestión de residuos, la economía circular y las funciones de vigilancia, inspección y control ambiental.

En particular, las modificaciones incorporadas mediante este decreto ley afectan al régimen jurídico regulado en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, y en la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, normas dictadas en el ámbito de las competencias autonómicas en materia de protección ambiental y en desarrollo de la legislación básica estatal y de la normativa de la Unión Europea aplicables en dichas materias.

En este marco, las modificaciones relativas a los instrumentos de intervención administrativa ambiental, a la prevención y control de las actividades con incidencia ambiental, a la producción y gestión de residuos y al régimen de vigilancia, control y seguimiento de los traslados de residuos tienen por objeto garantizar la adecuada aplicación de la normativa estatal y europea, reforzar la seguridad jurídica y asegurar la efectividad de las potestades administrativas de protección ambiental atribuidas a la Generalitat.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 16/2025, de 3 de diciembre, del President de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias y sus competencias, en el Decreto 186/2025, de 5 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y en el artículo 1 del Decreto 49/2026, de 10 de abril, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, corresponde a este departamento la dirección y ejecución de la política del Consell en materia de medio ambiente, ejerciendo los órganos directivos competentes las funciones de regulación, autorización, supervisión, vigilancia, inspección y control ambiental, así como las relativas a la producción y gestión de residuos.

II

En el marco de las competencias descritas, este decreto ley tiene por objeto la modificación de diversas normas autonómicas en materia de calidad ambiental, con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica, garantizar la adecuada coordinación de los instrumentos de intervención ambiental y adaptar la normativa vigente a las necesidades actuales en materia de protección del medio ambiente y gestión de residuos.

En particular, la norma incorpora modificaciones en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, y en la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, con el fin de mejorar la coherencia del ordenamiento jurídico, adecuar determinados preceptos a la legislación básica estatal y reforzar la eficacia de los instrumentos de intervención, control y gestión ambiental.

III

La Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades (en adelante, Ley 6/2014), constituye el instrumento normativo fundamental para garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud de las personas frente a los impactos derivados del ejercicio de actividades en la Comunitat Valenciana, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Española y en el artículo 11 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

La evolución del marco normativo estatal y europeo en materia de prevención y control ambiental, así como la experiencia acumulada en la aplicación de la propia Ley 6/2014, han puesto de manifiesto la necesidad de introducir diversas modificaciones orientadas a reforzar la coherencia del sistema, mejorar la seguridad jurídica y garantizar una protección ambiental efectiva y proporcionada.

En primer lugar, la reforma aborda la integración y coordinación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental con los regímenes de autorización ambiental integrada y de licencia ambiental. La modificación del artículo 14, así como de los artículos 32 y 43, responde a la necesidad de adaptar la ley autonómica a la realidad actual del pronunciamiento ambiental, que puede materializarse tanto a través de una declaración de impacto ambiental como mediante un informe de impacto ambiental en los supuestos de evaluación ambiental simplificada, reforzando la claridad y la coherencia sistemática del texto legal.

En lo que respecta a esta evaluación ambiental de proyectos de actividades tanto sujetas a autorización ambiental integrada como a licencia ambiental, resulta de aplicación la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante, Ley 21/2013). Este tipo de instalaciones industriales productivas, además de las obligaciones derivadas de los permisos y autorizaciones administrativas a las que están sujetas, están sometidas también a la necesidad de desarrollar y evolucionar su actividad de manera competitiva y adaptada a las necesidades del mercado. Esto supone de facto que se trata de instalaciones que están en constante evolución y adaptación y que, de manera casi continua, han de tramitar modificaciones de su proceso productivo, que pueden tener el carácter de modificación sustancial o no sustancial, lo cual supone un aumento de la carga administrativa tanto para los titulares de las instalaciones como para la administración, entre la que se incluyen los órganos sustantivos de las autorizaciones que han de verse modificadas y también los órganos intervinientes en las tramitaciones, como puede ser el órgano ambiental en aquellos procedimientos sujetos a evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, la modificación en 2023 de la citada Ley 21/2013, a través del Real decreto 445/2023, de 13 de junio, supuso que para determinadas actividades de gran importancia y presencia en la Comunitat Valenciana, como puede ser la industria cerámica o la valorización y eliminación de residuos, a pesar de estar sujetas a diversas autorizaciones que, en función de sus dimensiones, capacidades y características, van desde la autorización ambiental integrada, hasta las autorizaciones de emisiones a la atmósfera o de gestión de residuos, no se establecen umbrales mínimos a partir de los cuales cabe someterlas a evaluación de impacto ambiental simplificada. De este modo, modificaciones tales como la sustitución de equipos de proceso, como pueden ser por ejemplo hornos cerámicos de mayor capacidad o mejor rendimiento, pueden estar sujetas a evaluación de impacto ambiental, como trámite preceptivo y determinante para la aprobación por parte del órgano sustantivo de la modificación planteada, independientemente de si esta modificación se circunscribe al interior de la propia instalación autorizada o si supone la afección a nuevas superficies no urbanizadas. A su vez, se trata, en su mayoría de instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada, en las cuales el órgano sustantivo ya efectúa una revisión y control que puede ser redundante con la evaluación de impacto ambiental que se deriva de la ausencia de umbrales mínimos de capacidad de producción.

