EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DECRETO ley 8/2026, de 9 de noviembre, Canarias, normas para dar cumplimiento a los Acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias

I

Justificación del Decreto ley ómnibus de carácter transversal

Según la doctrina constitucional el decreto ley representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; 189/2005, de 7 de julio, FJ 3; 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 5; 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 6; 68/2007, de 28 de marzo, FJ 6; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 4, y 35/2017, de 1 de marzo, FJ 3). En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los decretos leyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se traduce en que la necesidad justificadora de los decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud (SSTC 125/2017, de 7 de julio, FJ 2, y 152/2017, de 21 de diciembre, FJ 3, en ambos casos con cita de la STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5).

La reiterada doctrina constitucional acerca del presupuesto habilitante del decreto ley se desprende que la apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad es un juicio político que corresponde al Gobierno (titular de la potestad legislativa de urgencia) y al Parlamento de Canarias (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley).

La utilización de los decretos leyes, sin embargo, resulta con frecuencia una técnica controvertida, que exige al Gobierno ejercer dicha facultad dentro de los límites previstos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía; debiendo justificar igualmente la concurrencia de aquellas circunstancias fácticas o jurídicas que habilitan al Ejecutivo para recurrir a la legislación de urgencia. El presente Decreto ley es aun más singular, pues, en aras de articular una solución normativa óptima, persigue unificar en un único cuerpo legal todas las respuestas normativas identificadas por los Departamentos del Gobierno para hacer frente a diferentes necesidades inaplazables. De este modo, el presente Decreto ley tiene por objeto la aprobación de diecinueve normas principalmente modificativas, aunque también de carácter ex novo; configurando así, en definitiva, una norma con fuerza de ley de contenido heterogéneo.

Un decreto ley de carácter transversal no resulta frecuente en nuestro ordenamiento, aunque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional proyecta sobre dicha figura su doctrina sobre las denominadas «leyes ómnibus», recordando que «el dogma de la deseable homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo insalvable que impida al legislador dictar normas multisectoriales, pues tampoco existe en la Constitución precepto alguno, expreso o implícito, que impida que las leyes tengan un contenido heterogéneo» (STC 136/2011, de 13 de septiembre). En este sentido, el Alto Tribunal ha tenido ocasión de recordar su doctrina sobre esta materia en la STC 199/2015, de 24 de septiembre (FJ 3) expresando lo siguiente:

«(...) el Tribunal ha profundizado en la cuestión planteada, avanzando en la idea de que las leyes ómnibus o leyes transversales (STC 132/2013, d 5 de junio, FJ 1), no son, por el mero hecho de su compleja estructura interna, lesivas de precepto constitucional alguno. La STC 132/2013, de 5 de junio, resume nuestra jurisprudencia en la materia, recurriendo a lo resuelto en las SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, 176/2011, de 8 de noviembre, y 209/2012, de 14 de noviembre, y afirmando que: a) no existe ningún óbice, desde «el punto de vista constitucional que impida o limite la incorporación a un solo texto legislativo, para su tramitación conjunta en un solo procedimiento, de multitud de medidas normativas de carácter heterogéneo»; b) el contenido heterogéneo de las leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social «no modifica su naturaleza de ley ordinaria, ni, por ende, altera su relación con las demás normas que integran el Ordenamiento jurídico», porque no alteran el sistema de fuentes establecido por nuestra Constitución; c) las leyes ómnibus no tienen por qué atentar contra el principio democrático consagrado por nuestra Constitución (artículo 1.1), ya que este impone que la formación de la voluntad de las Cortes Generales se articule «a través de un procedimiento cuyos rasgos estructurales ha prescrito el texto constitucional» y en el que opera el «principio mayoritario y, por tanto, la consecución de una determinada mayoría como fórmula para la integración de voluntades concurrentes»; d) este tipo de leyes tampoco infringen de forma automática el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), porque tienen un objeto que, «aunque heterogéneo, está perfectamente delimitado en el momento de presentación del proyecto al Congreso de los Diputados, teniendo todos sus eventuales destinatarios (operadores jurídicos y ciudadanos) conocimiento del mismo mediante su publicación en el ''Diario Oficial de las Cortes Generales'', como finalmente tienen conocimiento del texto definitivo mediante su inserción en el ''Boletín Oficial del Estado''»; e) y, por último, para que una eventual lesión de las reglas de procedimiento parlamentario por una ley de este tipo, sea constitucionalmente relevante, es preciso acreditar que el alcance de tal lesión era de tal magnitud que hubiese alterado, «no de cualquier manera, sino de forma sustancial, el proceso de formación de la voluntad de una Cámara, habiendo afectado, en consecuencia, al ejercicio de la función representativa inherente al estatuto del parlamentario» (STC 132/2013, FJ 1, y jurisprudencia allí citada)».

Precisamente a la luz de la jurisprudencia constitucional relativa a las decretos-leyes ómnibus, el Alto Tribunal español ha subrayado que «la Constitución no contempla otros límites materiales para la elaboración de estos últimos, que los contenidos en el párrafo 1 del artículo 86 CE, y que se refieren a la interdicción de regular, mediante decreto-ley, cuestiones que afecten «al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». Si puede deducirse de la jurisprudencia previamente citada que las leyes de contenido heterogéneo son un continente constitucionalmente admisible, aunque técnicamente mejorable, para recoger medidas diversas de política económica, también puede aceptarse la existencia de decretos-leyes transversales, que actúen como disposición en que se contenga una política económica de urgencia; eso sí, en los términos y con los límites que el presupuesto habilitante reflejado en el artículo 86.1 CE impone. Dicho de otro modo, nada se opone en el texto constitucional a que un decreto-ley contenga medidas normativas de carácter heterogéneo, siempre que las mismas no afecten a las materias que le están constitucionalmente vedadas a dicho tipo de fuente» (STC 199/2015, de 24 de septiembre, FJ 3).

Por consiguiente, procede señalar, en primer término, que el presente Decreto-ley respeta escrupulosamente los límites previstos expresamente en los artículos 45 y 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias; y, asimismo, asegurar que cada una de las diferentes medidas que articulan su contenido responde a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. En este sentido, los Departamentos del Gobierno han examinado y justificado el cumplimiento de estos requisitos en relación con las medidas aprobadas en este Decreto ley; tal y como se explica debidamente a continuación; sin perjuicio del análisis más minucioso que se recoge en el correspondiente expediente administrativo.

II

Contenido y estructura del Decreto ley

Es relevante subrayar que la aprobación de este Decreto ley permite evitar la proliferación de diferentes decretos-leyes de carácter sectorial, que originarían una mayor inseguridad jurídica al multiplicar la dimensión de nuestro de ordenamiento; partiendo evidentemente de la concurrencia de diferentes causas que justifican la intervención normativa del Ejecutivo a través de un decreto ley. El conjunto de medidas normativas que se aprueban a través del presente Decreto ley se distribuye en torno a cinco ámbitos sectoriales, reflejándose sistemáticamente en los cuatro Títulos y en las cuatro disposiciones finales que estructuran el contenido de la norma. Las cuatro disposiciones finales, por su parte, establecen el plazo máximo de resolución y notificación en los procedimientos sancionadores en materia de industria; recuerdan la conservación del rango normativo original de los preceptos reglamentarios modificados por el presente Decreto ley; reconocen la facultad a las personas titulares de los Departamentos competentes para dictar las disposiciones se requieran para la aplicación efectiva de lo establecido en el presente Decreto ley; y finalmente, se determina la inmediata entrada en vigor de este.

En primer lugar, se aprueban dos modificaciones legales que tienen por objeto dar cumplimiento a los Acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, y el Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En relación con el cumplimiento de este tipo de Acuerdos, también procede recordar la necesaria modificación de los artículos 79 y 129 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. Si bien, dado que este cuerpo normativo ha sido objeto de una profunda revisión en aras de mejorar y favorecer el desarrollo de los procedimientos jurídicos que ampara, las correspondientes modificaciones se integran en el presente Decreto ley en el Título IV «Normas que regulan la actividad administrativa sectorial».

En segundo lugar, el presente Decreto ley aprueba medidas de naturaleza tributaria aprobando la modificación puntual del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Más numerosas, en cambio, son las medidas normativas que se adoptan con la finalidad de optimizar la organización y el funcionamiento del sector público autonómico, comprendiendo en este caso las modificaciones que afectan a la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias; al Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial; al Decreto 18/2009, de 10 de febrero, por el que se crea el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual y el Certificado Canario de Producción Audiovisual respecto de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias; a la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias; al Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones; al Decreto 30/2004, 23 marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación; y a la Ley 1/2023, de 1 de marzo, del Sistema Público de Cultura de Canarias.

En cuarto lugar, el presente Decreto ley aprueba diversas normas que afectan a la regulación de la actividad administrativa sectorial. En este sentido, se modifica la Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias; el Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112; la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias; el Decreto 6/2015, 30 enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias; la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias; la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo; así como la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias.

En último lugar, el Decreto ley recoge una serie de disposiciones finales que definen el régimen jurídico aplicable respecto a la duración de los procedimientos sancionadores en materia de industria; el mantenimiento del carácter reglamentario de las disposiciones de dicha naturaleza que sean objeto de modificación por parte del presente Decreto ley; una única disposición derogatoria y la inmediata entrada en vigor del mismo.

III

Aspectos técnico-jurídicos y justificación de las medidas para el cumplimiento
de los Acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias

Al amparo del artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los Acuerdos formalizados por las Comisiones Bilaterales de Cooperación para resolver discrepancias y concluir controversias sobre la constitucionalidad de normas autonómicas con rango de ley permiten decidir la supresión de determinados preceptos legales. Una posibilidad de actuación institucional que genera una situación de inseguridad jurídica acerca de la vigencia de la norma, que se reconoce que debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.

El cese de la inseguridad jurídica sobre la vigencia de normas legales aplicables y el principio de lealtad constitucional justifican la extraordinaria y urgente necesidad para acometer en decreto-ley autonómico la derogación de los preceptos legales o parte de ellos que estén afectados de inconstitucionalidad. La pervivencia en los textos legales de preceptos que debieran ser expulsados del ordenamiento por inconstitucionales, según lo acordado por la Comisión Bilateral, propicia la situación de error, o irrazonabilidad en la selección de la norma aplicable con la consiguiente posibilidad vulneración del derecho a una resolución fundada en derecho. Este argumento constitucional correspondiente a procesos judiciales es también válido y trasladable a la elección de la norma aplicable en los procedimientos administrativos que apliquen una norma legal que debiera ser derogada, en este caso expulsada del ordenamiento jurídico.

