Disposicion Final . 1ª. Plazo para la resolución de los procedimientos sancionadores en materia de industria.. DECRETO ley 8/2026, de 9 de noviembre, Canarias, normas para dar cumplimiento a los Acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias

1. Los procedimientos administrativos sancionadores en materia de industria, cuya tramitación y resolución corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y para los que su normativa específica no establezca plazo máximo para resolver y notificar, deberán resolverse y notificarse en el plazo máximo de un año.

2. El plazo señalado en el apartado anterior se computará desde la fecha del acuerdo de iniciación.

3. Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad, sin que ella exima a la Administración de la obligación legal de resolver. La resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. La presente disposición será de aplicación a los procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ley.

5. Los procedimientos sancionadores en materia de industria iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ley, continuarán rigiéndose, en cuanto al plazo máximo para resolver y notificar, por la normativa vigente en el momento de su incoación.