Esta situación, al conjugarse con la actual redacción del artículo 9.1 de la Ley 21/2013, principalmente en lo relativo a que «no se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los proyectos incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental», y sin posibilidad incluso de incoar un procedimiento sancionador que establezca responsabilidades, determine las sanciones y acciones a emprender y obligue a la legalización de la infracción cometida, como solución ante este supuesto, dejando como única opción la judicialización, tal y como plantea la disposición adicional decimosexta relativa a evaluaciones en ejecución de sentencia firme, supone que en el caso de que en las instalaciones productivas se lleven a cabo modificaciones sin haberse evaluado ambientalmente con carácter previo, su legalización es prácticamente imposible, con la única posibilidad de agotar la vía administrativa y pasar a la jurisdicción contencioso-administrativa, de la cual puede o no determinarse, como consecuencia de sentencia firme, que se efectúe la evaluación ambiental de un proyecto parcial o totalmente ejecutado.

Ante las dificultades que plantea la legislación básica estatal, que no ofrece alternativas para solucionar estas infracciones administrativas más que la judicialización, las comunidades autónomas, en aplicación de sus competencias de desarrollo de la legislación básica estatal en materia de medio ambiente, han establecido diferentes fórmulas para regular el régimen sancionador de estos proyectos total o parcialmente ejecutados y posibilitar su evaluación ambiental, de manera que como resultado del procedimiento sancionador, se pueda imponer la obligación de legalizar la instalación, sin necesidad de derivar a un procedimiento judicial, como plantea la legislación básica estatal.

En este sentido, en la Comunitat Valenciana se efectúa un estudio de la legislación de otras comunidades autónomas al respecto, y se determina que la solución planteada en el artículo 35.4 de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, puede ser idónea en tanto en cuanto determina que la resolución sancionadora firme, además de la sanción, impondrá la obligación de realizar la evaluación de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente mediante los procedimientos previstos en la legislación de evaluación ambiental. En estos casos, serán de aplicación las especificidades contempladas en la Ley 21/2013 para las evaluaciones que hayan de efectuarse en ejecución de una sentencia firme.

Es por ello por lo que, en el Decreto ley 6/2025, de 7 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental, se modifica la Ley 6/2014, en lo relativo a la integración y coordinación con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos sujetos a autorización ambiental integrada y licencia ambiental, en concreto añadiendo un nuevo apartado 6 al artículo 14, con una redacción similar a la ley gallega.

No obstante, al plantearse una comisión bilateral entre la Administración General del Estado y la Generalitat, se acuerda un nuevo texto por el cual se introduce una nueva regulación del alcance jurídico de las actuaciones administrativas realizadas prescindiendo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, declarando su nulidad de pleno derecho y estableciendo, en determinados supuestos, la posibilidad de imponer, en el marco de un procedimiento sancionador firme, la realización de evaluaciones ambientales no equiparables a las reguladas en la Ley 21/2013, fundamentadas en los principios de compensación y reversión de impactos.

La necesidad de esta modificación presenta un carácter especialmente urgente, dado que la actual regulación está generando situaciones en las que actuaciones materialmente ejecutadas sin la previa evaluación ambiental exigible carecen de mecanismos administrativos efectivos que permitan, una vez detectada la infracción, evaluar adecuadamente sus efectos sobre el medio ambiente y exigir medidas correctoras o compensatorias proporcionadas. Esta circunstancia provoca que la única vía efectiva para restablecer la legalidad sea, en numerosos supuestos, la judicialización del conflicto, con los consiguientes retrasos en la adopción de medidas de protección ambiental.