En este sentido el Tribunal Constitucional (STC 117/2024, de 23 de septiembre)
considera arbitraria y manifiestamente irrazonable en términos constitucionales la selección de la norma aplicable cuando se trata de norma derogada decisiva para el fallo: «... cuando se aplica una norma derogada que resulta decisiva para el fallo, lo que convierte en irrazonable la elección de la norma aplicable, de tal manera que no puede afirmarse que estemos ante una decisión fundada capaz de satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 CE (STC 203/1994, de 11 de julio, FJ 3). Y es que, como recuerda la STC 99/2000, de 10 de abril, FJ 6, 'el derecho de tutela judicial efectiva exige que las resoluciones judiciales al decidir los litigios sean fundadas en Derecho, y ese fundamento desaparece cuando con total evidencia se omite la consideración de la norma aplicable, y se decide mediante la aplicación de normas que han perdido su vigencia'».

Desde esta perspectiva, y como un antecedentes destacado, cabe traer a colación precisamente la aprobación del primer decreto ley canario, el Decreto ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, tuvo por objeto cumplir con este mismo propósito en un contexto muy similar al actual, en el que fue preciso aprobar con la mayor celeridad las modificaciones puntuales identificadas en los Acuerdos publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias. La dilación en el cumplimiento de estos compromisos supondría un grave riesgo para la seguridad jurídica, en cuanto que coincidirían en el tiempo la vigencia de preceptos que no han sido modificados o derogados con publicaciones oficiales que advierten el compromiso institucional de llevar a cabo tales operaciones jurídicas.

Las medidas normativas dirigidas a dar cumplimiento a determinados Acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias constituyen la única vía para garantizar la efectiva realización del principio de lealtad institucional que fundamenta la existencia del mencionado órgano de cooperación bilateral, al amparo del artículo 33.2.c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Concretamente, por lo que se refiere a la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, se lleva a cabo la modificación de su artículo 58-ter, añadiendo una letra c); y se modifica el apartado 1.h) del artículo 58-quater. Igualmente se suprime el contenido de la letra c) en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 58-quater y se modifica el artículo 58-quinquies, el apartado 5 del artículo 58 septies y el apartado 3 del artículo 58-novies. También se suprime artículo 58-sexies, reordenándose los artículos posteriores de modo que los artículos 58-septies, 58-octies y 58-novies pasan a ser los artículos 58-sexies, 58-septies y 58-octies, respectivamente.

Por otra parte, la eliminación del procedimiento de autorización de las actividades de turismo acuícola en cumplimiento del referido Acuerdo de la Comisión bilateral y su sustitución por comunicación previa, determina la supresión del artículo 58-sexies y la renumeración de los artículos posteriores. Como consecuencia de ello, las referencias contenidas a los artículos 74-ter.d) y m), así como en el anexo deben realizarse a los nuevos artículos ya renumerados.

Igualmente, la sustitución de la autorización por comunicación previa determina la modificación del artículo 58-quater.f), así como de determinados preceptos del régimen sancionador de las actividades de turismo acuícola, en concreto, se adaptan al sistema de comunicación previa para el ejercicio de la actividad, los artículos 74-bis.a), 74-ter.a) y 78-bis.

La Ley 15/2019, de 2 de mayo, modifica la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, ampliando el objeto de la misma mediante la regulación de las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola y turismo marinero, en tanto complementarias del sector pesquero de las islas.

En su artículo 1, apartado tercero, añade al Título III de la Ley 17/2003, titulado "De la ordenación del sector pesquero", un nuevo Capítulo III "De las actividades de pesca turismo, turismo acuícola y turismo marinero" que se incluye los artículos 58-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies y novies.

Tras su publicación en el BOC n.º 94, de 17 de mayo de 2019, la Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, plantea una serie de discrepancias competenciales en relación con el apartado tercero de dicho artículo único.

En aplicación del procedimiento previsto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y tras las negociaciones del grupo de trabajo constituido para el estudio y propuesta de solución de las referidas discrepancias, se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (BOE n.º 33, de 7 de febrero de 2020), en virtud del cual esta Comunidad Autónoma se compromete a promover la correspondiente iniciativa legislativa en orden a solventar las discrepancias manifestadas en relación con el apartado tercero del artículo único de la Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación de la Ley 17/2003, conforme a los compromisos que en dicho Acuerdo se establecen.

La iniciativa para la modificación legislativa fue incluida en el anteproyecto de ley de medidas administrativas, económicas y sociales de Canarias impulsado por la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través del cual se modificaban diversas leyes. No obstante, dicho anteproyecto de ley no culminó su tramitación como proyecto de ley en la pasada legislatura, quedando pendientes de cumplimiento los compromisos adquiridos con el Estado.

Por lo que se refiere al Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se modifica únicamente su artículo 1.2. Esta modificación representa la expresión del compromiso del Gobierno para clarificar cualquier duda sobre el precepto, de conformidad con el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias sobre el Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Igualmente, a través del Acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 118, de 15 de junio de 2026, la Comunidad Autónoma asumió el compromiso de promover la correspondiente modificación legislativa a fin de suprimir la redacción que contempla la disposición final 6.4 de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, en relación con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria; considerando que dicha redacción contraviene el orden constitucional de distribución de competencias. Para dar cumplimiento a este mandato se contempla la correspondiente derogación normativa en la disposición derogatoria del presente Decreto ley.

Por otra parte, como se indicó anteriormente, la modificación de los artículos 79 y 129 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, responde a la finalidad de cumplir los compromisos institucionales asumidos en el marco del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con dicha ley (BOE n.º 33, de 7 de febrero de 2020). No obstante, dado que este cuerpo normativo es objeto de otras modificaciones relevantes, desde la perspectiva sistemática es más adecuada su integración en el Título IV del presente Decreto ley. En cualquier caso, conviene recordar que la propuesta normativa que se introduce en el presente Decreto ley fue sometida al informe del Foro de Gobernanza del Patrimonio Cultural de Canarias, en la sesión del Consejo de Colaboración Insular, de 23 de julio de 2026, así como también del Consejo Municipal de Canarias.

IV

Aspectos técnico-jurídicos y justificación de las medidas de naturaleza tributaria

Por lo que se refiere al Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, se aprueba una modificación de la letra h) de su artículo 48. En concreto, se incorpora una nueva exención para las inserciones de declaraciones e informes de impacto ambiental de proyectos de competencia autonómica, buscando una mayor seguridad jurídica para los promotores de estos proyectos y teniendo en cuenta el carácter incidental del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos y por tanto su naturaleza de actos de trámite dentro del procedimiento autorizatorio.

No obstante, pese a que son actos que finalizan el procedimiento ambiental, debe tenerse en cuenta que su naturaleza jurídica se asimila a la propia de los informes determinantes, revistiéndose además de un carácter preceptivo en virtud del cual deben incorporarse necesariamente en otro procedimiento principal o sustantivo, en el marco del cual, en un momento posterior y por la actuación de otro órgano distinto al ambiental, se autorizará o aprobará el proyecto de que se trate.

A estos efectos, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 41.2 de la citada norma estatal básica, la declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, afirmación que casa a la perfección con el concepto previsto en el artículo 5.3.d) que la define como informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Del mismo modo se pronuncia el artículo 5.3.e), determinando que el informe de impacto ambiental es un informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.

Conforme a estas regulaciones, se obtiene que la finalidad de ambas técnicas ambientales es la de obtener las condiciones en las que puede desarrollarse un proyecto en función de sus efectos significativos en el medio ambiente, de forma que la evaluación sea tenida en cuenta por el órgano sustantivo y las mismas queden incorporadas en el acto principal o autorizatorio posterior, tal y como prescriben los artículos 42 y 48 LEA.

Como consecuencia de esta naturaleza instrumental, estos procedimientos de evaluación ambiental no se instruyen a solicitud de una persona física o jurídica, sino de otro órgano administrativo que se erige como sustantivo, por ser el que autoriza el proyecto o toma conocimiento del mismo en el régimen de comunicación previa (artículo 5.1.d LEA).

Esta naturaleza jurídica de la Declaración y del Informe de Impacto Ambiental como actos de trámite, pese a su vocación finalizadora de la evaluación ambiental, puede inferirse igualmente por el hecho de que ambas figuras no sean recurribles directamente, sin perjuicio de los recursos que procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto (artículos 41.4 y 47.5 LEA).

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el trámite de publicación ha pasado a tener una función muy particular dentro del procedimiento de evaluación ambiental. Efectivamente, esta norma dio nueva redacción a los citados artículos 41 y 47, de forma que el dies a quo de la vigencia de ambas figuras pasó a ser la fecha de su publicación en el diario oficial correspondiente.

Por tanto, si bien el trámite de publicación en el diario oficial que corresponda no es requisito de eficacia del acto administrativo que finaliza la evaluación ambiental, sí que tiene una gran importancia desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pues el transcurso de la vigencia determinará la invalidez del pronunciamiento ambiental emitido para incorporarse al procedimiento principal y la necesidad, por tanto, de realizar una nueva evaluación ambiental en caso de producirse la caducidad de la DIA o el IIA. Ello refuerza, a nuestro entender, la consideración de que la publicación de estos actos resulta ser una obligación de la Administración, en concreto del órgano ambiental, y que el cumplimiento de tal obligación no puede dejarse depender de la voluntad del promotor de un proyecto a la hora de aceptar su condición de sujeto pasivo de la tasa, en los términos del artículo 47.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tanto el artículo 41.3 como el 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, determinan la publicación de la declaración y del informe de impacto ambiental en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial correspondiente. Por ello, teniendo en cuenta la distribución competencial en función de la Administración autorizante que dibuja la referida previsión de la Ley 4/2017, de 13 de julio, la publicación en el Boletín Oficial de Canarias solo resulta exigible respecto de las declaraciones e informes de impacto ambiental que se formulen respecto de proyectos de competencia autonómica. En el resto de los casos (proyectos de competencia municipal o insular), la publicación se realizará en el diario oficial de la provincia que corresponda.

Esta función de la publicación al servicio del cómputo de la vigencia resulta especialmente relevante en el caso de los informes de impacto ambiental que determinen que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Y es que según el apartado 4 del artículo 47 de la Ley de evaluación ambiental, en este supuesto el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en los siguientes apartados. Esto supone que la falta de publicación del IIA impedirá iniciar el cómputo de su vigencia, afectando por tanto no sólo a la seguridad jurídica, sino a la propia finalidad del informe y a la intención del legislador ambiental que no permite ampliar los efectos del pronunciamiento ambiental más allá de los cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde excepcionalmente su prórroga por dos años adicionales por los cauces que previstos en los apartados 6 a 9 del mismo precepto legal.

Este carácter irrenunciable de la publicación de los actos finalizadores de la evaluación ambiental se muestra en particular en los casos en que, tras la evaluación, tenga que dictarse una declaración o un informe de impacto ambiental desfavorable, pues se trata de un escenario en el que, pese a no beneficiarse en modo alguno al promotor, el legislador estatal no hace distingo e impone igualmente la publicación. Se considera que, en tales supuestos, en caso de que un determinado promotor se niegue a abonar la tasa de publicación por entenderse perjudicado, algo que sucede habitualmente en la práctica, se está abocando al órgano ambiental actuante a incumplir un mandato legal.

