Artículo 8. LEY 8/2026, de 30 de octubre, Canarias, de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado

1. Corresponde a las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. La Administración educativa proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita, inmediata y especializada en los supuestos de agresión, amenaza, coacción, acoso, ciberacoso o conflictividad al personal docente de todos los niveles educativos referidos en la ley que preste servicios en los centros docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.7 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

3. La asistencia jurídica incluirá, en todo caso, la representación y defensa en juicio en los procedimientos que se deriven de su actividad profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, siempre que los hechos deriven del ejercicio legítimo de sus funciones y no exista conflicto de intereses con la Administración educativa, cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente.

4. En el caso de las direcciones de los centros, cuando las denuncias se interpongan por parte de los miembros del claustro y, en su caso, del personal de administración y servicios, se prestará asesoramiento jurídico por parte de la Administración educativa.

5. La Administración educativa potenciará la coordinación de los centros educativos, las direcciones generales, territoriales e insulares y la Inspección Educativa, para asegurar una prestación de la asistencia jurídica y psicológica eficaz.

6. Se promoverá el establecimiento de mecanismos de coordinación para el seguimiento de los procedimientos que se pudieran derivar de delitos contra el personal docente como las agresiones, amenazas o coacciones.