La persistencia de esta situación puede dar lugar a la consolidación de impactos ambientales no evaluados sobre los recursos naturales, los ecosistemas, el suelo, las aguas o la calidad del aire, dificultando o incluso imposibilitando su adecuada corrección posterior. Concurre, por tanto, una necesidad inaplazable de dotar a la administración ambiental de instrumentos jurídicos inmediatos que permitan reaccionar eficazmente frente a actuaciones realizadas al margen de la normativa de evaluación ambiental sin necesidad de esperar a la obtención de una resolución judicial firme.

Por otra parte, la modificación del régimen de las modificaciones sustanciales de instalaciones sometidas a licencia ambiental responde a la necesidad de armonizar plenamente la legislación autonómica con la normativa básica estatal en materia de prevención y control integrados de la contaminación, evitando duplicidades normativas y criterios divergentes que puedan inducir a error.

La urgencia de esta modificación deriva, asimismo, de la necesidad de evitar la pervivencia de criterios interpretativos divergentes entre la normativa autonómica y la legislación básica estatal, circunstancia que está generando incertidumbre jurídica tanto para los operadores económicos como para las administraciones competentes. La prolongación de esta situación incrementaría el riesgo de impugnaciones, la eventual invalidez de actuaciones administrativas y la paralización o retraso de proyectos sometidos a intervención ambiental, con afección directa a la seguridad jurídica y a la eficacia de la actuación administrativa.

La reforma incorpora igualmente una regulación expresa y sistemática del cese definitivo de las actividades sometidas a licencia ambiental y del cierre de instalaciones, colmando una laguna normativa existente y alineando el régimen aplicable con los principios de prevención, cautela, responsabilidad ambiental y «quien contamina paga».

Se establecen obligaciones claras y proporcionadas para los titulares, así como facultades de intervención adecuadas para la administración competente, garantizando que el cierre de las instalaciones no genere riesgos significativos para la salud humana ni para el medio ambiente.

En la regulación vigente, la ley establece de manera clara las obligaciones que deben cumplir los titulares de instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada cuando se produce el cese de la actividad, especialmente en lo relativo a la adopción de medidas destinadas a evitar riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, no existe una previsión equivalente, expresa y sistemática para las instalaciones sometidas a licencia ambiental, pese a que muchas de estas actividades pueden generar impactos ambientales relevantes.

Esta falta de claridad normativa ha provocado que, en la práctica, el cese de actividades sometidas a licencia ambiental se produzca sin la adopción de las medidas necesarias para retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas presentes en el emplazamiento, ni para prevenir la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, la emisión de gases contaminantes o la existencia de riesgos de incendio, explosión o accidente.

Como consecuencia, se han producido situaciones de riesgo para la salud de las personas, para el medio ambiente y para los bienes, así como dificultades para que las administraciones públicas competentes puedan exigir de manera eficaz actuaciones de cierre y restauración ambiental, al carecer de una base legal expresa que las habilite.

La persistencia de estas situaciones genera un riesgo actual y efectivo, no meramente hipotético, que exige una intervención normativa inmediata para evitar daños ambientales de difícil o imposible reparación y para dotar a las administraciones públicas de instrumentos claros que permitan actuar con eficacia y seguridad jurídica.

La concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad resulta particularmente evidente en este ámbito, por cuanto la ausencia de una regulación expresa sobre las obligaciones derivadas del cese definitivo de actividades sometidas a licencia ambiental está permitiendo la permanencia de instalaciones abandonadas o inactivas que pueden contener combustibles, productos químicos, residuos peligrosos u otras sustancias susceptibles de provocar contaminación del suelo, de las aguas superficiales o subterráneas, emisiones contaminantes, incendios, explosiones o accidentes con afección a las personas, a los bienes y al medio ambiente.

La demora en la incorporación de estas medidas al ordenamiento jurídico autonómico podría comprometer la capacidad de actuación preventiva de las administraciones competentes y favorecer la aparición o agravamiento de situaciones de riesgo ambiental cuya reparación posterior resultaría técnica y económicamente mucho más compleja, cuando no imposible, comprometiendo de forma directa los principios de prevención y cautela que inspiran la política ambiental de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico español.

Asimismo, se refuerza el régimen sancionador aplicable a las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, incorporando como infracción grave la falsedad o inexactitud en los datos o informes emitidos, así como la actuación fuera de los ámbitos para los que se encuentren acreditadas, con el fin de garantizar la fiabilidad y credibilidad del sistema de control ambiental.