Otro supuesto en el que se aprecia esta configuración de la publicación de la DIA o el IIA como una obligación de la Administración es el procedimiento de resolución de discrepancias regulado en el artículo 12 de la LEA, pues el plazo que se le otorga al órgano sustantivo para presentar su escrito de discrepancias ante el órgano ambiental se cuenta desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Por tanto, en el caso de darse una negativa al pago de la tasa por parte del promotor afectado, la consecuencia será que dicho plazo no puede llegar a computarse.

Todo lo anterior supone nos lleva a concluir que la publicación de estos actos de trámite, en sí misma y debido a su naturaleza de informe, ya analizada en el punto anterior, no puede constituir nunca un beneficio a favor de un tercero privado, más allá del efecto de permitir la mera continuación del procedimiento principal, que podrá concluir con el otorgamiento o denegación de la autorización.

Debe aclararse que es esa potencial autorización la que será en su caso otorgada a través de un acto administrativo dictado por el órgano sustantivo en el marco del procedimiento principal y cuya publicación, como título habilitante, devengará la tasa de publicación por beneficiar en concreto a una persona física o jurídica de carácter privado. Dicho de otro modo, se estima que devengar la tasa de publicación en el BOC a la inserción de una DIA o de un IIA puede suponer una doble imposición para el promotor, en la medida en que se le exige el pago de dicha tasa con ocasión del trámite ambiental, primero (evaluación ambiental), y del dictado de la autorización, después (título habilitante).

Las modificaciones previstas en el presente Decreto ley también buscan, entre otras pretensiones, dotar de cobertura jurídica la implantación de las líneas de conexión vinculadas a instalaciones de producción de energía renovable, amparadas por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, siendo el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias atribuidas, en materia de energía, ordenación del territorio y medio ambiente conforme a la regulación del Estatuto de Autonomía de Canarias.

La habilitación se limita a infraestructuras lineales de escasa incidencia territorial, cuyo trazado se condiciona a terrenos de titularidad del promotor o sobre los que ostente derecho jurídico habilitante con posesión, garantizando el respeto al derecho de propiedad, la seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad, y contribuyendo a la transición energética y al uso racional del territorio.

En aras de favorecer las líneas de evacuación, que se encuentren en suelos rústicos, y que hagan inviable la autorización de la instalación de generación.

La urgencia en la adopción de la medida, y en consecuencia la necesidad de adoptarla a través de la figura del decreto ley, se encuentra en la experiencia acumulada sobre la materia de la que se evidencia que los problemas territoriales por falta de adaptación de los instrumentos previstos para ello frustran en no pocas ocasiones proyectos de instalaciones eléctricas de gran interés para nuestra comunidad autónoma a pesar de que la afección producida por las líneas de evacuación de estas sea de escasa entidad.

V

Aspectos técnico-jurídicos y justificación de las medidas
en materia de organización y funcionamiento

En materia de consumo, el Decreto ley modifica la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Canarias, con el fin de actualizar su regulación, reforzar su coherencia con la normativa básica estatal, garantizar la seguridad jurídica y mejorar la eficacia administrativa.

La reforma precisa el alcance del artículo 24 en relación con los mecanismos de resolución voluntaria de conflictos y reclamaciones en materia de consumo, estableciendo que estos comprenden la mediación y el arbitraje de consumo, sin perjuicio de otros mecanismos previstos en la normativa aplicable. En particular, se incorpora un nuevo artículo 24 bis, que establece las bases legales necesarias para el posterior desarrollo del sistema autonómico de mediación de consumo, como instrumento orientado a favorecer una solución ágil, voluntaria y eficaz de las controversias entre las personas consumidoras y usuarias y las personas empresarias o profesionales, fomentando el consenso entre las partes.

Asimismo, se actualiza el régimen sancionador en materia de consumo mediante la modificación de los artículos 39.2, 42.1 y 44, relativos, respectivamente, a la distribución interna de la potestad sancionadora, a la escala de sanciones aplicable a las infracciones leves, graves y muy graves, y al régimen de prescripción, caducidad y procedimiento sancionador. Con ello se adecúa la normativa autonómica al marco básico estatal vigente y se refuerza la coherencia de la legislación canaria de consumo con la normativa vigente aplicable.

La modificación del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, en relación con:

a) El régimen de horarios comerciales y de apertura en domingos y festivos.

b) El régimen de títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad comercial.

c) La regulación de la actividad comercial de venta a distancia.

d) La promoción y fomento de la actividad comercial, las zonas comerciales abiertas y los mercados tradicionales.

e) La regulación de los Planes Insulares de Zonas Comerciales Abiertas y Mercados Tradicionales.

f) La inclusión de los servicios de bares, restaurantes y hostelería en general como parte integrante de las zonas comerciales y de la actividad comercial a los efectos de la política y acciones y programas de fomento.

En relación con la justificación de la vía de la legislación de urgencia para llevar a cabo esta modificación normativa resulta pertinente considerar que el sector comercial y la hostelería en Canarias constituyen un elemento esencial del sistema productivo autonómico, estrechamente vinculado al turismo, principal motor económico del archipiélago. Se podría decir que el comercio y la hostelería constituyen dos eslabones más de la cadena de la actividad turística.

En este contexto, los datos disponibles reflejan una intensificación de la demanda turística, que incide directamente sobre el sistema comercial: Canarias ha superado los 18 millones de turistas anuales, alcanzando cifras en torno a 18,3-18,6 millones de visitantes, lo que supone máximos históricos.

Este volumen de afluencia turística genera una elevada presión sobre la actividad comercial y los servicios de hostelería, integrados en las zonas comerciales abiertas, en las zonas comerciales turísticas o en las zonas comerciales rurales, especialmente en zonas turísticas, imponiendo patrones de consumo intensivos, con especial concentración en fines de semana y festivos, y determinando una demanda creciente de flexibilidad horaria en la oferta comercial.

Así mismo, es urgente la adaptación de nuestro modelo de zona comercial a un nuevo tipo de consumidor omnicanal, que es el centro de la relación, y que exige experiencias positivas integrales, esto es, un mix de turismo-comercio-ocio integrado en espacios únicos en los que no existan obstáculos a sus decisiones de compra o a sus experiencias.

Los indicadores económicos muestran una evolución positiva, aunque limitada, del comercio minorista. No obstante, esta evolución coexiste con un tejido empresarial en el que más del 95% de las compañías comerciales cuentan con menos de 10 empleados, lo que las clasifica como microempresas, que se enfrentan a la persistencia de dificultades estructurales en el sector.

El comercio en el archipiélago canario viene experimentando desde 2008 una reducción de su tejido empresarial, pero con comportamiento diferencial en distintos periodos: a una caída acelerada en el número de empresas entre 2008 y 2015, le siguió un periodo de estabilidad entre 2015 y 2019, y de nuevo una caída tras la COVID-19, cuyos efectos han continuado percibiéndose entre 2020 y 2024. Así, el número de empresas pasó de 36.670 en 2008 a 26.213 en 2024.

La reducción del número de establecimientos en determinados segmentos del comercio físico se ve igualmente reflejada en las estadísticas: en junio de 2025 existían en Canarias 13.399 empresas comerciales con trabajadores inscritas en la Seguridad Social, lo que supone 203 menos que hace un año. El comercio minorista concentró la mayor parte de esta pérdida, con 158 negocios menos, mientras que la venta y reparación de vehículos y el comercio mayorista también se redujeron, pero en menor medida, con 8 y 37 empresas menos respectivamente.

El escenario descrito evidencia la necesidad de reforzar la competitividad y capacidad de adaptación de nuestro tejido comercial.

El aumento del peso del comercio online ha introducido una competencia directa sobre el comercio físico, operando sin limitaciones horarias. Este fenómeno genera una situación de competencia asimétrica, que exige la adaptación del marco normativo aplicable al comercio presencial.

Situación de la hostelería y su integración en las zonas comerciales para definir un solo ámbito de actuación en materia de fomento.

El sector de la restauración y la hostelería en general representa el 9% de todo el Valor Añadido Bruto de la economía canaria. Canarias es la segunda región de España donde los bares y restaurantes tienen más peso en su economía local, solo superada por Baleares (12,1%). Esto sitúa a las islas muy por encima de la media nacional y europea en especialización hostelera.

Alrededor del 87% de los establecimientos hosteleros de las islas corresponden al subsector de la restauración (bares, cafeterías, pubs y restaurantes), dejando el 13% restante al sector del alojamiento (hoteles y apartamentos). A nivel regional, aproximadamente 1 de cada 4 locales comerciales activos en las islas es un bar, una cafetería o un restaurante. En cifras absolutas, Canarias cuenta con un censo estable que ronda los 15.000 a 16.000 establecimientos de restauración abiertos.

Estas cifras determinan una realidad: en los principales ejes y zonas comerciales de Canarias, la restauración y uso de hostelería en general ha pasado de ser un uso residual a ocupar entre el 15% y el 25% del total de locales abiertos. Esta tendencia, conocida como la "terciarización del comercio", demuestra que los programas de fomento deben ser mixtos para ser eficaces, ya que la restauración actúa como locomotora de atracción para las compras minoristas.

La integración de los servicios de bares, restaurantes y hostelería en los programas de fomento de las zonas comerciales se justifica por la necesidad de superar la fragmentación normativa actual y reconocer la indisoluble sinergia entre el comercio minorista y la restauración en la experiencia del consumidor. La unión de ambos sectores en programas de fomento (como las Zonas de Gran Afluencia Turística o las Zonas Comerciales Abiertas, o los Mercados Tradicionales) potenciaría la imagen de Canarias como unidad de destino.

La integración responde a los principios rectores del texto refundido que regula la actividad comercial, cuyo espíritu parte de una red de servicios comerciales abierta y adaptada a las exigencias de la vida actual y la promoción de un modelo que asegure la diversidad y complementariedad.

El régimen jurídico vigente presenta limitaciones que dificultan la adecuada respuesta a las circunstancias descritas, destacando, por encima de todo, las siguientes:

Las empresas y autónomos titulares de establecimientos en aquellas zonas comerciales no declaradas de Gran Afluencia Turística, se enfrentan a la limitación de un máximo de diez días de apertura en Domingos y festivos, el mínimo establecido en la ley básica estatal, sin que la norma vigente prevea la posibilidad de poder aumentarlos de forma ágil y flexible, o sin disponer de instrumentos normativos con los que poder adaptarse a los hábitos cambiantes y exigencias de un nuevo modelo de consumidor omnicanal que no quiere interferencias en su experiencia de compra.

El vigente procedimiento de obtención de la licencia comercial no cumple con los estándares básicos de simplificación administrativa. Sometido en ocasiones a una triple revisión (informe municipal, insular y resolución autonómica), con informes sectoriales que han perdido su razón de ser (fomento del empleo), y subordinado a un proceso de interinidad que dura ya décadas, debido a la exigencia de aprobación de los Planes Territoriales Especiales de Equipamientos Comerciales, que no se han materializado desde la aprobación y entrada en vigor de la norma, desembocando en una especie de régimen de transitoriedad en los más de trece años transcurridos desde la publicación del Decreto Legislativo 1/2012, y que ha supuesto que haya sido la propia jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la que haya tenido que establecer la interpretación de cuestiones tan importantes como la vigencia de las licencias comerciales o la vinculatoriedad del planeamiento insular.

