Artículo 5. DECRETO ley 8/2026, de 9 de noviembre, Canarias, normas para dar cumplimiento a los Acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 4. Exclusiones.

No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ley:

a) La prestación de servicios bancarios, de seguros y de transportes cualquiera que sea el medio utilizado.

b) El ejercicio de profesiones liberales.

c) Los suministros de agua, gas, electricidad y teléfonos.

d) Los servicios de bares, cafeterías, restaurantes y hostelería en general, salvo en los supuestos expresamente previstos en la presente Ley.

e) Cualquier otra actividad comercial que, por su propia naturaleza o por estar así reglamentariamente establecido, esté sometida a control por parte de los poderes públicos".

Dos. Se modifica el artículo 12, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 12. De los horarios comerciales.

1. El horario global en que los comercios podrán desarrollar su actividad durante el conjunto de días laborables de la semana será de 90 horas. La persona titular de la Consejería competente en materia de comercio podrá, mediante Orden, modificar dicho número de horas dentro de los límites determinados por la legislación estatal directamente aplicable, en su caso.

2. El horario concreto en que los comercios podrán desarrollar su actividad, dentro de los límites señalados en el apartado anterior, será libremente establecido por cada titular del respectivo establecimiento.

3. Los comerciantes sometidos a la presente disposición estarán obligados a exponer en los escaparates o en otro lugar de sus establecimientos visible desde el exterior, incluso cuando estén cerrados, el detalle claro y exacto de los días en que permanecerán abiertos al público y su horario de apertura y cierre".

Tres. Se añade un artículo 12 bis, con la siguiente redacción:

"Artículo 12 bis. Domingos y festivos.

1. El número de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de diez al año, salvo lo dispuesto en el apartado 2 y lo establecido en el artículo 12 ter. La persona titular de la Consejería competente en materia de comercio podrá, mediante Orden, modificar dicho número de días dentro de los límites determinados por la legislación estatal directamente aplicable.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, previa propuesta de la Comisión Insular de Comercio correspondiente, la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio podrá acordar el aumento del número de domingos y días festivos de apertura, hasta un máximo de doce al año, circunscribiendo dicho aumento a la correspondiente isla.

3. Dentro de los límites señalados en los dos apartados anteriores, y previa consulta a las Comisiones Insulares de Comercio correspondientes, la persona titular de la consejería competente en materia de comercio determinará, mediante Orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias, para cada una de las islas, los domingos o festivos que puedan abrir al público los comercios durante la correspondiente anualidad natural, atendiendo de forma prioritaria al atractivo comercial de dichos días para los consumidores, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La apertura, en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más días festivos continuados.

b) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la Comunidad Autónoma.

c) La apertura en los domingos o festivos de la campaña de Navidad, u otras campañas de interés comercial.

4. Los comercios de más de 300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público y los centros comerciales definidos en el artículo 41.2 de la presente ley, podrán establecer fechas alternativas a las señaladas conforme al apartado 3 del presente artículo, que habrán de cumplir, en todo caso, los siguientes requisitos:

a) El número total de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público no podrá exceder de los límites mínimos y máximos previstos en los apartados 1 y 2.

b) En la designación de fechas alternativas, los operadores atenderán de forma prioritaria al atractivo comercial de dichos días para los consumidores, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 3.

c) Las comunicaciones formuladas por un centro comercial regirán para la totalidad de los establecimientos comerciales incluidos en el mismo y serán, por tanto, preferentes a las que hubiera formulado, en su caso, un establecimiento concreto incluido en dicho centro.

d) Aquellas empresas que dispongan de establecimientos comerciales en más de un municipio, podrán presentar comunicación de fechas alternativas diferentes por cada municipio.

Las fechas alternativas, para poder operar, deberán ser comunicadas a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, mediante el procedimiento telemático habilitado al efecto, en un plazo máximo de 15 días naturales siguientes a la publicación de la Orden prevista en el apartado 3, publicándose tales fechas alternativas por establecimiento, una vez verificada su conformidad, por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias en la página web habilitada al efecto, debiendo igualmente ser anunciadas por el respectivo establecimiento o centro comercial de manera pública y visible para los usuarios.

5. Cada comerciante determinará libremente el horario de apertura del respectivo establecimiento correspondiente a cada domingo o día festivo, de los habilitados conforme a los apartados anteriores, en que ejerza su actividad.

6. Hasta tanto se determinen los domingos y festivos de apertura aplicables a la correspondiente anualidad natural, cada comerciante dispondrá de plena libertad para determinar los domingos y festivos de apertura de sus respectivos establecimientos, dentro de los límites señalados en el apartado 1.

7. El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio del régimen especial de horarios regulado en la presente Ley".

Cuatro. Se añade un artículo 12 ter, con la siguiente redacción:

"Artículo 12 ter. De los establecimientos con régimen especial de horarios.

1. Tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público aquellos establecimientos determinados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, o norma reguladora básica que la sustituya, así como los implantados en las zonas de gran afluencia turística.

2. Son zonas de gran afluencia turística a que se refiere el apartado 1 aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen residencia habitual.

b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.

c) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.

d) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de visitantes.

e) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.

f) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.