Del mismo modo, la inmediata entrada en vigor de este régimen resulta necesaria para preservar la fiabilidad de los sistemas de control ambiental sobre los que descansan numerosas actuaciones administrativas de autorización, seguimiento, inspección y vigilancia ambiental. La permanencia de lagunas sancionadoras frente a actuaciones realizadas fuera del ámbito de acreditación de las entidades colaboradoras o sustentadas en datos inexactos o informes erróneos puede comprometer la eficacia de los mecanismos públicos de protección ambiental y menoscabar la confianza legítima de las administraciones públicas y de la ciudadanía en los instrumentos de control técnico ambiental.

Finalmente, la adaptación del anexo II de la Ley 6/2014 a la Directiva (UE) 2024/1785 permite armonizar los umbrales y epígrafes aplicables a las explotaciones ganaderas con el nuevo marco europeo, simplificando la regulación, adecuándola a las mejores técnicas disponibles y reforzando la coherencia del ordenamiento jurídico valenciano con el Derecho de la Unión.

Por ello, es necesario modificar el anexo II de actividades sujetas a licencia ambiental de la Ley 6/2014, para armonizar los umbrales y epígrafes a la nueva directiva, refiriendo las capacidades a UGM y eliminando el umbral superior, que se ve sustituido por una referencia general a «que no estén sujetas a autorización ambiental integrada». De este modo se simplifica el texto legal reduciendo las numerosas variantes que presentaba el texto en su anterior redacción y que no concuerda con las orientaciones productivas que se plantean en los documentos de referencia de mejores técnicas disponibles de las actividades ganaderas, por lo que se opta por un único epígrafe para explotaciones avícolas y un único epígrafe para explotaciones porcinas sometidas a licencia ambiental.

La aprobación inmediata de esta adaptación normativa resulta asimismo necesaria para asegurar una aplicación coherente y uniforme del nuevo marco regulador europeo en el territorio de la Comunitat Valenciana y evitar la subsistencia de discrepancias entre la normativa autonómica y las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea. La demora en la adecuación del anexo II podría generar incertidumbre en la determinación del régimen de intervención ambiental aplicable a determinadas explotaciones ganaderas y dificultar el ejercicio eficaz de las funciones de autorización, inspección y control por parte de la administración ambiental.

En conjunto, las circunstancias descritas ponen de manifiesto la existencia de una situación objetiva que requiere una respuesta normativa inmediata, al concurrir razones de seguridad jurídica, correcta aplicación de la legislación básica estatal y del Derecho de la Unión Europea, protección efectiva del medio ambiente y de la salud pública y garantía de la eficacia de las potestades administrativas de intervención ambiental. La demora inherente a la tramitación legislativa ordinaria prolongaría situaciones de incertidumbre jurídica, dificultaría la actuación de las administraciones competentes y podría favorecer la producción o consolidación de daños ambientales, riesgos para la salud de las personas y situaciones de peligro para la seguridad colectiva de difícil o imposible reparación. Existe, por tanto, una relación directa, inmediata y suficientemente acreditada entre la situación descrita y las medidas que se adoptan mediante este decreto ley, concurriendo plenamente el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad exigido por el artículo 44.4 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

IV

Por otro lado, para dar cumplimiento al mandato de la Unión Europea de regular y organizar la vigilancia y el control de los traslados de residuos exclusivamente en el interior de un Estado miembro, el artículo 36 del Reglamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a los traslados de residuos y por el que se modifican los reglamentos (UE) n.º 1257/2013 y (UE) 2020/1056 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1013/2006, impone a los Estados miembros la obligación de establecer un régimen adecuado de vigilancia y control de tales traslados dentro de su jurisdicción nacional, régimen que deberá ser coherente con el establecido por la normativa de la Unión Europea.

La entrada en vigor de este nuevo marco regulador europeo exige una adaptación inmediata de la normativa autonómica con el fin de garantizar la plena efectividad de los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento de los traslados de residuos en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. La ausencia de una regulación actualizada y plenamente alineada con las exigencias derivadas del Reglamento (UE) 2024/1157 podría dificultar el cumplimiento efectivo de las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión Europea y comprometer el adecuado ejercicio de las funciones administrativas de inspección, control y supervisión atribuidas a las autoridades competentes.

Con este fin, el régimen de los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se encuentra regulado en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, precepto que resulta de aplicación a los traslados de residuos para valorización o eliminación, incluidos los destinados a instalaciones que realizan operaciones de tratamiento intermedio o almacenamiento, estableciendo, entre otras obligaciones, que todo traslado de residuos deberá ir acompañado de la documentación necesaria para garantizar su identificación, seguimiento y control.