El concepto de Zona Comercial Abierta es actualmente un concepto jurídico indeterminado, cuyo alcance no aparece definido a priori en ninguna norma, a pesar de que es marca propia registrada del Gobierno de Canarias, y constituye la base de innumerables convocatorias públicas de subvenciones, programas de fomento e impulso del comercio local, subvenciones directas por interés público para la realización de obras de mejora en espacios comerciales, etc.

Al mismo tiempo, no existe regulación alguna sobre el contenido y alcance de los Planes Directores Insulares de Zonas Comerciales Abiertas, a pesar de que, en la práctica, cada Cabildo Insular cuenta con un Plan Director aprobado, lo que implica una clara limitación para su aplicación como herramientas estratégicas que puedan incidir en el fomento del sector comercial de cada isla.

La concurrencia de los factores descritos -elevada presión turística, evolución limitada del comercio minorista, falta de adaptación en un contexto de consumo omnicanal y correlativo crecimiento exponencial del comercio electrónico, y necesidad de integración de la hostelería en las zonas comerciales para adecuar los programas de fomento a su peso en la economía real- unida a las disfunciones regulatorias que anteriormente hemos reseñado determina la exigencia de una respuesta normativa inmediata.

Ello porque una demora en la adopción de tales medidas comprometería la competitividad del sector comercial y de la hostelería, y además afectaría a toda la cadena de valor, pues limitaría la captación del gasto turístico y dificultaría la implantación de nuevas iniciativas empresariales.

La tramitación mediante el procedimiento legislativo ordinario resultaría incompatible con la urgencia de la situación descrita, al impedir la aplicación de las medidas en el corto plazo.

En consecuencia, el decreto ley constituye el instrumento adecuado para garantizar una respuesta normativa eficaz y en tiempo oportuno.

Desde la perspectiva técnica, la mencionada modificación legal presenta una conexión directa con la situación que se pretende solucionar, siendo idónea para corregir las disfunciones detectadas, y no existiendo alternativas de menor intensidad normativa. Resulta igualmente proporcionada, al limitarse a modificaciones puntuales del marco normativo vigente.

En este ámbito de medidas normativas también se inserta una nueva regulación para establecer el plazo de resolución y caducidad de los procedimientos sancionadores en materia de industria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este propósito normativo trae causa del ejercicio de las competencias constitucional y estatutariamente atribuidas. En el ámbito estatal, el artículo 149.1.13.ª CE reserva al Estado la competencia para dictar las bases y la coordinación general de la planificación económica, previsión que se complementa con lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª CE, que atribuye al Estado las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, garantizando así un tratamiento común en aspectos procedimentales esenciales.

En el plano autonómico, el Estatuto de Autonomía de Canarias constituye el título habilitante fundamental. En particular, su artículo 124.1 atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de industria. Asimismo, en el ejercicio de su potestad de autoorganización y en desarrollo de sus competencias sectoriales, la Comunidad Autónoma es competente para establecer la organización de su propia Administración y regular sus procedimientos administrativos (artículos 104 y 106.1.c), incluidos aquellos que ejecutan su potestad sancionadora (artículo 106.1.b), tal como se desprende de las mencionadas previsiones estatutarias.

Dada la inexistencia de un plazo de resolución expreso en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En virtud de su artículo 21.3, ante la falta de previsión en la normativa reguladora específica, el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses.

Hasta fechas recientes, la Administración Autonómica había venido aplicando un plazo de seis meses para la resolución de estos procedimientos sancionadores, sustentado en la interpretación conjunta del artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con los artículos 21.2 y 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha establecido, en su jurisprudencia reciente sobre procedimientos sancionadores (Sentencia n.º 167/2025, de 31 de marzo de 2025), que el Decreto 164/1994 ha perdido su eficacia tras la sustitución de la norma estatal de referencia, este no puede considerarse desarrollo reglamentario de la vigente Ley 39/2015. En consecuencia, y a falta de disposición específica en la Ley de Industria, rige el plazo de tres meses establecido en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015.

Por tanto, en la actualidad, los procedimientos sancionadores en materia industrial se tramitan con un plazo de caducidad de tres meses. No obstante, la experiencia acumulada en la gestión de estos expedientes, que incluyen análisis de discrepancias técnicas entre memorias y certificados, inspecciones especializadas, coordinación con organismos de control y valoración de múltiples infracciones relacionadas en un mismo expediente, ha puesto de manifiesto que dicho plazo resulta manifiestamente insuficiente para garantizar una tramitación adecuada que respete todas las garantías del procedimiento.

Por ello, y en virtud de las competencias autonómicas para el desarrollo de los procedimientos administrativos especiales en materia industrial, se hace necesario abordar esta situación mediante una norma autonómica que, respetando las bases estatales y el marco de la legislación básica, establezca un plazo de caducidad específico y adecuado a la complejidad de los procedimientos sancionadores en el ámbito industrial de Canarias. La actuación persigue adecuar el procedimiento sancionador a los principios de seguridad jurídica, eficacia y buena administración, garantizando un equilibrio entre la necesidad de tramitar con diligencia los expedientes y la realidad compleja de la instrucción en esta materia, con el fin último de ofrecer un marco normativo claro, accesible y predecible para el sector industrial canario.

Analizadas las posibles opciones, no se aprecia la existencia de alternativa viable distinta a la modificación normativa propuesta, pues la situación identificada trae causa directa de una omisión en la propia Ley 21/1992, que no establece plazo de caducidad para estos procedimientos, determinando la aplicación del plazo general de tres meses previsto en la Ley 39/2015, el cual resulta manifiestamente insuficiente.

La opción de mantener la situación actual debe descartarse por resultar contraria al interés general, al provocar la caducidad sistemática de los procedimientos y la imposibilidad de sancionar las infracciones acreditadas, con el consiguiente menoscabo de la seguridad jurídica y de la eficacia del sistema de control industrial. Tampoco resulta viable abordar esta cuestión mediante norma reglamentaria, pues la fijación del plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores incide directamente en el régimen jurídico de la potestad sancionadora de la Administración, materia reservada a la ley de conformidad con los principios de legalidad y tipicidad.

Por todo ello, la aprobación de un decreto ley que supla la regulación expresa en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se presenta como la única alternativa jurídicamente posible y materialmente adecuada, en tanto permite, con la celeridad que la situación requiere, dotar al ordenamiento autonómico de un plazo de caducidad proporcionado a la complejidad de los procedimientos sancionadores en materia industrial, garantizando así la seguridad jurídica y la eficacia de la acción administrativa.

La utilización del decreto ley se justifica por la concurrencia de una urgencia real, actual y acreditada mediante datos objetivos que demuestran una situación de riesgo inminente para la eficacia del sistema sancionador, agravada por el cambio jurisprudencial reciente. Tal y como se ha expuesto, hasta fechas recientes se aplicaba un plazo de seis meses, pero el criterio vinculante del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sentencia n.º 167/2025, de 31 de marzo de 2025) ha fijado de forma imperativa el plazo de tres meses, provocando la caducidad inmediata o inminente de numerosos expedientes ya en tramitación, concretándose dicha urgencia en los siguientes puntos:

i. Existencia de expedientes actualmente en riesgo de caducidad o ya caducados: procedimientos de complejidad técnica (análisis de más de 115 comunicaciones previas con discrepancias entre memorias técnicas y certificados, ausencia de revisiones por OCA, instalaciones sin mantenimiento obligatorio, infracciones continuadas en alumbrado exterior, etc.) que superan ampliamente el nuevo plazo de tres meses.

ii. Perjuicio concreto e inmediato para el interés general: la caducidad supondría un menoscabo económico directo para la Hacienda Pública, además de la imposibilidad de corregir situaciones de riesgo físico para las personas y bienes derivadas de instalaciones eléctricas que operan sin las garantías de seguridad preceptivas. Estas infraestructuras son críticas para el suministro energético de la Comunidad.

iii. Imposibilidad razonable de acudir a la tramitación legislativa ordinaria sin comprometer la eficacia del sistema sancionador: la urgencia es sobrevenida por el cambio jurisprudencial de 2025 y por la acumulación reciente de expedientes de complejidad técnica (muchos incoados o en fase avanzada en 2025) cuya resolución no puede esperar a los tiempos de la tramitación parlamentaria sin que se consuma la caducidad de los mismos y se frustren actuaciones ya iniciadas.

Una de las modificaciones reglamentarias que tiene lugar a través del presente Decreto ley afecta al Decreto 18/2009, de 10 de febrero, por el que se crea el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual y el Certificado Canario de Producción Audiovisual respecto de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental producidos en Canarias.

En el ámbito de la tramitación de los procedimientos objeto del Decreto 18/2009 (inscripción en el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias, obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual y obtención del Certificado Canario de Producción Audiovisual) se han detectado determinadas lagunas que deben ser subsanadas urgentemente, en aras de aclarar las condiciones para su otorgamiento y despejar dudas jurídicas que se han venido planteando hasta la fecha.

El desarrollo acelerado del sector audiovisual canario en los últimos años ha impulsado un notable incremento de empresas radicadas en Canarias que desean su inscripción en el Registro y de obras audiovisuales que aspiran a obtener los certificados de Obra o Producción Audiovisual. Ese incremento ha implicado también una mayor diversidad en la tipología y características formales de las obras producidas que, debido a algunos aspectos de la actual redacción del Decreto, han generado una mayor cantidad de reclamaciones y controversias jurídicas por parte de las personas físicas o jurídicas solicitantes. Es el caso de documentales y cortometrajes que, en la actual redacción del Decreto, no ven claramente especificadas las condiciones que han de cumplir para la obtención del Certificado Canario de Producción Audiovisual.

En una línea similar, la ausencia de una definición precisa de los procesos de postproducción en la redacción actual genera numerosas dudas, reclamaciones y controversias que es preciso resolver urgentemente. Mientras, la redacción actual adolece de la claridad indispensable cuando se refiere a los requisitos necesarios para obtener el Certificado Canario de Obra Audiovisual. El incremento de solicitudes para la obtención del certificado acreditativo de nacionalidad española ante el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) está generando importantes retrasos en su emisión, lo que impide la resolución de los procedimientos para la tramitación de los certificados canarios conforme a los tiempos que figuran en la redacción del actual Decreto. Estas cuestiones configuran una situación de inseguridad jurídica y de posibles perjuicios para el sector audiovisual canario o para la propia Administración Pública de nuestra Comunidad que es preciso resolver de manera urgente.

La Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias (en adelante, Ley 11/2003), establece en su artículo 24.1, respecto del procedimiento de autorización de la implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial con validez y eficacia en todo el Estado, que el plazo máximo en que debe publicarse la resolución expresa será de 6 meses.