3. En todo caso, en aquellos municipios de Canarias con más de 100.000 habitantes que hayan registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior, según los datos del Instituto Canario de Estadística o en su caso de la Consejería competente en materia de turismo, o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año natural inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, según los datos de Puertos del Estado, o en su caso de la Consejería competente en materia de Turismo, se declarará al menos una zona de gran afluencia turística, aplicando los criterios establecidos en el apartado anterior.

4. La declaración, modificación o supresión de las zonas de gran afluencia turística en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de comercio, a propuesta de los ayuntamientos correspondientes al término municipal afectado, oídas las asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones empresariales y sindicales más representativas y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación competente por razón del territorio, y previo informe de la consejería competente en materia de turismo, que será preceptivo en todos los casos, y vinculante cuando se trate de los supuestos previstos en los subapartados a), d), e) o f) del apartado 2 del presente artículo.

En los supuestos en los que, concurriendo alguno de los supuestos del apartado 4, la propuesta de declaración de zona de gran afluencia turística formulada por el Ayuntamiento interesado contenga una limitación de carácter temporal o territorial, deberán justificarse en la propuesta las razones en las que se funda tal limitación temporal o territorial, de acuerdo con los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor. En el caso de que la consejería competente para resolver considerase que no está suficientemente justificada esta restricción, se declarará zona de gran afluencia turística la totalidad del municipio todo el año.

La declaración o modificación habrá de producirse en el plazo de seis meses desde la presentación de la correspondiente propuesta del Ayuntamiento, entendiéndose estimada dicha propuesta, por silencio positivo, en los términos propuestos, si en dicho plazo no se dictara resolución expresa. En los casos de propuesta de supresión, el transcurso del plazo para resolver sin que se haya dictado resolución expresa habilitará al Ayuntamiento a tener por desestimada la propuesta.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, si concurriendo los supuestos previstos en el apartado 3, no se hubiera producido, en el plazo de seis meses desde la publicación de los datos referidos en dicho apartado, la declaración de alguna zona de afluencia turística en el municipio en el que concurran las circunstancias señaladas en dicho apartado, se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año.

6. Los establecimientos comerciales situados en aquellas zonas en que tengan lugar ferias y mercados de marcado carácter tradicional podrán permanecer abiertos, previa habilitación del respectivo ayuntamiento, los domingos y festivos en que se celebre la correspondiente feria o mercado.

7. Las oficinas de farmacia, estancos y establecimientos donde se vendan productos culturales o se presten servicios culturales se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por la presente disposición".

Cinco. Se modifica el artículo 13, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 13. De las Comisiones Insulares de Comercio

1. Las Comisiones Insulares de Comercio son órganos consultivos y participativos, de ámbito insular, operando una comisión por cada una de las islas con administración propia.

2. Corresponde a las Comisiones Insulares de Comercio, en relación con su ámbito territorial correspondiente:

a) asesorar al titular de la Consejería competente en materia de comercio sobre los domingos y festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los establecimientos comerciales situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias;

b) proponer al titular de la Consejería competente en materia de comercio el aumento del número de domingos y días festivos de apertura, hasta un máximo de doce al año, en su respectivo ámbito insular;

c) cualesquiera otras competencias consultivas que, en materia de comercio, le sean atribuidas por la normativa aplicable o le sean encargadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio.

3. Cada una de las Comisiones Insulares de Comercio estarán presididas por la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio del Gobierno de Canarias, o alto cargo de dicha Consejería en quien delegue, e integradas por: un representante del Gobierno de Canarias, un representante del respectivo Cabildo Insular, un representante de los Ayuntamientos de la respectiva isla, dos representantes de la cámara oficial de comercio cuyo ámbito territorial coincida o comprenda la respectiva isla, dos representantes de las confederaciones de empresarios, dos representantes de las organizaciones sindicales y dos representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas a nivel insular."

Seis. Se modifica el apartado 4 del artículo 22, que queda redactado en los siguientes términos:

"4. Queda prohibida la venta a domicilio de aquellos productos o servicios que por la legislación sectorial tengan prohibida la venta en dicha modalidad".

Siete. Se modifica el artículo 23, que queda redactado en los siguientes términos.

"Artículo 23. Ventas a distancia.

1. A los efectos de esta Ley, se consideran ventas a distancia aquellas que se perfeccionan a través de cualquier medio de comunicación a distancia entre las partes, esto es, sin la presencia física simultánea de las partes o sus representantes y en los que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo.

2. Será de aplicación la presente Ley a las ventas a distancia definidas en el apartado anterior en las que el establecimiento oferente se encuentre ubicado en Canarias y la oferta se proyecte en exclusiva dentro del ámbito territorial de Canarias.

3. Las comunicaciones comerciales y modalidades de venta a distancia sometidas a la presente Ley que se tengan, a su vez, la consideración de servicios de la sociedad de información y/o de comercio electrónico se regirán por la legislación sectorial aplicable a las mismas y, en lo no previsto en ellas, por las disposiciones de la presente ley sobre las ventas a distancia.

4. Las disposiciones sectoriales sobre ventas a distancia reguladoras de los derechos de consumidores y usuarios serán de aplicación preferente".

Ocho. Se modifica el artículo 24, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 24. Requisitos informativos de las ventas a distancia.