En desarrollo de dicha previsión legal, y al amparo de la habilitación contenida en la disposición final cuarta de la Ley 7/2022, se aprobó el Real decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, que establece los requisitos documentales y procedimentales aplicables a estos movimientos, incluyendo el contrato de tratamiento, el documento de identificación y la notificación previa en aquellos supuestos en que esta resulte exigible.

La disposición adicional primera del citado real decreto establece que todos los trámites regulados en dicha norma deberán realizarse por vía electrónica mediante documentos estandarizados disponibles en formato electrónico único para todo el territorio nacional, permitiendo a las comunidades autónomas optar entre la utilización del Sistema de Información de Residuos (e-SIR) habilitado por la Administración general del Estado o el desarrollo de procedimientos electrónicos propios.

En ejercicio de esta facultad, la Generalitat ha venido impulsando la implantación de herramientas tecnológicas destinadas a asegurar una gestión plenamente electrónica de la información asociada a la producción, traslado y gestión de residuos. Entre dichas herramientas se encuentran la plataforma ADCR 3.0, destinada a la generación, gestión y tramitación de la documentación vinculada a los traslados sujetos a notificación previa realizados íntegramente en el territorio de la Comunitat Valenciana, así como la plataforma TRAZA, desarrollada para la elaboración y gestión de los documentos de identificación correspondientes a aquellos traslados no sujetos a notificación previa.

Asimismo, la dirección general competente en materia de residuos ha desarrollado una herramienta informática para la gobernanza del archivo cronológico electrónico previsto en el artículo 64 de la Ley 7/2022, con la finalidad de mejorar la calidad, integridad y disponibilidad de la información relativa a la producción y gestión de residuos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el artículo 65 de dicha ley.

La experiencia acumulada en la aplicación del régimen vigente ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los instrumentos de trazabilidad y seguimiento de los residuos, especialmente respecto de los traslados que se realizan íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. La inexistencia de mecanismos homogéneos y plenamente digitalizados para determinadas categorías de residuos dificulta la obtención de información completa y actualizada sobre sus flujos, limita las capacidades de supervisión de la administración ambiental y reduce la eficacia de las actuaciones inspectoras dirigidas a prevenir y detectar incumplimientos de la normativa aplicable.

Por ello, es necesario modificar los artículos 58 y 59 de la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, con objeto de establecer un marco jurídico que permita la utilización efectiva de los instrumentos electrónicos desarrollados por la Generalitat para la gestión documental de los traslados de residuos y para la llevanza y explotación del archivo cronológico electrónico, garantizando la obtención de información fiable, homogénea y actualizada sobre la producción y gestión de residuos.

La adopción inmediata de estas medidas responde a la necesidad de garantizar de forma efectiva la trazabilidad de los residuos durante todas las fases de su gestión, reforzar las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control y asegurar la disponibilidad de información ambiental completa y de calidad. La plena operatividad de las plataformas electrónicas desarrolladas por la administración autonómica requiere una cobertura normativa adecuada que permita su utilización generalizada y evite disfunciones en la obtención y tratamiento de la información necesaria para el ejercicio de las competencias públicas en materia de residuos.

La demora inherente a la tramitación de una ley por el procedimiento legislativo ordinario prolongaría durante varios meses las limitaciones existentes en los sistemas de seguimiento y control de determinados traslados de residuos, dificultando la detección temprana de incidencias, incumplimientos o movimientos irregulares y retrasando la implantación efectiva de mecanismos avanzados de trazabilidad electrónica. Asimismo, dicha demora impediría disponer de manera inmediata de información homogénea y actualizada sobre los flujos de residuos generados y gestionados en la Comunitat Valenciana, con el consiguiente impacto negativo sobre la eficacia de las funciones de inspección, vigilancia y control ambiental.

Estas circunstancias podrían comprometer la adecuada ejecución de las obligaciones derivadas de la normativa europea y estatal en materia de residuos, dificultar la prevención de actuaciones contrarias a la normativa ambiental y generar riesgos para la protección del medio ambiente y de la salud humana, especialmente en relación con la detección temprana de abandonos, traslados no autorizados o tratamientos inadecuados de residuos.

Concurre, en consecuencia, una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica la adopción de las medidas contenidas en este decreto ley, por cuanto las mismas guardan una relación directa e inmediata con la necesidad de reforzar los mecanismos de trazabilidad y control de los residuos, garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea y de la legislación básica estatal y asegurar el ejercicio eficaz de las competencias de vigilancia, inspección y control atribuidas a la Generalitat. Los objetivos perseguidos no podrían alcanzarse con la inmediatez requerida mediante la utilización de los procedimientos legislativos ordinarios.