Recientemente ha entrado en vigor el Decreto 83/2026, de 4 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la autorización de la implantación y extinción de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para el aseguramiento de su sostenibilidad y de su calidad, en cuya tramitación se estimó justificado establecer como plazo máximo para el procedimiento de implantación y supresión de títulos oficiales el de 3 meses desde la presentación de la solicitud.

De acuerdo con el mencionado Decreto 83/2026, de 4 de mayo, actualmente se ha configurado la autorización de la implantación como una fase posterior a la verificación del título, en consonancia con lo dispuesto en la normativa estatal actualmente vigente, en concreto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. Del mismo modo, de conformidad con la normativa estatal, no es necesaria la emisión de informe alguno por parte de ningún organismo, de modo que, no siendo preceptivo dicho trámite, deviene conveniente reducir el plazo del procedimiento, toda vez que el procedimiento configurado en el Decreto 83/2026, de 4 de mayo, solo consta de solicitud de autorización de implantación, puesta en conocimiento del Consejo Universitario de Canarias y elevación de propuesta de Decreto al Consejo de Gobierno.

Cabe destacar que, durante el trámite de audiencia del proyecto de decreto, las universidades manifestaron la necesidad de reducir el plazo previsto en el artículo 24.1 de la Ley 11/2003. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se propuso establecer un plazo de duración del procedimiento de 3 meses desde la presentación de la solicitud, respecto a la implantación y supresión de títulos oficiales. Sin embargo, el plazo de 3 meses anteriormente mencionado contradice al de 6 meses recogido en el artículo 24.1 de la Ley 11/2003, y en base al principio de jerarquía normativa, el pretendido plazo no podía sostenerse.

Por consiguiente, es preciso efectuar la modificación del plazo de 6 meses del artículo 24.1 de la Ley 11/2003, a efectos de reducirlo a 3 meses. Ello, en aras de que pueda aplicarse el plazo de 3 meses inicialmente previsto y consensuado con las universidades, sin contradecir la Ley 11/2003, entendiendo que dicho plazo más ágil, constituye una mejora del de 6 meses, lo cual redunda en beneficio del Sistema Universitario de Canarias y da respuesta a las demandas planteadas por las universidades canarias.

Tratándose de una mejora consensuada con las universidades y que beneficia al Sistema Universitario de Canarias, se justifica la extraordinaria y urgente necesidad de efectuar la pretendida modificación mediante decreto ley.

El presente Decreto ley también modifica la disposición adicional cuarta del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación, actualmente derogada por la Ley 5/2026, de 16 de julio, Canaria de la Ciencia, establecía en su artículo 25 un mandato al Gobierno de Canarias para establecer por vía reglamentaria un marco normativo específico para las subvenciones, becas y ayudas en materia de investigación que garantizase los principios de transparencia y control y que resultara adecuado y coherente con el objetivo de fomentar la investigación y la formación del personal investigador.

Dicho marco normativo específico se materializó en el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, norma que después de 22 años de aplicación requiere de una profunda revisión.

En lo que se refiere a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, la norma está ampliamente superada por la normativa posterior en diferentes aspectos. En materia de simplificación, procedimiento y transparencia, el Decreto 30/2004, de 23 de marzo, no se ha adaptado a las sucesivas modificaciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (a la que contradice en aspectos puntuales), ni a las modificaciones del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, que introduce y da cobertura a nuevos procedimientos de concesión. Tampoco a la modificación de la terminología eliminando los conceptos de subvenciones "específicas" o "genéricas", ni a las exigencias de publicidad de la BDNS, ni a la obligatoriedad de la tramitación electrónica para las subvenciones en materia de I+D+i, impuesta preceptivamente para todos los Agentes públicos y privados de ejecución del Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el personal investigador y técnico, y derivada de la aplicación del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cuestiones de fondo, la norma está obsoleta al mencionar las "becas a la investigación" que desaparecieron por las novedades significativas que conllevó la Ley estatal 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación respecto al personal investigador, está superada por la implantación de la contratación laboral pre y post doctoral derivada de la ley, y refleja una ausencia total de flexibilidad para adaptarse a las exigencias de la normativa europea que, para cada periodo de Programación, varía los requerimientos de fondo y procedimentales para que las iniciativas de nuestra Comunidad Autónoma puedan acceder a la cofinanciación comunitaria. Por no mencionar que desde el año 2011, existen artículos que han devenido inaplicables por la existencia de nuevos sistemas de control interno que permiten al Gobierno en cada ejercicio, sustituir la función interventora por el control financiero permanente, por aplicación del Decreto 76/2015, 7 mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por ello, en línea con el artículo 59 de la Ley 5/2026, de 16 de julio, Canaria de la Ciencia, es indispensable que las subvenciones a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación se sustraigan del ámbito objetivo del Decreto 30/2004, de 23 de marzo, y que el régimen jurídico de las mismas se clarifique en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, reconociendo la particularidad de la simplificación de las bases reguladoras (que se reducen limitándose al contenido básico de la LGS) y convocatorias flexibles que permitan un desarrollo y adaptación constante a los requerimientos de un sector donde la evolución científica y tecnológica se produce a gran velocidad, y donde las prioridades de investigación, los instrumentos de financiación y los marcos regulatorios europeos e internacionales experimentan cambios frecuentes.

La naturaleza misma de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación exige, por tanto, un marco jurídico que combine seguridad jurídica con la necesaria capacidad de reacción y adaptación, evitando rigideces auto impuestas que puedan limitar la competitividad del Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los mismos argumentos descritos anteriormente, amparan la modificación que el Decreto ley plantea respecto al Decreto 30/2004, 23 marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

En relación con la Ley 1/2023, de 1 de marzo, del Sistema Público de Cultura de Canarias, se modifican sus artículos 4.2, 27.1 y 29.1. En virtud de la Ley 1/2023, de 1 de marzo, del Sistema Público de Cultura de Canarias, se produce la creación de la Comisión de coordinación del sistema público de cultura de Canarias, a fin de facilitar la armonización del ejercicio de las competencias de las distintas administraciones públicas de Canarias en materia de cultura, a fin de favorecer el desarrollo de sus respectivos objetivos y finalidades. Se crea también en virtud de esta Ley el Consejo Canario de Cultura, como órgano colegiado de asesoramiento y consulta del conjunto de las administraciones públicas de Canarias y de los demás organismos y entes integrados en el sistema público de cultura de Canarias.

La trayectoria organizativa del Gobierno de Canarias evidencia que, de manera continuada, las competencias en materia de cultura y patrimonio cultural han estado integradas bajo una misma estructura administrativa, situada por debajo de la consejería competente y articulada a través de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural. Esta configuración, que en determinados periodos ha asumido incluso ámbitos adicionales, constituye un modelo consolidado y operativo, respaldado por una relación de puestos de trabajo, personal técnico especializado y unidades administrativas que desarrollan sus funciones conforme a dicha estructura.

La permanencia de este esquema organizativo durante un periodo prolongado demuestra su eficacia para garantizar la coherencia interna de las políticas culturales y patrimoniales, así como la adecuada coordinación entre los distintos niveles administrativos y los servicios públicos culturales. Esta realidad estructural debe ser tenida en cuenta en la interpretación y desarrollo de la ley, cuyo objeto principal es ordenar el conjunto del sistema cultural, incluyendo los servicios culturales que inciden directamente en el patrimonio cultural.

Asimismo, la legislación cultural y patrimonial constituye una política pública de carácter transversal cuya coordinación estratégica recae directamente en el departamento competente, y específicamente en la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, órgano responsable de integrar, armonizar y supervisar las actuaciones en estas materias dentro de la Administración autonómica.

En consecuencia, resulta plenamente coherente, técnicamente fundamentado y administrativamente necesario que la persona titular de dicha Viceconsejería figure como miembro nato en los órganos colegiados previstos en la ley. Su participación garantiza la adecuada coordinación interdepartamental, la continuidad institucional, la coherencia entre planificación y ejecución y la correcta aplicación de los instrumentos de ordenación del sistema público de cultura.

Tal y como se ha expuesto anteriormente, la necesidad perentoria de constituir los órganos previstos en la ley deriva del mandato legal que exige su puesta en funcionamiento para garantizar la validez y eficacia de las funciones que les corresponden. Entre estas se encuentran la aprobación del Plan de Infraestructuras Culturales, la planificación de los recursos humanos y económicos y la definición del marco de acción estratégica del sistema público de cultura.

La falta de constitución de dichos órganos impediría activar estos instrumentos de planificación obligatorios y comprometería el cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos por la norma. Por ello, su constitución inmediata constituye una exigencia legal ineludible para asegurar la correcta ejecución de las políticas culturales y patrimoniales de la Comunidad Autónoma.

VI

Aspectos técnico-jurídicos y justificación de las medidas relacionadas con la regulación de la actividad administrativa sectorial

Con la finalidad de mejorar la regulación de la actividad administrativa sectorial, el presente Decreto ley lleva a cabo, como se ha indicado anteriormente, la modificación de diferentes cuerpos normativos.

En este sentido, se adiciona la disposición adicional décima en la Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Hasta la derogación en el año 2025 del Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, por el que se regulaba el uso de perros guía para deficientes visuales, han sido múltiples los cambios normativos y avances tanto en materia de derechos de las personas con discapacidad, como en materia de derechos y bienestar animal. La aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, tiene su fundamento en la autonomía, la inclusión en la comunidad y la accesibilidad universal, previendo la asistencia animal entre las formas de apoyo a las personas con discapacidad. También destaca la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, de 15 de febrero de 2024, que adapta el texto constitucional en materia de discapacidad a los mandatos de la citada Convención Internacional, asumiendo la perspectiva social, de derechos y capacidades.

A nivel estatal, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, incluye a los perros de asistencia en su ámbito de aplicación, con el objeto de establecer unas líneas básicas en su protección y bienestar. La disposición adicional primera establece que los perros de asistencia se regirán por dicha Ley, en lo no previsto por su normativa autonómica.

Así mismo, la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por el que se establece la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, promueve la libre circulación de las personas con discapacidad en un Estado miembro distinto de aquel en el que residan, incluidas aquellas personas que se sirven de animales de asistencia, como los perros de asistencia.

Por lo expuesto, se publica el Real Decreto 409/2025, de 27 de mayo, por el que se regula la actividad y bienestar de los perros de asistencia. Esta norma, en la disposición adicional primera. Perros retirados de su actividad, hace un mandato respecto a los perros retirados de su actividad y dispone que las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, han de regular en el plazo de 12 meses las condiciones de acceso, circulación y permanencia de los perros de asistencia retirados de su actividad, siempre que estén debidamente identificados.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, los perros de asistencia tienen su regulación normativa en la Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 403/2023, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien en dicha normativa no se realizó la ordenación de los perros de asistencia retirados de su actividad.