1. Todas las ofertas de venta a distancia contendrán, de forma clara e inequívoca, los siguientes datos informativos:

a) La identidad del oferente, que comprenderá necesariamente su NIF/CIF, nombre y apellidos o denominación social y datos de contacto.

b) El producto o servicios que se ofrece, con una descripción del mismo con todos los datos sobre su naturaleza, cantidad, calidad, posibilidades de consumo o de uso que facilite su identidad y garantía, en su caso.

c) El precio total a satisfacer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la presente Ley, separando el importe de los gastos de envío, si van a cargo del consumidor, y especificando el sistema de reembolso.

d) El plazo máximo de recepción o puesta a disposición del consumidor del producto o servicio objeto de la transacción, desde el momento de la recepción del encargo. De no establecerse ningún plazo, se entenderá como plazo máximo para realizar la entrega el de 30 días desde el momento de la recepción del encargo. El adquirente deberá ser informado de que si el establecimiento no cumple con el plazo máximo aplicable, el adquirente tiene el derecho a decidir sobre la cancelación del pedido.

e) El período de reflexión durante el cual el consumidor puede devolver el producto y recibir la cantidad satisfecha que no podrá ser inferior a 14 días naturales desde la recepción del producto, salvo los supuestos previstos en la legislación sectorial sobre consumo en los que no resulte aplicable el derecho de desistimiento.

f) El sistema de devolución, en su caso, con la información de que los gastos correspondientes van a cargo del comerciante en caso de disconformidad con el envío, antes de transcurrir el período de reflexión.

g) El sistema de garantías, que habrá de responder necesariamente de los vicios que se manifiesten en un plazo mínimo de 2 años desde la entrega.

h) Información fehaciente sobre el modo y medios de utilización de los datos personales que recopile el oferente del adquirente, así como del derecho de este a corregirlos y suprimirlos siempre que lo crean conveniente.

i) Información fehaciente sobre la eventual utilización, por la página web desde la que se oferte el producto, de cookies y la finalidad de dicha utilización.

j) El derecho del adquirente a elegir la forma de pago que crea más conveniente, de entre las diferentes opciones que ofrezca el oferente y las condiciones de cada una de tales modalidades de pago.

k) La disposición, en su caso, por la web desde la que se realiza la oferta, de un certificado de seguridad.

2. Requisitos especiales para el ejercicio de la venta a distancia:

A) Los requisitos que deberán reunir las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la actividad de la venta a distancia, al margen de las previstas por esta Ley en los artículos 6 y 7, serán los siguientes:

a) Cumplir los requisitos previstos en la normativa específica reguladora de los productos objeto de esta venta.

b) Llevar y tener a disposición de las autoridades competentes una relación autorizada de los productos que se comercializan, de sus ofertas, de los centros de distribución y de los domicilios sociales, y de la recepción de pedidos y solicitudes de información.

c) Tener los almacenes donde se encuentren los productos en las debidas condiciones según lo establecido en la legislación vigente.

B) Está prohibido, en cualquier caso, el envío de mercancías o servicios no solicitados previamente por los consumidores o usuarios, especialmente los que se realicen bajo la advertencia de que la falta de respuesta del receptor da lugar a la presunción de la aceptación. La prohibición es efectiva aunque se fije un plazo de reflexión para realizar la prueba o ensayo del producto o envío.

C) No pueden efectuarse envíos de ofertas si el sistema utilizado conlleva cualquier gasto para el destinatario, salvo que exista la solicitud previa de la oferta por parte de éste.

D) El establecimiento debe enviar de forma inmediata a la persona adquirente la justificación de la contratación efectuada, por el conducto que se señale en la propia oferta".

Nueve. Se modifica la rúbrica del Título V, que queda redactada en los siguientes términos:

"Título V. De los establecimientos sujetos a título habilitante en materia comercial".

Diez. Se modifica el artículo 40, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 40. De los títulos habilitantes en materia comercial.

1. La instalación, apertura, ampliación de superficie útil de exposición y venta, traslados y cambios de actividad de aquellos establecimientos comerciales que establezca la presente disposición está sujeta a la previa obtención de título habilitante de la consejería competente en materia de comercio.

A los efectos previstos en la presente disposición, se entiende por superficie útil de exposición y venta la de aquellos lugares en que se vendan mercancías o se expongan para su venta, incluyendo los escaparates internos, los mostradores y tras mostradores, los espacios destinados al tráfico de personas, la zona de cajas y la comprendida entre éstas y la salida.

2. Son títulos habilitantes en materia de comercio la licencia comercial y la comunicación comercial previa.

3. La licencia comercial y comunicación comercial previa serán previas al otorgamiento o producción del correspondiente título habilitante municipal en materia de actividades clasificadas, y no exonerarán, por tanto, al establecimiento de su obtención, cuando fuere preceptiva, pudiendo tramitarse ambos títulos habilitantes de forma simultánea, pero siempre quedando supeditado el título habilitante municipal a la obtención de licencia comercial o comunicación comercial previa, en su caso.

Las resoluciones denegatorias de licencias comerciales, o que acuerden la revocación o caducidad de las ya otorgadas o la declaración de ineficacia de comunicaciones previas en materia comercial impedirán el ulterior otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, o producción de efectos de los títulos habilitantes que sean exigibles y deban emitir o presentarse ante los ayuntamientos.

La competencia en materia de títulos habilitantes en materia comercial no afectarán a la competencia municipal de control y sancionadora, previstas en la legislación de actividades clasificadas, sobre tales establecimientos, que serán ejercidas por la entidad local correspondiente, dando conocimiento de las mismas a la consejería competente en materia de comercio del Gobierno de Canarias."