V

La experiencia reciente derivada de episodios extraordinarios, como los fenómenos meteorológicos adversos de carácter extremo -entre ellos la depresión aislada en niveles altos (dana) registrada en la Comunitat Valenciana- ha puesto de manifiesto la especial vulnerabilidad del sistema de gestión de residuos ante situaciones de emergencia sobrevenida, caracterizadas por la generación masiva y súbita de residuos y la consiguiente saturación o interrupción de las infraestructuras ordinarias de tratamiento.

En tales escenarios, la eficaz protección de la salud pública, del medio ambiente y del interés general exige la inmediata disponibilidad de medios e instalaciones suficientes para garantizar la continuidad del servicio público de gestión de residuos, cuya prestación tiene carácter esencial, obligatorio y continuo.

El modelo vigente, basado en la planificación autonómica y en la gestión coordinada a través de entidades supramunicipales, requiere ser complementado mediante instrumentos jurídicos que permitan asegurar, en situaciones excepcionales, la movilización efectiva de capacidades de tratamiento y la utilización coordinada de infraestructuras, con independencia de su titularidad.

A tal fin, el presente decreto ley introduce una habilitación expresa a favor de la Generalitat para adoptar medidas de carácter urgente dirigidas a garantizar la disponibilidad de recursos, medios e instalaciones, asegurando así la capacidad operativa necesaria para hacer frente a situaciones de emergencia.

La medida se justifica en la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y se acomoda a los principios de necesidad, proporcionalidad, eficacia y seguridad jurídica.

A tal efecto, procede modificar con carácter urgente la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados, mediante la incorporación de una nueva disposición adicional que garantice la reserva de capacidad suficiente de eliminación y tratamiento en las instalaciones de gestión de residuos, tanto de titularidad pública como privada, con el fin de asegurar una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia.

VI

En este contexto, la necesidad de evitar la pervivencia de una situación de inseguridad jurídica y de conflicto competencial, mediante la ejecución del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración general del Estado–Generalitat, determina la procedencia de una intervención normativa inmediata, dirigida a modificar la Ley 6/2014, al objeto de adecuar su contenido al marco competencial definido por la legislación básica estatal y garantizar así la coherencia del ordenamiento jurídico y su correcta aplicación.

Asimismo, es necesario abordar, sin dilación, la reducción de la litigiosidad generada por la reforma operada por la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa, en particular en lo relativo al régimen transitorio aplicable a las instalaciones que disponen de autorizaciones ambientales integradas otorgadas al amparo de la derogada Ley 2/2006, de 5 de mayo, cuya regulación actual está dando lugar a situaciones de incertidumbre jurídica y de aplicación no homogénea.

Igualmente, concurre la necesidad inaplazable de adaptar el régimen de vigilancia, control y seguimiento de los traslados de residuos peligrosos y no peligrosos en el ámbito de la Comunitat Valenciana a las exigencias de la normativa estatal y de la Unión Europea, con el fin de asegurar su plena efectividad y evitar disfunciones en su aplicación.

Del mismo modo, resulta urgente garantizar la existencia de reservas suficientes de volumen y de capacidad de tratamiento en las instalaciones de eliminación de residuos, tanto de titularidad pública como privada, con el fin de asegurar una respuesta inmediata y eficaz ante situaciones de emergencia que puedan producirse.

Las medidas contenidas en este decreto ley guardan una relación directa e inmediata con la situación descrita, existiendo la necesaria conexión de sentido entre las circunstancias que justifican la extraordinaria y urgente necesidad y las disposiciones que se adoptan, al ir todas ellas dirigidas a corregir de forma inmediata disfunciones normativas existentes, evitar la prolongación de situaciones de conflicto competencial y reforzar la seguridad jurídica y la eficacia de la actuación administrativa.

En consecuencia, concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que habilitan al Consell para dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de Decreto ley, al resultar imprescindible una intervención normativa inmediata que no puede demorarse a la tramitación ordinaria de una ley sin comprometer gravemente la efectividad de las potestades públicas de control, vigilancia y protección ambiental, ni la adecuada gestión de los residuos generados en el territorio de la Comunitat Valenciana.