Por tanto, mediante la modificación de la Ley 3/2017, de 26 de abril, se fija el necesario marco normativo habilitante para dar cumplimiento a la regulación de las condiciones de acceso, circulación y permanencia de los perros de asistencia retirados de su actividad, contenida en la normativa estatal.

El Decreto ley también comporta la modificación de la disposición adicional del Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112.

El Decreto 28/2025, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, establece en la disposición adicional segunda como Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (CECOES) el Centro 112 del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias creado mediante el Decreto 62/1997, de 30 de abril, el cual actuará como Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) previstos en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

El Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112 (en adelante, Decreto 62/1997, de 30 de abril) define "la prestación del servicio del centro 112" en el apartado primero del artículo 2: "Este servicio podrá utilizarse, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, para requerir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los servicios competentes en materias de atención de emergencias y urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de protección civil, cualquiera que sea la Administración pública de la que dependan".

Asimismo, en el artículo 3 del Decreto 62/1997, de 30 de abril, se dispone que "Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias para ejercer las facultades a que se refiere el presente Decreto serán los que tengan atribuidas las competencias en materia de emergencias, sin perjuicio de las que puedan corresponder a otros órganos". En este sentido se pronuncia el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que dispone en el apartado 18 del artículo 34 que corresponde a la Dirección General de Emergencias, "bajo las directrices de la Viceconsejería de Emergencias y Aguas, el ejercicio de la tutela funcional y coordinación del CECOES, lo que no comportará relación laboral alguna con las personas trabajadoras del mismo".

En cuanto a la gestión del servicio propiamente dicho, el apartado primero de la disposición adicional del citado Decreto 62/1997, de 30 de abril, dispone: "El servicio regulado en este Decreto será prestado, de forma exclusiva, por la Comunidad Autónoma de Canarias, en su ámbito territorial, en régimen de gestión directa, a través de la Empresa Pública "Gestión Sanitaria de Canarias, S.A.".

La sociedad mercantil "Gestión Sanitaria de Canarias, S.A." se constituyó el 30 de septiembre de 1994, siendo modificada su denominación social por "Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.U." el 18 de julio de 2000. En la actualidad, "Gestión de servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.U." es una sociedad mercantil pública cuya tutela funcional corresponde a las Consejerías de Sanidad y de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, en virtud del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 1 de agosto de 2023.

Actualmente, la prestación del servicio del CECOES 112 se efectúa mediante encargo de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas (a través de la Dirección General de Emergencias), por razones de eficacia, ausencia de medios materiales y personales para ejecutar las actuaciones objeto de encargo, siendo necesario mantener el apoyo técnico de la empresa pública y medio propio. Sin embargo, la inclusión de la denominación social de una sociedad mercantil pública en una norma con vigencia indefinida es una práctica desaconsejada en la técnica legislativa por varias razones fundamentales, principalmente para garantizar la neutralidad del Gobierno de Canarias, la libre competencia y la adaptabilidad del derecho a la evolución tecnológica.

Si bien la norma que se pretende modificar fue aprobada hace casi treinta años, mantener en la actualidad en el apartado primero de la disposición adicional primera del Decreto 62/1997, de 30 de abril, la denominación social de una sociedad mercantil pública no garantiza el principio de seguridad jurídica, ni es acertada desde el punto de vista de la técnica normativa, puesto que la citada norma reglamentaria goza de vigencia indefinida buscando perdurar en el tiempo mientras que la citada sociedad mercantil pública puede disolverse, cambiar de denominación social (tal y como ya ha sucedido) o fusionarse, lo que volvería obsoleta o inaplicable la norma si menciona una entidad específica.

La STC 46/1990, de 15 de marzo, señala que: "La exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas como la que sin duda se genera en este caso dado el complicadísimo juego de remisiones entre normas que aquí se ha producido". Y, en el mismo sentido, la Sentencia 150/1990, de 4 de octubre, del Tribunal Constitucional, recoge "que los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma. En este orden de exigencias no cabe subestimar la importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas,...".

A la vista de lo anterior la redacción actual del apartado primero de la disposición adicional primera del citado Decreto 62/1997, de 30 de abril, incorpora una referencia directa a una sociedad mercantil pública que ha experimentado con posterioridad un cambio en su denominación social, lo que evidencia el riesgo de obsolescencia normativa derivado de la utilización de alusiones nominativas, todo lo cual no resulta adecuado por comprometer la estabilidad y permanencia de la norma.

En consecuencia, se considera que el principio de seguridad jurídica se encuentra seriamente comprometido, debiendo repararse el apartado primero de la disposición adicional primera del citado Decreto 62/1997, de 30 de abril, por vulnerar el artículo 9.3 CE, por cuanto no genera un marco normativo estable y de certidumbre ante cualquier cambio que se produzca en la citada sociedad mercantil, como de hecho ya ha sucedido, puesto que su denominación social ha cambiado.

La necesidad de la urgencia que precisa ser atendida, deriva de los graves perjuicios que provoca una norma cuya vigencia es indefinida que busca perdurar en el tiempo y en la cual se cita el nombre de una sociedad mercantil pública que puede desaparecer, cambiar de nombre o fusionarse, lo que volvería obsoleta o inaplicable la norma si menciona una entidad específica.

Por otro lado, en el ordenamiento jurídico español existen, de hecho, otros ejemplos de decretos leyes que modifican normas reglamentarias. Por citar dos normas separadas en el tiempo, pueden consultarse el Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones (cuyo artículo 8 modifica un reglamento estatal y posteriormente habilita a modificar dicho artículo mediante norma reglamentaria), la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (que modifica un Real Decreto estatal, evitándose la congelación del rango a través de la disposición final cuarta de dicho Real Decreto-ley), o el artículo 3 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (que modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre).

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia n.º 332/2005, de 15 de diciembre, señala que "en el caso del artículo 8, cabe tener en cuenta, en cambio, que se modifican material y también formalmente determinados incisos de los artículos 3 y 13 del Real Decreto 1987/1985. Pero a diferencia de los dos preceptos anteriores, en este caso no se produce una congelación del rango, puesto que el propio artículo 8.3 del Real Decreto-ley vuelve a deslegalizar inmediatamente la materia al prever que «Reglamentariamente se podrá modificar lo dispuesto en el presente artículo». En este supuesto, pues, la legitimidad constitucional de este proceder no puede justificarse a partir de la ausencia de un principio de reserva reglamentaria, sino que únicamente pueden esgrimirse los motivos de oportunidad que se acaban de señalar. En la medida, sin embargo, en que desde un punto de vista constitucional no resulta censurable que se aproveche la aprobación de un decreto ley de carácter liberalizador para reformar aspectos reglamentarios que teóricamente tienen esta misma intención, también en este caso procede rechazar este posible motivo de inconstitucionalidad".

La modificación del artículo 31 y la adición de nuevos artículos 3 bis, 31 bis, 31 ter, y disposición adicional primera en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, es otro de los fines que justifican el presente Decreto ley.

Desde la promulgación de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de las policías locales de canarias, en poco más de los últimos quince años, se ha producido un cambio significativo en la percepción de la sociedad de las necesidades de protección civil y la implicación de la administraciones públicas autonómicas y locales en ella, lo que ha supuesto la aprobación de diferentes normas por parte del Estado como la vigente Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que derogó a la anterior Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, adecuándose a un modelo donde las Comunidades Autónomas y Entidades Locales habían desarrollado y desplegado sus competencias en materia de protección civil en su ámbito territorial.

Más recientemente la aprobación de la nueva Norma Básica de Protección Civil por el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, que deroga la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, así como el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, y determina la revisión de todas las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil para diferentes emergencias. En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma adquiere especial relevancia la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que dedica su artículo 149 a las competencias en materia de protección civil y salvamento marítimo.

Igualmente, en todo este amplio periodo, las Comunidades Autónomas han venido aprobando y actualizando en este nuevo marco normativo diferentes leyes sectoriales de protección civil y emergencias, siendo la Comunidad Autónoma de Canarias una de las pocas que no ha modificado o actualizado este ámbito material de la Ley 9/2007, de 13 de abril, desde su aprobación.

El desarrollo y actualización del Sistema Canario de Emergencias hace imprescindible y urgente reconocer y fortalecer legalmente las estructuras que están operando del sistema de protección civil y atención a las emergencias, dando cobertura legal a la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN), que con más de 20 años en funcionamiento, carece de un desarrollo normativo básico para seguir implantándose en todo el territorio; adecuar a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil el procedimiento de aprobación de planes de emergencia territoriales, creando a su vez el Registro de Planes de Emergencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuestiones estas que se abordan inadecuadamente en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), aprobado por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, y en fase de revisión; establecer un Régimen de infracciones y sanciones del Sistema Canario de Emergencias, al igual que el resto de normativa en protección de otras comunidades autónomas, lo que se hace perentorio para poder abordar legalmente los múltiples incumplimientos que en este área se vienen produciendo; dar cobertura legal al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), que con casi 30 años de funcionamiento carece también de una definición legal básica.

Hemos llegado a un desarrollo del Sistema Canario de Emergencias que requiere su incorporación inmediata a nuestra normativa y cubrir legalmente las propias necesidades, adecuándonos al marco normativo estatal y homologándolos al de otras comunidades autónomas. Todo ello fortalece el modelo del Sistema Canario de Emergencias y, en tanto se aprueba una nueva regulación legal de la protección civil en Canarias, nos permite a corto plazo abordar las necesidades de interés general que pretende cubrir, garantizando la integridad y eficiencia de la atención a las emergencias.

Las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación de esta propuesta por decreto ley se sustentan en:

i. En tanto el modelo de protección civil en Canarias, del que hemos dejado constancia en el apartado anterior, se encuentra desfasado hasta el punto de que han habido desarrollos de estructuras de protección civil y atención a las emergencias que en el devenir de su desarrollo se han adelantado al propio marco legal, o bien no se adaptan al marco legal estatal y precisan de incorporar los preceptos que aquí se incluyen.

ii. Como consecuencia de lo anterior, en tanto se elabora, tramita y aprueba la Ley que ha de desarrollar el artículo 149 del Estatuto de Autonomía de Canarias, superando el modelo de la Ley 9/2007, de 13 de abril, que por su complejidad, al referir e incluir la actividad de todas las administraciones públicas canarias, en todo su ámbito material, requerirá de tiempo para alcanzar los consensos necesarios para su tramitación y aprobación final, con lo que mediante decreto ley habrá de darse soporte legal a aquellos servicios que como es el caso de la Red canaria de seguridad y emergencias, RESCAN, y el propio Centro Coordinador de Emergencias (CECOES 1-1-2), ambos instrumentos esenciales para el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de protección civil.

iii. Igualmente, se hace urgente también determinar el procedimiento de aprobación de planes de emergencia municipales e insulares, en consonancia con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Tal procedimiento está actualmente recogido en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) que se aprueba como acuerdo de gobierno por el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, y en proceso de revisión para adecuarse al Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. Tal regulación de carácter normativo no tiene encaje adecuado en un plan de protección civil y ha de tenerlo en una norma, en tanto la revisión del PLATECA no abordará esta cuestión, corresponde incluir mediante decreto ley este procedimiento, dando contenido autonómico al artículo 15.2, in fine, de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

iv. Se hace también urgente la regulación del Régimen de infracciones y sanciones del Sistema Canario de Emergencias, en tanto, por un lado somos la única Comunidad Autónoma con competencias en protección civil que no ha regulado nada al respecto, lo que impide garantizar el cumplimiento de las previsiones en protección civil y emergencias, hasta el punto que en situaciones donde se han activado planes de emergencia de protección civil no ha habido capacidad sancionadora para quien vulneraba las órdenes de la Dirección del Plan, al menos en el marco de la protección civil, así como también la afectación indiscriminada de los servicios de rescate por actuaciones imprudentes de las personas que se ponen en situación de riesgo a ellos mismos y a tales servicios.

