Artículo 7. LEY 8/2026, de 30 de octubre, Canarias, de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado

En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por docentes y miembros del equipo directivo de los centros educativos tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad iuris tantum, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El contenido de la declaración reflejará los hechos documentalmente, con claridad y precisión, consignando solo datos y elementos fácticos, comprobados directamente por el funcionario que emite la declaración de los mismos, como resultado de su propia y personal observación, quedando fuera del relato las valoraciones subjetivas, las calificaciones jurídicas, las opiniones o los juicios de valor.