En particular, la demora en la adopción de las medidas previstas podría dificultar la adecuada vigilancia, control y trazabilidad de los traslados de residuos, comprometer la disponibilidad efectiva de capacidad de eliminación suficiente para atender tanto las necesidades ordinarias de gestión como eventuales situaciones de emergencia, así como favorecer supuestos de acumulación temporal de residuos o de saturación de instalaciones de tratamiento y eliminación. Tales circunstancias podrían derivar en afecciones a la salud pública por la exposición de la población y de las personas trabajadoras a agentes contaminantes, en impactos ambientales significativos sobre los suelos, las aguas y los ecosistemas, así como en un incremento de los riesgos para la seguridad de las personas asociados a incendios, explosiones, accidentes o incidentes vinculados al almacenamiento, transporte o gestión de residuos.

Asimismo, la persistencia de las disfunciones normativas y de los conflictos interpretativos derivados del actual marco regulatorio podría comprometer la aplicación homogénea de la legislación ambiental, dificultar la actuación de las administraciones públicas competentes y de los operadores afectados y menoscabar la capacidad de respuesta inmediata de los poderes públicos ante situaciones sobrevenidas que requieran una gestión ágil y eficaz de los residuos. La eventual insuficiencia o indisponibilidad de capacidad autorizada para la eliminación de residuos, especialmente en escenarios de emergencia ambiental, contingencias industriales o episodios extraordinarios de generación de residuos, podría comprometer la continuidad de un servicio de interés público esencial para la protección de la salud humana, del medio ambiente y de la seguridad colectiva.

Todo ello justifica la necesidad de una actuación legislativa urgente e inmediata que no puede demorarse a la tramitación ordinaria de una ley, al objeto de preservar los intereses generales afectados, garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas de la normativa estatal y europea y asegurar un elevado nivel de protección de la salud pública, del medio ambiente y de la seguridad de las personas.

VII

Esta norma se articula sobre los principios de necesidad, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia previstos en el artículo 59 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se justifica por la existencia de una obligación institucional derivada del Acuerdo de 24 de febrero de 2026, adoptado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-Generalitat, que impone la adaptación de normativa autonómica para resolver discrepancias competenciales surgidas tras la aprobación del Decreto ley 6/2025, de 7 de mayo.

La intervención normativa resulta, por tanto, necesaria para garantizar la seguridad jurídica y evitar la eventual interposición de conflictos constitucionales. Asimismo, la norma constituye el instrumento más eficaz para dar respuesta a las restantes necesidades identificadas, tales como la adaptación a la normativa europea, la corrección de disfunciones que han generado litigiosidad y la adecuación del régimen de gestión de residuos.

En atención al principio de proporcionalidad, la norma proyectada contiene las modificaciones imprescindibles para atender las obligaciones asumidas y corregir los déficits detectados en el ordenamiento vigente, sin imponer cargas innecesarias o accesorias. Su contenido se limita a lo estrictamente necesario para garantizar la adecuación normativa al marco constitucional y europeo, así como para mejorar la operatividad de los regímenes afectados.

Asimismo, en aplicación del principio de seguridad jurídica, la iniciativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en particular con la normativa básica estatal y el Derecho de la Unión Europea.

La norma contribuye a reforzar la certeza y estabilidad del marco normativo al resolver las discrepancias competenciales existentes, corregir el régimen transitorio vigente y clarificar el régimen aplicable en materia de residuos. Igualmente, en cumplimiento del principio de transparencia, dado que se trata de un Decreto ley promovido por razones de extraordinaria urgencia, se ha prescindido en su elaboración del trámite de consulta pública previa y audiencia ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 4/2023, de 13 de abril, de participación ciudadana y fomento del asociacionismo de la Comunitat Valenciana.

En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa evita cargas administrativas innecesarias o redundantes, al tiempo que optimiza la utilización de los recursos públicos mediante la clarificación de procedimientos y la reducción de la litigiosidad asociada a disfunciones normativas. Asimismo, favorece una gestión más eficaz de las actuaciones en materia ambiental, especialmente en contextos de emergencia.

Finalmente, de conformidad con el artículo 5.2 de la Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, las modificaciones introducidas se realizan, en la medida de lo posible, mediante la aprobación de nuevas redacciones completas de los preceptos afectados, integrando las modificaciones anteriores con el fin de evitar la fragmentación normativa y reforzar la coherencia del ordenamiento.

VIII

Por otra parte, la modificación de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de fundaciones de la Comunitat Valenciana, tiene por objeto reforzar la proporcionalidad, claridad y seguridad jurídica del régimen de contratación entre las fundaciones y los miembros de sus patronatos, sus representantes y determinados parientes, configurando un sistema graduado y objetivo de control que reserva la autorización previa del Protectorado para las operaciones de mayor relevancia económica, patrimonial, temporal o susceptibles de generar un conflicto de intereses, y somete las restantes contrataciones a un régimen de comunicación con garantías de transparencia, adecuación a mercado y abstención del patrono afectado.

La reforma precisa, asimismo, el momento a partir del cual pueden formalizarse y producir efectos los contratos sujetos a cada modalidad de control, habilita el desarrollo reglamentario de los aspectos procedimentales y completa el régimen de las autorizaciones mediante la determinación expresa del plazo máximo para resolver y notificar, su posible ampliación motivada, los efectos desestimatorios del silencio y la suspensión del cómputo por causa imputable al interesado.

Con ello se articula en el propio artículo 22 un marco unitario y coherente para estas operaciones, orientado a compatibilizar la agilidad de la gestión fundacional con la protección del patrimonio y de los fines de interés general de la fundación.

La extraordinaria y urgente necesidad de la presente modificación deriva de los efectos que produce el régimen actualmente vigente de contratación entre las fundaciones y los miembros de sus patronatos, sus representantes y personas vinculadas, que quedan sometidas, con carácter general, a la presentación de una comunicación al Protectorado, pudiendo iniciarse la contratación desde el momento en que dicha comunicación se efectúa. Este régimen resulta aplicable igualmente a operaciones de especial relevancia para la integridad del patrimonio y el cumplimiento de los fines fundacionales.

La situación descrita exige una intervención normativa inmediata, incompatible con los plazos propios de la tramitación legislativa o reglamentaria ordinaria. Por ello, esta norma responde a una finalidad de interés general claramente identificada y constituye el instrumento más adecuado para alcanzar los objetivos perseguidos.

Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, la validez del recurso al Decreto ley exige la concurrencia de dos elementos: de una parte, la explicitación razonada de las circunstancias que justifican la extraordinaria y urgente necesidad y, de otra, la existencia de una conexión directa entre la situación de urgencia identificada y las medidas adoptadas para hacerle frente.

En el presente caso, las circunstancias que justifican la extraordinaria y urgente necesidad derivan de la conveniencia de que sus efectos se proyecten de manera inmediata abogando por un control más proporcionado sobre el funcionamiento de las fundaciones. Por una parte, se reserva la necesaria autorización previa del Protectorado para las operaciones que, por su importe, objeto, duración, carácter recurrente o circunstancias concurrentes, presentan una mayor relevancia patrimonial o un riesgo más intenso de conflicto de intereses. Y, por otra parte, se agiliza la gestión fundacional, permitiendo que las contrataciones de menor riesgo puedan formalizarse y ejecutarse desde la presentación de la comunicación, evitando que el control administrativo previo se proyecte de forma indiferenciada sobre todas las operaciones.

Existe así una conexión directa entre la situación que exige una respuesta normativa inmediata y las medidas adoptadas: frente al riesgo de que durante la vigencia del régimen actual puedan consumarse operaciones patrimoniales relevantes antes de que el Protectorado pueda desarrollar eficazmente sus funciones de tutela, la norma restablece el control previo únicamente en los supuestos en que dicho riesgo alcanza una intensidad suficiente para justificarlo. Al mismo tiempo, preserva la simplificación administrativa respecto de las operaciones de menor relevancia, evitando imponer cargas desproporcionadas a las fundaciones.

La presente iniciativa normativa se ajusta a los principios de buena regulación previstos en el artículo 59 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana. Responde a los principios de necesidad y eficacia, al resultar preciso establecer un sistema de control proporcionado de las autocontrataciones vinculadas que permita anticipar la intervención del Protectorado en aquellas operaciones que presentan un riesgo cualificado para el patrimonio o los fines fundacionales.

Asimismo, respeta el principio de proporcionalidad, al reservar la autorización previa únicamente para los supuestos de mayor relevancia económica, patrimonial, temporal o de conflicto de intereses, manteniendo para las restantes operaciones un régimen de mera comunicación. La regulación refuerza la seguridad jurídica al establecer criterios objetivos que permiten determinar con claridad el régimen aplicable a cada operación y se integra de forma coherente en la regulación del artículo 22 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre.

Finalmente, responde al principio de eficiencia, al evitar cargas administrativas innecesarias para las fundaciones y concentrar los recursos del Protectorado en las operaciones que requieren un control previo más intenso, sin generar nuevas cargas presupuestarias para la Generalitat.

Por todo lo expuesto, a propuesta conjunta del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación y de la consellera de Servicios Sociales y Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 6 de noviembre de 2026,

DECRETO