Por lo que se refiere a la modificación de los artículos 3, 7 y 31 del Decreto 6/2015, 30 enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias, debe subrayarse que la misma pretende actualizar el régimen reglamentario de la repotenciación de parques eólicos en servicio, ampliando el concepto de repotenciación para incluir no solo la sustitución de aerogeneradores por otros nuevos de mayor potencia unitaria, sino también actuaciones de sustitución o modificación total o parcial dirigidas a reemplazar máquinas, mejorar la eficiencia, incrementar la energía producida por la instalación o incrementar la potencia instalada. Asimismo, introduce una habilitación para que, mediante Orden departamental, puedan establecerse las condiciones bajo las cuales sea posible sustituir aerogeneradores existentes por otros que no sean nuevos o que hayan sido puestos en producción con anterioridad, manteniendo las exigencias técnicas necesarias para garantizar la eficiencia energética y la calidad de la energía.

La propuesta responde a razones de interés general vinculadas a la mejora del aprovechamiento de los recursos eólicos, la modernización del parque de generación renovable existente y la optimización de infraestructuras ya implantadas en el territorio.

La redacción vigente del Decreto 6/2015 configura la repotenciación de forma restrictiva, al vincularla a la sustitución de aerogeneradores existentes por otros nuevos, de mayor potencia unitaria y no puestos en producción con anterioridad. Esta configuración puede limitar actuaciones técnicamente convenientes que, sin implicar necesariamente un aumento de potencia unitaria, permitan mejorar la eficiencia, incrementar la producción energética, renovar componentes críticos o prolongar la vida útil de instalaciones existentes bajo condiciones técnicas adecuadas.

El nuevo régimen jurídico permite orientar la regulación hacia resultados energéticos y ambientales más amplios, tales como la mejora de eficiencia, el incremento de energía producida y la sustitución o modificación parcial de equipos. Con ello se favorece la adaptación del régimen reglamentario a la evolución tecnológica del sector eólico y a las necesidades de renovación de instalaciones en servicio.

La extraordinaria y urgente necesidad se justifica por la conveniencia de remover, con prontitud, obstáculos reglamentarios que pueden dificultar la ejecución de proyectos de repotenciación y renovación tecnológica de parques eólicos ya existentes.

La exigencia actual de utilizar exclusivamente aerogeneradores nuevos y no puestos previamente en producción puede restringir la viabilidad técnica y económica de determinados proyectos, especialmente aquellos basados en sustituciones parciales, modificaciones de componentes críticos, mejoras de eficiencia o utilización de equipos reacondicionados bajo estándares técnicos adecuados.

La demora en la adaptación normativa puede traducirse en la paralización o retraso de actuaciones de mejora de instalaciones existentes, con impacto negativo en la capacidad de generación renovable, en la eficiencia del sistema eléctrico y en el aprovechamiento de emplazamientos eólicos ya autorizados e implantados. Por ello, la modificación propuesta resulta adecuada para dar respuesta inmediata a una necesidad regulatoria concreta del sector.

En relación con la modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, el Decreto ley persigue corregir determinadas lagunas normativas detectadas durante su aplicación, mejorar la técnica legislativa y reforzar la eficacia del sistema público de tutela del patrimonio cultural. La experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la Ley ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir modificaciones dirigidas a reforzar la seguridad jurídica y dotar al ordenamiento de instrumentos más adecuados para garantizar una protección efectiva, preventiva y proporcionada de los bienes integrantes del patrimonio cultural canario, de conformidad con el mandato contenido en el artículo 46 de la Constitución y con las previsiones del Estatuto de Autonomía de Canarias.

La reforma tiene un alcance parcial, aunque amplio, al afectar a 34 preceptos de los 150 que integran la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. Las modificaciones se proyectan, en particular, sobre los artículos 16, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 38.1, 39 a 49, 54, 55, 57.6, 59, 79.3, 83.1, 89, 90, 129.3, 131, 134, 135, 142, 143 y 146, e incorporan además dos nuevos preceptos, los artículos 59 bis y 59 ter, junto con diversos ajustes sistemáticos orientados a mejorar la coherencia interna, la claridad y la operatividad del texto legal.

Las modificaciones introducidas responden, esencialmente, a cuatro objetivos. En primer lugar, se refuerzan los principios de cooperación, coordinación y corresponsabilidad entre las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio cultural, con el fin de mejorar la eficacia de la actuación administrativa y la claridad en el ejercicio de las competencias. Asimismo, se reordena el sistema de instrumentos de protección en el ámbito insular mediante la creación de la categoría de los Bienes de Interés Patrimonial Insular, destinada a proporcionar una tutela adecuada a aquellos bienes que, sin reunir los requisitos para su declaración como Bien de Interés Cultural, poseen una relevante significación patrimonial para cada isla.

Del mismo modo, se introducen diversas modificaciones dirigidas a clarificar el régimen jurídico y el procedimiento de declaración de los bienes de interés cultural, precisando sus efectos, mejorando la coordinación con la ordenación territorial y urbanística y reforzando la publicidad y seguridad jurídica de los actos administrativos. Finalmente, se perfecciona la regulación de las potestades de inspección, protección y disciplina patrimonial, especialmente en materia de medidas cautelares y distribución competencial, con el objetivo de evitar vacíos de actuación y garantizar una respuesta administrativa más eficaz frente a los riesgos que puedan afectar al patrimonio cultural.

La reforma incorpora igualmente las modificaciones necesarias para adecuar determinados preceptos de la Ley 11/2019, de 25 de abril, al marco constitucional de distribución de competencias y dar cumplimiento a los compromisos asumidos por la Comunidad Autónoma de Canarias en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, reforzando con ello la seguridad jurídica y la coherencia del sistema normativo.

Asimismo, la incorporación de las disposiciones adicionales, transitorias y la modificación de la disposición adicional sexta, sometidas a consideración del Consejo de Colaboración Insular y del Consejo Municipal de Canarias, pretenden resolver diversos problemas prácticos derivados de la transición entre el régimen vigente y las nuevas categorías de protección introducidas por la reforma, garantizando la continuidad de la protección de los bienes culturales, reforzando la coordinación entre las administraciones competentes, permitiendo el aprovechamiento de los estudios e informes técnicos ya elaborados en expedientes en tramitación y adaptando la regulación del personal inspector a la normativa básica de función pública, posibilitando que dichas funciones puedan ser desempeñadas por personal funcionario de los subgrupos A1 y A2 cuando así se determine conforme a la correspondiente relación de puestos de trabajo.

La extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación de estas medidas mediante decreto ley deriva de la necesidad de corregir de forma inmediata determinadas deficiencias normativas que afectan a la capacidad preventiva y protectora del sistema público de tutela del patrimonio cultural. La persistencia de tales carencias podría comprometer la conservación de bienes culturales y generar situaciones de inseguridad jurídica para las administraciones públicas y las personas afectadas. Existe, por tanto, una conexión directa entre la situación que se pretende afrontar y las medidas adoptadas, concurriendo el presupuesto habilitante exigido por el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias para la aprobación del presente Decreto ley.

Del mismo modo, resulta necesario que la reforma entre en vigor acompañada de un régimen transitorio completo y plenamente operativo, que garantice la adecuada aplicación de las modificaciones introducidas desde el mismo momento de su entrada en vigor. A tal efecto, las disposiciones adicionales y transitorias incorporadas, así como la modificación de la disposición adicional sexta, permiten asegurar la continuidad de la protección de los bienes culturales, evitar incertidumbres jurídicas y dificultades en la tramitación de los procedimientos en curso, posibilitar el aprovechamiento de los estudios e informes técnicos ya elaborados y adaptar la regulación del personal inspector a la normativa básica en materia de función pública y a la realidad organizativa de las administraciones competentes. La ausencia de estas previsiones podría generar situaciones de desprotección del patrimonio cultural, duplicidades administrativas y disfunciones en la aplicación inmediata de la reforma.

Por su parte, la modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, trata de fortalecer la seguridad jurídica en el acceso a datos especialmente sensibles, como son los relativos a la salud, por parte de los profesionales sanitarios. La redacción actual de la citada disposición adicional se introdujo por la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2019. Sin embargo, la previsión legal para acceso a datos personales sensibles se deriva del artículo 9 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

En la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se recoge en la disposición adicional decimoséptima que se encuentran amparados en las letras g), h), i) y j) del artículo 9.2 del citado Reglamento (UE) 2016/679 los tratamientos de datos relacionados con la salud y se relaciona la normativa de ámbito nacional más relevante. La Guía para Profesionales del sector sanitario de la Agencia Española de Protección de Datos se refiere al acceso a la Historia Clínica por parte de profesionales sanitarios, sin limitar a titulación de medicina. La actuación coordinada de diversas Administraciones Públicas en el ámbito de la salud y social, que involucra a profesionales de diversas titulaciones sanitarias, hace necesario modificar la previsión legal de acceso a la historia clínica y datos de salud tratados por el Servicio Canario de la Salud, como estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.

Desde esta perspectiva, el presente Decreto ley establece la obligación de colaboración del personal del Servicio Canario de la Salud y todo aquél que se relacione con los sistemas de información del Servicio Canario de la Salud, sea o no personal al servicio de la Administración Pública, en el marco de la coordinación de todos los órganos necesaria para cumplir con las exigencias en materia de sistemas electromédicos y de la Información, interoperabilidad, gobierno del dato, inteligencia artificial y ciberseguridad, de acuerdo con la gobernanza por la exigencia de las Estrategias de Salud Digital del Ministerio de Sanidad y del Servicio Canario de la Salud.

Finalmente, en relación con la modificación de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (en adelante, Ley 12/2003), debe recordarse que esta creó el Servicio Canario de Empleo (SCE) como organismo autónomo administrativo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, configurando su estructura básica y régimen de actos y recursos administrativos.

En cuanto al régimen de recursos administrativos, el artículo 18 de la Ley 12/2003 dispone, entre otros extremos, que las resoluciones de la Presidencia del SCE sujetas al Derecho administrativo ponen fin a la vía administrativa (artículo 18.2) y que las resoluciones de la Dirección del SCE no agotan la vía administrativa y son susceptibles de recurso de alzada "ante el consejero competente en materia de empleo" (artículo 18.4).

Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto normativa básica estatal en materia de procedimiento administrativo común, establece en su artículo 121.1 que: "Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó (...)".

Este precepto configura, con carácter básico, el sistema de recursos de alzada en el conjunto del sector público, de modo que el órgano competente para resolver el recurso ha de ser el superior jerárquico del autor del acto recurrido, sin perjuicio de las especialidades que puedan derivarse de la organización de cada Administración, siempre dentro del respeto a dicho principio.

En el caso del SCE, la propia Ley 12/2003 establece que la Dirección actúa bajo la dependencia de la Presidencia, esto es, en una relación de jerarquía interna dentro del organismo autónomo. La persona titular de la Presidencia del SCE -que coincide, ex artículo 7.2, con la persona titular del departamento competente en materia de empleo- es, por tanto, el órgano superior jerárquico de la Dirección en el seno del organismo.

No obstante, el artículo 18.4 de la Ley 12/2003, al establecer que el recurso de alzada se interpone ante el "consejero competente en materia de empleo", no refleja con claridad la relación jerárquica interna del organismo ni identifica de forma expresa a la Presidencia del SCE como órgano superior jerárquico de la Dirección a efectos del artículo 121.1 de la Ley 39/2015.

En consecuencia, resulta oportuno y necesario modificar el artículo 18.4 de la Ley 12/2003 para establecer expresamente que las resoluciones de la Dirección del SCE serán recurribles en alzada ante la persona titular de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, en la forma y supuestos previstos en la legislación básica sobre procedimiento administrativo común.

Por lo que se refiere a la modificación de la Ley de Actividades Clasificadas, la reforma no pretende crear una nueva exención ni ampliar de forma sustancial el ámbito objetivo de las exclusiones actualmente previstas por la Ley, sino explicitar normativamente la aplicación del criterio material que ya contiene el artículo 2.3: la inexistencia de pública concurrencia. Se trata, por tanto, de una modificación esencialmente aclaratoria que persigue eliminar las dudas interpretativas que se han puesto de manifiesto en la aplicación práctica de la norma y proporcionar un criterio legal directamente aplicable por las administraciones públicas competentes.

Asimismo, por otra parte, se modifica el artículo 6.4 de la citada Ley 7/2011, de 5 de abril, con la finalidad de eximir la habilitación municipal en materia de actividades clasificadas que pueda afectar a usos y actividades ordinarios y complementarios en suelo rústico vinculadas a explotaciones agrarias, sustituyendo la habilitación municipal por un informe preceptivo que ha de preceder a la obtención del título habilitante sectorial previsto en la LSENPC (artículo 63.4 LSENPC). Se trata de sustituir, por motivos de racionalización, agilidad, economía y eficacia procedimental (artículo 3.1 Ley 40/2015) una doble habilitación (sectorial autonómica y de actividad clasificada municipal) y, por ende, un doble procedimiento (autonómico y municipal), por un único procedimiento y una única habilitación sectorial o autonómica, dentro de cuyo procedimiento se inserte un informe municipal. Es una modalidad ya prevista en el artículo 6.3 de la Ley 7/2011, por motivos de economía y eficacia procedimental, que el Decreto ley pretende aplicar a las actuaciones agrarias sujetas al régimen de actividades clasificadas.

VII

Mantenimiento del rango reglamentario de determinados preceptos

Para cumplir la finalidad transversal perseguida por el presente Decreto ley algunos departamentos del Gobierno han previsto la necesidad de modificar determinadas normas de naturaleza reglamentaria. En el ordenamiento jurídico español existen múltiples ejemplos de decretos leyes que modifican normas reglamentarias y que prevén cláusulas de salvaguarda del rango de dichas normas; y la constitucionalidad de esta manera de proceder ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en STC 332/2005, de 15 de diciembre o en la STC 61/2016, de 17 de marzo.

Asimismo, la utilización del decreto ley para modificar normas reglamentarias resulta jurídicamente viable en la medida en que no existe reserva reglamentaria constitucional y se incorpore una cláusula de salvaguarda del rango reglamentario de los preceptos modificados. La legislación reciente confirma esta posibilidad, ya que numerosos reales decretos-leyes incluyen disposiciones que modifican normas reglamentarias y prevén expresamente que tales modificaciones no alteran el rango de las normas afectadas.

A los efectos expuestos, la disposición final segunda tiene por objeto señalar que los preceptos reglamentarios que sean modificados de forma expresa o tácita por el presente Decreto ley mantendrán su rango normativo original.

VIII

Principios de buena regulación

En relación con cada una de las diferentes medidas normativas que ampare el presente Decreto ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la Constitución y en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo no pueden conseguirse eficazmente a través de la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia, y sin que este Decreto ley constituya un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).

El presente Decreto ley se ajusta a los principios de buena regulación previstos en el artículo 66 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias; así como en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta iniciativa normativa ha cumplido los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad porque las medidas que comprende son las más adecuadas actualmente para alcanzar los fines perseguidos, cumpliendo los compromisos adquiridos en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias; actualizando las coordenadas del ordenamiento tributario autonómico; así como articulando un conjunto de medidas específicas en los ámbitos de la organización y funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma y de determinados sectores de actuación administrativa. A mayor abundamiento, tratándose de un decreto ley, las razones expuestas anteriormente en relación con cada medida normativa para acreditar la concurrencia del supuesto habilitante previsto en los artículos 86 de la Constitución y 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias refuerzan la justificación del principio de necesidad en el contexto autonómico actual.

Por otro lado, la necesidad de atender eficazmente la gestión de los intereses generales requiere un vehículo jurídico eficaz, siendo el decreto ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución de dicho objetivo. Igualmente, esta norma cumple el principio de proporcionalidad, por cuanto se trata de la regulación mínima e indispensable para la consecución de los objetivos indicados anteriormente; y con el principio de eficiencia, pues huye de establecer cargas administrativas para la ciudadanía o las empresas.

El principio de seguridad jurídica resulta plenamente garantizado por cuanto la norma respeta y se inserta coherentemente dentro del sistema de fuentes y con el resto del ordenamiento jurídico.

En relación con el principio de transparencia, no debe obviarse que la legislación de urgencia está exenta de la realización de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, de conformidad tanto con la legislación estatal básica como con la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias. Sin embargo, los objetivos perseguidos por este Decreto ley están nítidamente explicados en su parte expositiva y en su correspondiente expediente administrativo, remitido al Parlamento de Canarias, con arreglo a las previsiones legales, y a disposición de la ciudadanía a través del Portal de transparencia del Gobierno de Canarias.

En definitiva, tratándose de un decreto ley de carácter transversal que comprende fundamentalmente medidas normativas, tanto de naturaleza legal como reglamentaria, procede concluir que cada una de ellas conecta de manera coherente, directa e inmediata con el supuesto habilitante previsto constitucional y estatutariamente en relación con este singular tipo de normas con fuerza de ley.

En relación con la modificación de la ley de Pesca de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias en virtud del artículo 131 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Las modificaciones del Decreto ley 4/2025, de 29 de julio, por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias, se dictan al amparo de la competencia exclusiva en materia de servicios sociales prevista en el artículo 142.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

La modificación del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias deriva de las previsiones de los artículos 169 y 171 del Estatuto de Autonomía.

La modificación de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, responde al ejercicio de la competencia prevista en el artículo 121 del Estatuto de Autonomía de Canarias; mientras que la modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, obedece al ejercicio de las competencias previstas en el artículo 126 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

La modificación propuesta en relación con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, obedece al ejercicio de las competencias previstas en el artículo 126 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

En materia de cultura, la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce la competencia prevista en el artículo 136.1.a) del Estatuto de Autonomía de Canarias, que comprende el fomento de la cultura y, entre otros ámbitos, el fomento y la difusión de la industria cinematográfica y audiovisual. Esta competencia resulta afectada por las modificaciones del Decreto 18/2009, de 10 de febrero, por el que se crea el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y se regula el procedimiento para la obtención del Certificado Canario de Obra Audiovisual y el Certificado Canario de Producción Audiovisual, y de la Ley 1/2023, de 1 de marzo, del Sistema Público de Cultura de Canarias. Asimismo, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia en materia de patrimonio cultural prevista en el artículo 137 del Estatuto de Autonomía, que resulta afectada por la modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

La modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, y la modificación del Decreto 30/2004, de 23 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las becas, ayudas y subvenciones a los estudios universitarios y a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, obedecen a las competencias previstas en los artículos 134.2.a) 134.2.g) del Estatuto de Autonomía de Canarias, respectivamente.

En relación con la modificación del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, cabe señalar que, en materia de fomento, el Estatuto de Autonomía de Canarias recoge en el artículo 102.1 que, a la Comunidad Autónoma, en las materias de su competencia, le corresponde el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios.

La modificación del Decreto 62/1997, de 30 de abril, por el que se regula la implantación del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 112, como de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, se aprueba de acuerdo con las competencias previstas en los artículos 149 y 157.e) del Estatuto de Autonomía de Canarias, respectivamente.

En relación con la modificación del Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce las competencias previstas en el artículo 163.1, letras a), b) y d), del Estatuto de Autonomía de Canarias, en materia de instalaciones de producción de energía, fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética, así como de autorización, inspección y control de las instalaciones de producción de energía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución.

En relación con la modificación de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, se ejerce la competencia sobre protección de datos de carácter personal en materia de sanidad interior, en los términos previstos en el artículo 113, puesto en relación con el artículo 141.2, de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

La competencia legislativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para modificar el artículo 18.4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, se fundamenta en el artículo 106 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en materia de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas canarias, incluyendo, en todo caso, la aprobación de las normas de procedimiento administrativo que deriven de las especialidades de la organización de la Administración Pública canaria, con respeto a lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

La modificación propuesta, que identifica expresamente a la Presidencia del Servicio Canario de Empleo como órgano competente para resolver el recurso de alzada frente a las resoluciones de la Dirección del organismo, se dicta en el marco de dicha competencia estatutaria y se ajusta a la legislación básica estatal sobre procedimiento administrativo común, en particular al artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al concretar el órgano superior jerárquico competente para conocer del recurso de alzada en función de la organización interna del Servicio Canario de Empleo. Esta regulación se conecta, además, con las competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de empleo y relaciones laborales, reconocidas en el artículo 139 del Estatuto de Autonomía, de las que el Servicio Canario de Empleo es el organismo encargado de su ejercicio.

La competencia legislativa de la Comunidad Autónoma de Canarias para la modificación del artículo 2.3 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, descansa sobre el artículo 128.2 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye la competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias y conforme al artículo 74 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, a propuesta conjunta del Consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos; de las Consejeras de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; de los Consejeros de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas; de las Consejeras de Turismo y Empleo y de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura; Transición Ecológica y Energía; de las Consejeras de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y de Sanidad; y el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 9 de noviembre de 2026,

DISPONGO: