Disposicion Final . 1ª. Modificación de la Ley 8/1998, 9 de diciembre, de fundaciones de la Comunitat Valenciana La Ley 8/1998, 9 de diciembre, de fundaciones de la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:.. DECRETO LEY 9/2026, de 6 de noviembre, C. Valenciana, modificación normativa del régimen de prevención y control ambiental de actividades y gestión de residuos

Uno. Se modifica el apartado 8 del artículo 22, que queda redactado como sigue:

«8. Los patronos y las personas físicas representantes de los patronos y sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo, podrán contratar con la fundación en los términos previstos en este apartado.

a) Requerirán autorización previa del Protectorado los contratos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que la contraprestación económica a cargo de la fundación, considerada individualmente o conjuntamente con las demás operaciones realizadas con el mismo patrono o representante durante el ejercicio, sea superior al diez por ciento de los gastos previstos en el plan de actuación del ejercicio o del activo de la fundación resultante del último balance aprobado, tomando como referencia la menor de ambas magnitudes.

2.º Que el contrato tenga por objeto la adquisición, transmisión, arrendamiento, constitución o cesión de derechos sobre bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, bienes integrantes de la dotación fundacional o bienes directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales.

3.º Que el contrato tenga una duración superior a cuatro años, incluidas las prórrogas previstas, o genere obligaciones económicas para la fundación durante más de un ejercicio presupuestario cuando su importe acumulado alcance el límite establecido en el ordinal 1.º

4.º Que la contratación tenga por objeto la prestación por el patrono o representante de servicios profesionales o laborales de carácter permanente o recurrente y comporte una retribución que, atendidas sus características, pueda plantear dudas acerca de su diferenciación respecto del ejercicio gratuito de las funciones propias del cargo de patrono.

5.º Que, atendiendo a su objeto, importe, duración o circunstancias concurrentes, la operación pueda producir una alteración significativa del patrimonio fundacional o comportar un riesgo relevante de conflicto entre el interés particular del patrono y el interés de la fundación.

La solicitud de autorización deberá acompañarse de certificación del acuerdo del patronato y de una memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de la contratación, de su adecuación a los fines fundacionales y de las condiciones económicas de la operación.

El patrono afectado no podrá participar en la deliberación ni en la votación del acuerdo correspondiente.

b) Las restantes contrataciones estarán sujetas únicamente a comunicación al Protectorado, que deberá realizarse con carácter previo a su formalización o, cuando resulte necesario para la adecuada gestión de la fundación, simultáneamente a esta.

La comunicación irá acompañada de certificación del acuerdo del patronato, en la que se hará constar:

1.º El objeto, duración y condiciones esenciales de la contratación.

2.º El importe de la contraprestación, incluidos los impuestos que resulten aplicables.

3.º La justificación de que las condiciones pactadas se corresponden con las normales de mercado.

4.º Que la contratación responde al interés de la fundación y no constituye, directa o indirectamente, una retribución por el ejercicio del cargo de patrono.

5.º La abstención del patrono afectado en la deliberación y votación del acuerdo.»

Dos. Se modifica el apartado 9 del artículo 22, que queda redactado como sigue:

«9. En los supuestos sujetos únicamente a comunicación, la fundación podrá formalizar y ejecutar el contrato desde el momento en que esta se presente al Protectorado.

En los supuestos sometidos a autorización previa, el contrato no podrá formalizarse ni producir efectos hasta que la autorización haya sido otorgada.

Reglamentariamente se determinarán el procedimiento, la documentación exigible y los criterios para apreciar la relevancia patrimonial de las operaciones sometidas a autorización.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 22, con el siguiente texto:

«11. El plazo para resolver y notificar sobre la concesión de las autorizaciones a que se refiere este artículo será de 3 meses, excepto que, mediante la resolución motivada del Protectorado, se considere procedente investigar determinados aspectos que garanticen la legalidad de lo que se ha solicitado, en cuyo caso se podrá ampliar el plazo en tres meses más. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, únicamente se entenderán estimadas por silencio administrativo positivo aquellas solicitudes de autorización relativas a operaciones distintas de aquéllas a las que se refieren los apartados 1 a 8 letra a) del artículo 22 de esta ley. El plazo para resolver la solicitud se suspenderá por causa imputable al interesado, reanudándose el cómputo desde el momento que tal causa haya desaparecido.»