Once. Se modifica el artículo 41, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 41. Ámbito de aplicación de la licencia comercial.

1. Están sujetas a licencia comercial las actuaciones previstas en el artículo 40.1 de la presente disposición que se proyecten sobre:

a) grandes establecimientos comerciales, entendiéndose por tales aquéllos destinados al comercio al por menor cuya superficie útil de exposición y venta, ya sea inicial o ya sea resultante, en su caso, de la ampliación proyectada, sea igual o superior a 2.500 metros cuadrados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, 1.650 metros cuadrados en la isla de Lanzarote, 1.250 metros cuadrados en la isla de Fuerteventura, 1.000 metros cuadrados en la isla de La Palma y 750 metros cuadrados en las islas de La Gomera y El Hierro;

b) centros comerciales en los que la superficie útil de venta de los establecimientos comerciales integrados en ellos supere los 9.000 metros cuadrados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, 6.000 metros cuadrados en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma y 3.000 metros cuadrados en las islas de La Gomera y El Hierro.

2. A los efectos previstos en la presente disposición, se entiende por centro comercial, con independencia de su superficie útil de venta, la unidad comercial constituida por el conjunto de establecimientos comerciales situados en un mismo recinto, vinculados entre sí por una planificación, gestión, promoción y administración común en los que se ejerzan las actividades de forma empresarial independiente y, en los que puedan existir, en su caso, como uso complementario establecimientos dedicados a actividades de ocio, restauración u otras. Son igualmente centros comerciales, en la modalidad de parque comercial, los integrados por un conjunto de edificaciones de uso comercial ubicados en una misma área común urbanizada siempre que se hallen vinculados por la citada planificación, gestión, promoción y administración común.

Se entiende que no existe planificación, gestión, promoción y administración común cuando la relación entre los locales sea de mera copropiedad ordinaria, acreditada por el pago directo e individualizado de suministros y gastos por cada local, sin que exista una marca o nombre comercial que los agrupe; ni gastos compartidos para el desarrollo de actuaciones propias del centro comercial (seguridad, promoción, publicidad, etc..) o en caso de ausencia de normas adoptadas o decisiones compartidas de funcionamiento comercial, tales como fijación de un régimen de horarios de apertura y cierre vinculante, rotulación o imagen comercial unificada, más allá de las propias de una comunidad de propietarios ordinaria.

En los supuestos en que los que la normativa sectorial prevea la emisión de informe por parte de la Consejería competente en materia de comercio, sobre si un conjunto de establecimientos comerciales tiene la consideración de centro comercial, la existencia de los requisitos correspondientes para su determinación debe concurrir con anterioridad a la solicitud del citado informe.

3. El Gobierno de Canarias, mediante Decreto, podrá reducir o ampliar las superficies útiles mínimas de exposición y venta previstas en el apartado anterior."

Doce. Se modifica el artículo 42, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 42. Ámbito de aplicación de la comunicación comercial previa.

1. Están sujetas a comunicación comercial previa las actuaciones previstas en el artículo 40.1 de la presente disposición, así como la adquisición de titularidad de establecimientos, que se proyecten sobre establecimientos con superficie inferior a las establecidas en el artículo 41.1 a) cuya apertura o ampliación determinen o contribuyan a la superación, por la empresa o grupo de empresas a que pertenezcan, de las siguientes superficies útiles de exposición y venta por islas, computando la totalidad de establecimientos de la empresa o grupo de empresas en la respectiva isla:

Tenerife y Gran Canaria: 5.000 metros cuadrados.

Lanzarote: 3.300 metros cuadrados.

Fuerteventura: 2.500 metros cuadrados.

La Palma: 2.000 metros cuadrados.

La Gomera y El Hierro: 1.000 metros cuadrados.

A estos efectos, se considera grupo de empresas los así definidos en el artículo 42 del Código de Comercio.

2. El Gobierno de Canarias, mediante Decreto, podrá reducir o ampliar las superficies útiles mínimas de exposición y venta previstas en el apartado anterior".

Trece. Se elimina el apartado 1 del artículo 43, y los apartados 2 y 3 del mismo pasan a numerarse, respectivamente, como apartados números 1 y 2.

Catorce. Se añade un apartado 3 al artículo 43, con la siguiente redacción:

"3. Solamente tendrán vinculatoriedad normativa para el otorgamiento o denegación de licencias comerciales las determinaciones que sobre equipamientos comerciales se contemplen en las normas de planeamiento municipal de aplicación en el ámbito territorial en el que se ubique la actividad comercial proyectada.

Serán igualmente vinculantes las determinaciones sobre equipamientos comerciales contempladas en el planeamiento insular y planeamiento territorial de ordenación, en el caso de que impliquen la exclusión de dichos equipamientos por afección a espacios naturales protegidos".

Quince. Se añade un capítulo III en el Título V, con la siguiente rúbrica:

"Capítulo III.- De la comunicación comercial previa".

Dieciséis. Se añade un artículo 43 bis, con el siguiente tenor:

"Artículo 43 bis. De la comunicación comercial previa.

1. En los supuestos que la presente disposición sujete a comunicación comercial previa como título habilitante en materia comercial, dicha comunicación habrá de presentarse ante la consejería competente en materia de comercio del Gobierno de Canarias acompañada de la documentación prevista en el artículo 45.1 de la presente disposición.

2. La presentación de la comunicación constituye título habilitante en materia comercial desde el mismo momento de su prestación, y sin perjuicio de las potestades de la Administración competente para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y declarar, en su caso, la ineficacia de la comunicación presentada.

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a la comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la documentación requerida determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

4. La Administración competente podrá declarar, previo procedimiento tramitado al efecto, la ineficacia de la comunicación previa presentada en los supuestos previstos en el apartado anterior, así como cuando concurra cualquiera de las circunstancias previstas en la presente ley sobre caducidad o revocación de licencia comercial, en cuanto resulten aplicables.

5. El plazo máximo para el inicio de la actividad habilitada por la comunicación previa será de 3 años desde su presentación. Dicho plazo podrá ser objeto de prórroga o prórrogas por causas justificadas y ajenas al interesado".

Diecisiete. Se renumera el artículo 45, por derogación del apartado 2 del mismo artículo, pasando el artículo 45.3 a ser el artículo 45.2 con la siguiente redacción:

"2. La solicitud será inadmitida, previa audiencia a los solicitantes, cuando sea manifiestamente contraria a la legislación y ordenación territorial vigentes".

Dieciocho. Se modifican los subapartados b) y c) del apartado 1 del artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:

"b) El órgano competente para tramitar el procedimiento remitirá la documentación al ayuntamiento en cuyo ámbito territorial se pretenda emplazar el establecimiento, el cual, si así lo solicitare expresamente el interesado, en el momento de la solicitud de licencia comercial, iniciará la tramitación del procedimiento dirigido al otorgamiento de la licencia municipal urbanística de obras y, en su caso, de actividades clasificadas, de conformidad con la normativa sectorial de aplicación. Asimismo, en el mismo trámite, la Administración autonómica recabará el informe municipal, que deberá contener pronunciamiento expreso sobre la adecuación del establecimiento comercial proyectado al planeamiento urbanístico municipal vigente y a la normativa sectorial de actividades clasificadas.

En particular, el antedicho informe deberá pronunciarse sobre la incidencia del proyecto, desde el punto de vista urbanístico en todos sus aspectos, incluidos los medioambientales, atendiendo a las determinaciones del planeamiento municipal, a la saturación del sistema viario municipal, incremento de los desplazamientos, la accesibilidad de los estacionamientos y la adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas, así como de iluminación, con especial referencia, en este último apartado, a la especial protección que otorga la legislación estatal en materia de contaminación lumínica.

Con el objeto de simplificación procedimental, la información pública y notificación vecinal contenida en la Ley 7/2011, de 5 de abril, queda sustituida en el caso de establecimientos sometidos a la presente Ley por la exigida en el apartado 1.a) del presente artículo. A tal fin, el órgano competente para instruir el procedimiento para la concesión de la licencia comercial remitirá al ayuntamiento interesado el resultado de la información pública realizada.

c) Además del informe del ayuntamiento, se procederá a solicitar simultáneamente los informes siguientes:

1) Informe preceptivo del cabildo insular respectivo, con remisión de la documentación precisa, que deberá pronunciarse expresamente sobre los criterios establecidos en los subapartados 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del apartado 2 del artículo 43.

2) Los informes facultativos a emitir por los departamentos competentes de la Administración autonómica que, en su caso, acuerde solicitar la consejería encargada de tramitar el procedimiento, en relación con los criterios del artículo 43".

Diecinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:

"2. El informe del Ayuntamiento tendrá carácter vinculante si fuera desfavorable.

El informe del Cabildo Insular tendrá carácter vinculante si fuera desfavorable por alguno de los siguientes motivos:

a) Que implique la exclusión de dichos equipamientos por afección a espacios naturales protegidos.

b) Que el proyecto afecte gravemente a la movilidad insular o suponga una sobre saturación del tráfico rodado por carreteras de titularidad o gestión insular transferida por la Comunidad Autónoma, circunstancia que deberá ser expresamente acreditada técnicamente, en su caso, en el referido informe, con respaldo en los servicios competentes del Cabildo.

c) Que el proyecto se ubique en zona declarada como de riesgo hidráulico, en cuyo caso deberá constar en el informe expreso pronunciamiento en tal sentido por parte del Consejo Insular de Aguas u órgano equivalente.

En caso de que los informes de Ayuntamiento y Cabildo fueran favorables pero condicionados a la modificación del proyecto o a la realización de cualquier actuación no prevista en el mismo, la resolución que, en su caso, otorgue la licencia comercial se condicionará necesariamente a la modificación o realización de las actuaciones incluidas en los informes municipal, en todo caso, e insular, cuando éste esté motivado en alguno de los supuestos previstos en el párrafo anterior.

El plazo máximo respectivo para emitir y remitir, por conducto electrónico, a la Consejería solicitante, los respectivos informes por parte del Ayuntamiento y Cabildo será de dos meses, desde que tenga entrada en la respectiva entidad local su solicitud. Transcurrido el respectivo plazo sin que hubiera sido remitido el correspondiente informe, se entenderá que la entidad local respectiva no se opone a la concesión de la licencia comercial.

Si por parte del ayuntamiento o del cabildo insular se exigiera la aclaración o subsanación de algún extremo del proyecto presentado a los efectos de poder emitir el informe, se dará traslado de dicho requerimiento al interesado por parte del órgano instructor, con comunicación al órgano informante, suspendiéndose el plazo establecido para la emisión del informe".

Veinte. Se modifica el apartado 1 del artículo 48, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. El plazo máximo para la resolución del procedimiento de concesión de la licencia comercial será de ocho meses, sin perjuicio de las suspensiones que, en su caso, resulten aplicables.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada su solicitud por silencio positivo, a menos que se hubiera producido requerimiento de subsanación o aclaración por parte de alguna de las administraciones informantes, o se hubiera emitido en plazo informe vinculante en sentido desfavorable, del que se dará inmediato conocimiento al interesado".

Veintiuno. Se modifica el apartado 3 del artículo 48, que queda redactado en los siguientes términos:

"3. La resolución que se dicte deberá ser motivada, y, de resultar estimatoria de la solicitud presentada, quedará sometida, en su caso, al cumplimiento de las determinaciones que se establezcan en la misma, incluidas las establecidas en los informes municipales o insulares, en caso de ser favorables condicionados, cuando deban ser necesariamente acogidas conforme a la presente Ley o sean, en otro caso, incluidas en la resolución, o, en su caso, la realización de actuaciones de urbanismo comercial y proyectos que mejoren las infraestructuras de equipamiento municipal en los principales ejes comerciales del municipio, los cuales tendrán que ser financiados por el operador comercial que explote el equipamiento comercial.

La resolución estimatoria contendrá de forma expresa, asimismo, el plazo para el inicio efectivo de la actividad comercial, que, en defecto de determinación expresa, se fija en 3 años a contar desde la notificación de la resolución al interesado. Dicho plazo podrá ser objeto de prórroga si concurren las circunstancias justificativas para la misma".

Veintidós. Se renumera el artículo 48, por derogación del apartado 5 del mismo artículo, pasando el artículo 48.6 a ser el artículo 48.5 con la siguiente redacción:

"5. El titular de la licencia comercial para el desarrollo de la actividad objeto de la presente Ley comunicará la puesta en marcha de la actividad comercial en el plazo máximo de un mes desde que ésta se produzca, mediante una declaración responsable al órgano competente en materia de comercio".

Veintitrés. Se modifica el artículo 49, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 49. Vigencia y caducidad.

1. La licencia comercial para el ejercicio de las actividades comerciales sometidas al ámbito de aplicación de la presente Ley tendrá vigencia indefinida.

2. No obstante, la persona titular de la consejería competente en materia de comercio podrá declarar, con efectos constitutivos, su caducidad por causa imputable al interesado, tras la tramitación del procedimiento correspondiente con audiencia del titular, en los siguientes supuestos:

a) Si hubiera sido declarada la caducidad de la licencia urbanística que habilite la ejecución de las obras relacionadas con la licencia comercial.

b) Si, transcurrido el plazo fijado en la resolución de concesión, no se haya dado comienzo al ejercicio efectivo de la actividad comercial en los términos previstos en la propia licencia, salvo prórroga o prórrogas concedidas al efecto.

c) Si no se hubiera solicitado la licencia urbanística o presentado la comunicación previa para la obtención del título urbanístico habilitante, en el plazo de tres meses a partir de la obtención de la licencia comercial, cuando sea procedente.

3. La declaración de caducidad determinará la extinción de la licencia otorgada".

Veinticuatro. Se modifica el artículo 51, que queda redactado en los siguientes términos:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42.1 de la presente Ley, la transmisión de la titularidad de establecimientos sometidos a licencia comercial exigirá, exclusivamente, comunicación al órgano competente para su concesión, acompañada de acreditación del cumplimiento de las obligaciones exigidas en materia de defensa de la competencia".

Veinticinco. Se suprime el Título VIII -De la planificación territorial de grandes equipamientos comerciales-, que queda sin contenido, así como su artículo 54.

Veintiséis. Se renumera el Título IX, que pasa a ser el Título VIII.

Veintisiete. Se modifica el artículo 55, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 55. Promoción y fomento de la actividad comercial.

1. El Gobierno de Canarias, sin perjuicio de las competencias de gestión que corresponda, en su caso, a las entidades locales y otras consejerías, promoverá y fomentará la actividad comercial y las infraestructuras necesarias para su desarrollo a través de la consejería competente en materia de comercio. A estos efectos, se entenderá comprendida en la actividad de comercio, además de la prevista en el artículo 3 de la presente Ley, los servicios que se presten en bares, cafeterías, restaurantes y demás establecimientos de restauración y de hostelería, así como las infraestructuras necesarias para su desarrollo.

2. La actividad de fomento ira dirigida preferentemente, entre otros posibles fines, a:

a) la modernización y actualización de las estructuras y técnicas comerciales y de servicios de hostelería y restauración,

b) la implantación y mejora de zonas comerciales abiertas,

c) la implantación y mejora de mercados, mercadillos y demás formatos de venta no sedentaria de competencia local,

d) la realización de ferias comerciales, de restauración y de hostelería en general".

Veintiocho. Se añade un apartado e) al artículo 56, con el siguiente tenor:

"e) La implantación y utilización de nuevas tecnologías y del comercio electrónico en los establecimientos y en la actividad comercial".

Veintinueve. Se añade un nuevo artículo 56 bis, con el siguiente tenor:

"Artículo 56 bis. Actividad promocional y fomento de las zonas comerciales abiertas, mercados tradicionales y hostelería.

1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de sus competencias en materia de comercio interior, desarrollará actuaciones de promoción, dinamización y modernización de la actividad comercial y de la hostelería en general, orientadas a fortalecer la competitividad del sector y su integración en el entorno urbano y social.

2. El Gobierno de Canarias impulsará de manera prioritaria el fomento, consolidación y mejora de las Zonas Comerciales Abiertas, entendidas como espacios urbanos de alta concentración comercial, o espacios que, sin tener alta concentración comercial disponen de entidades asociativas o representativas que los agrupan y a través de las que se pueden realizar acciones conjuntas, y en los que además se desarrollan actividades de hostelería, restauración o servicios, que constituyen un elemento estratégico para la cohesión económica y social de las ciudades y núcleos poblacionales del Archipiélago.

3. El Gobierno de Canarias promoverá la protección, modernización y dinamización de los Mercados Tradicionales de Canarias, reconociendo su valor económico, cultural, patrimonial y su papel como espacios de abastecimiento de proximidad.

4. El Gobierno de Canarias promoverá de forma activa el desarrollo y la modernización de la actividad de hostelería y restauración en general, reconociendo su carácter estratégico para el desarrollo económico del Archipiélago y su papel esencial en la promoción de las Islas.

La política de fomento en este sector se orientará especialmente a:

a) El impulso de la excelencia y calidad en la prestación de los servicios.

b) La formación técnica y profesional especializada de los trabajadores del sector, en colaboración con las organizaciones más representativas.

c) El apoyo a la modernización tecnológica y la sostenibilidad ambiental de los establecimientos.

d) La promoción de la gastronomía local como elemento diferenciador de la oferta comercia canaria.

5. La Administración autonómica, en coordinación con los cabildos y ayuntamientos, velará por la preservación de los establecimientos de hostelería tradicionales que formen parte del patrimonio histórico y cultural de los municipios.

6. Los cabildos insulares, en coordinación con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, elaborarán y aprobarán, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de comercio, los Planes Insulares de Zonas Comerciales Abiertas y Hostelería y los Planes Insulares de Mercados Tradicionales, que constituirán los instrumentos estratégicos de planificación, ordenación y actuación en estas áreas.

Estos planes establecerán, entre otros aspectos:

a) Diagnóstico de situación y necesidades.

b) Objetivos estratégicos y líneas de actuación.

c) Criterios de diseño urbano, accesibilidad y movilidad.

d) Medidas de digitalización, sostenibilidad y eficiencia energética.

e) Mecanismos de cooperación con cabildos, ayuntamientos y asociaciones empresariales.

f) Programación temporal y estimación de recursos.

7. Las administraciones públicas canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán en la ejecución de las actuaciones previstas en los planes directores, pudiendo suscribir convenios, acuerdos de financiación y otros instrumentos de cooperación interadministrativa y público-privada.

8. El Gobierno de Canarias desarrollará campañas de promoción institucional dirigidas a la ciudadanía y al tejido empresarial, destinadas a poner en valor el comercio local, las Zonas Comerciales Abiertas, los mercados tradicionales y la hostelería, así como a fomentar hábitos de consumo responsable y sostenible".

Treinta. Se modifica el artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 59. Venta directa.

Será libre, en el seno de actividades feriales, la venta directa de los productos exhibidos por los comerciantes participantes en las mismas".

Treinta y uno. Se suprime la sección séptima del Título IX, integrada por los artículos 76, 77 y 78, que queda sin contenido.

Treinta y dos. El Capítulo IV del Título VIII (renumerado) pasa a denominarse "Título IX. Régimen de Infracciones y Sanciones".

Treinta y tres. Los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 quedan renumerados, respectivamente, como artículos 76, 77, 78, 79, 80 y 81.

Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 77 (renumerado), que queda redactado en los siguientes términos:

"Son infracciones administrativas en materia comercial las siguientes:

1. El incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de la presente Ley.

2. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 en materia de productos y servicios puestos a disposición del público.

3. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 en materia de precios.

4. El incumplimiento de lo dispuesto en materia de horarios comerciales.

5. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2.B).d) en materia de ejercicio simultáneo del comercio al por mayor y al detalle.

6. El ejercicio de actividades de venta fuera de un establecimiento comercial, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2.B).

7. El incumplimiento por las cooperativas de consumidores y usuarios y por los economatos de lo dispuesto en el artículo 3.2.B), letras e) y f).

8. El incumplimiento de lo previsto en los artículos 15 y 16 en cuanto a instalación de los mercadillos y mercados de ocasión y a los productos que pueden ser ofrecidos al público en los mismos, sin perjuicio de las competencias municipales sobre la materia.

9. La falta de veracidad en los anuncios de prácticas promocionales, calificando indebidamente las correspondientes ventas u ofertas.

10. La instalación de puestos de venta ambulante que infrinja lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21.

11. La venta domiciliaria de los productos prohibidos en el artículo 22.

12. El incumplimiento de los requisitos que para las ofertas en las ventas a distancia establece el artículo 24.

13. El incumplimiento de los requisitos que para las máquinas destinadas a la venta automática establece el artículo 26.

14. El incumplimiento de los requisitos que para las ventas a pérdida se contienen en el artículo 28.

15. Las ventas con prima que infrinjan lo dispuesto en el artículo 29.

16. Las ventas en rebajas en las que no se consigne el precio, conforme a lo establecido en el artículo 30, o recaigan sobre los productos a que se refiere el artículo 31, o no cumplen las condiciones que para su anuncio se establecen en el artículo 32.

17. Las ventas en liquidación en las que no concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 33, o cuya realización no se haya comunicado a la consejería competente en materia de comercio, conforme al artículo 34.

18. Las ventas de saldo que tengan por objeto productos distintos de los previstos en esta Ley, las que no cumplan con los requisitos contenidos en el artículo 35, y las que se practiquen en establecimientos en condiciones distintas a las exigidas en el artículo 36.

19. Las ventas con descuento efectuadas sin cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 38.

20. La realización de ventas en cadena o pirámide que han sido prohibidas según el artículo 39.

21. La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información expresamente mencionada en los artículos 29.4, 30.2 y 38.3, o cualquier otra requerida por las autoridades competentes o sus agentes en cumplimiento de la presente Ley, así como el suministro de dicha información de manera inexacta o la presentación de documentación falsa.

22. La utilización inapropiada de cualquiera de las denominaciones feriales a que hace referencia el artículo 61 de esta Ley.

23. La exclusión injustificada de expositores en una actividad ferial.

24. La venta directa con retirada de mercancía del recinto ferial sin la preceptiva comunicación previa.

25. La celebración de actividades feriales en recintos o instalaciones que no cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley y disposiciones que lo desarrollen.

26. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 74 que no sean objeto de tipificación específica en este artículo.

27. La no celebración de actividades feriales comunicadas, salvo que concurran circunstancias especiales debidamente justificadas.

28. El uso indebido de la denominación de institución ferial por entidades no reconocidas como tales.

29. La utilización de la calificación de feria o exposición oficial de Canarias para actividades carentes de tal carácter conforme se establece en el artículo 66.1 de esta Ley.

30. La realización por las entidades organizadoras de actividades feriales de actuaciones que originen un perjuicio de carácter económico a terceros, declarado por resolución judicial o administrativa firmes.

31. El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en los artículos 67, 68, 69, 73 o 75 de esta Ley.

32. La realización de actuaciones sobre establecimientos comerciales sujetas a licencia comercial o comunicación comercial previa, sin la previa obtención de tales títulos habilitantes, o en contra de sus determinaciones.

33. El incumplimiento de la obligación de comunicar la puesta en marcha de la actividad comercial en el plazo máximo de un mes desde que ésta se produzca.

34. El incumplimiento de la obligación de comunicar cualquier variación de los datos en el Registro de Comerciantes y Comercio de Canarias".

Treinta y cinco. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 79, con el siguiente tenor:

"6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el cierre o suspensión de la actividad de un establecimiento cuya instalación, apertura, ampliación de superficie útil de exposición y venta, traslados y cambios de actividad no se haya realizado previa la correspondiente licencia comercial o cumplimentado el requisito preceptivo de la comunicación previa, cuando una u otra fueren preceptivas, o contraviniendo sus determinaciones, no tendrá carácter de sanción, debiendo ordenarse el mismo como medida definitiva, previa audiencia del interesado, y hasta una eventual legalización posterior, en su caso, de las instalaciones o actividad, mediante la obtención de los títulos habilitantes correspondientes o adecuación de la actuación a los títulos ya obtenidos".

Treinta y seis. Se modifica la disposición transitoria primera, que queda redactada en los siguientes términos:

"Disposición transitoria primera. Régimen de horarios, domingos y festivos.

Sin perjuicio del ejercicio de las potestades de determinación de domingos y festivos desde la entrada en vigor de la presente disposición legal, el régimen de horarios, domingos y festivos establecido en la misma no se aplicará al año natural en curso al tiempo de su entrada en vigor".

Treinta y siete. Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda redactada en los siguientes términos:

"Disposición transitoria segunda. Régimen de los procedimientos de licencia comercial en tramitación.

1. Los procedimientos de otorgamiento de licencia comercial que se encuentren en tramitación al tiempo de la entrada en vigor de la presente disposición continuarán tramitándose conforme al procedimiento y régimen contenido en la legislación vigente al tiempo de su iniciación, a menos que el interesado solicite expresamente la aplicación del nuevo régimen contenido en la presente disposición legal, dentro del plazo de 1 mes desde su entrada en vigor, u opte, en cualquier momento anterior a su resolución expresa, por el desistimiento de dicho procedimiento.

2. Como excepción a lo establecido en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo 43.3 de este texto normativo será de aplicación a todo procedimiento sobre el que, al tiempo de su entrada en vigor, no se hubiera dictado resolución expresa".

Treinta y ocho. Se modifica la disposición transitoria tercera, que queda redactada en los siguientes términos:

"Disposición transitoria tercera. Régimen de fomento de zonas comerciales abiertas.

La preceptividad del informe de la consejería competente en materia de comercio será de aplicación a los planes directores que se aprueben con posterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición legal".

Treinta y nueve. Se suprime la disposición final primera "Aprobación de los Planes Territoriales Especiales de Grandes Equipamientos Comerciales de ámbito insular", renumerándose las disposiciones finales restantes.