Artículo 4. DECRETO ley 8/2026, de 9 de noviembre, Canarias, normas para dar cumplimiento a los Acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias

Uno. Se modifica el título del artículo 24, así como su contenido, que queda redactado de la forma siguiente:

"Artículo 24. Mecanismos de resolución voluntaria de conflictos.

Las Administraciones Públicas de Canarias propiciarán la puesta a disposición de los consumidores y usuarios y de los profesionales y empresarios de mecanismos de resolución voluntaria de conflictos y reclamaciones en materia de consumo, sin perjuicio de las actuaciones de inspección y sanción que puedan corresponder a las mismas.

A estos efectos, tendrán la consideración de mecanismos de resolución voluntaria de conflictos la mediación y el arbitraje de consumo, sin perjuicio de los demás mecanismos que puedan preverse en la normativa aplicable."

Dos. Se añade el artículo 24 bis, con la siguiente redacción:

"Artículo 24 bis. Mediación de consumo

1. La mediación de consumo es un medio voluntario de resolución de conflictos que puedan surgir en una relación de consumo, mediante el cual las partes, con la intervención de una persona mediadora imparcial, neutral y debidamente cualificada, intentan alcanzar por sí mismas un acuerdo.

2. La mediación se regirá por los principios de voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, buena fe, transparencia y respeto mutuo.

3. La mediación de consumo podrá desarrollarse por las oficinas municipales o insulares de información al consumidor y por el centro directivo del Gobierno de Canarias con competencias en materia de consumo. Asimismo, podrán intervenir en los procedimientos de mediación de consumo las personas o entidades públicas o privadas, que cuenten con la acreditación exigida conforme a la normativa aplicable para la realización de tales funciones.

4. El centro directivo del Gobierno de Canarias con competencia en materia de consumo tendrá la consideración de autoridad competente para la acreditación de las personas y entidades mediadoras de consumo, establecidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos que se determinen reglamentariamente.

5. El procedimiento de mediación se iniciará a solicitud de una de las partes y requerirá la aceptación de la otra parte, en la forma y plazo que se establezcan reglamentariamente. Las partes podrán desistir del procedimiento en cualquier momento, sin perjuicio de los efectos que, en su caso, produzcan los acuerdos válidamente alcanzados.

6. La mediación de consumo no impedirá el ejercicio por las Administraciones Públicas competentes de las funciones de inspección, control y sanción que procedan, ni limitará el derecho de las partes a acudir al Sistema Arbitral de Consumo, a otros mecanismos de resolución alternativa de conflictos o a la vía judicial, conforme a la legislación vigente.

7. Los acuerdos alcanzados en mediación se formalizarán por escrito y obligarán a las partes en los términos pactados. Su eficacia ejecutiva quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente.

8. El procedimiento de mediación de consumo será gratuito para las personas consumidoras y usuarias cuando se tramite por los servicios públicos de consumo, sin perjuicio de lo que reglamentariamente se establezca respecto de las personas o entidades mediadoras acreditadas.

9. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento de mediación de consumo, los requisitos de acreditación de las personas y entidades mediadoras, así como los mecanismos de coordinación entre las Administraciones Públicas competentes.

10. El Gobierno de Canarias fomentará la formación especializada y continua en materia de mediación de consumo".

Tres. Se modifican las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 39, en los siguientes términos:

"2. En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los órganos competentes para la imposición de sanciones son:

a) El Gobierno de Canarias para imponer sanciones por infracciones calificadas como muy graves.

b) El consejero competente en materia de consumo para imponer sanciones por infracciones calificadas como graves, cuando la cuantía de la multa supere 15.000 euros.

c) El director general competente en materia de consumo para imponer sanciones por infracciones calificadas como leves y las graves cuando la cuantía de la multa no exceda de 15.000 euros.

Las facultades a que se refiere este apartado podrán ser objeto de desconcentración por decreto del Gobierno".

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 42, que queda redactado como sigue:

"1. Las infracciones en materia de defensa del consumidor serán sancionadas con multas, con arreglo a la siguiente escala:

a) Infracciones leves: entre 150 y 10.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido.

b) Infracciones graves: entre 10.001 y 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

c) Infracciones muy graves: entre 100.001 y 1.000.000 de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

No obstante, cuando la aplicación de los rangos indicados anteriormente conlleve la imposición de una sanción desproporcionada en relación con la capacidad económica del infractor se podrá utilizar el rango asignado a la calificación de un menor nivel de gravedad para el cálculo de la sanción".

Cinco. Se modifica el título y el contenido del artículo 44, que queda redactado como sigue:

"Artículo 44. Prescripción y procedimiento sancionador.

1. Las infracciones en materia de defensa de la persona consumidora o usuaria prescribirán a los cinco años, las calificadas de muy graves, a los tres años las graves y a los dos años las leves.

2. El plazo de prescripción de la infracción empezará a contar desde que ésta se manifieste o exteriorice y, en el caso de infracciones continuadas, cuando finalice la acción infractora o el último acto con que la infracción se consume. Excepcionalmente, si los hechos son totalmente desconocidos por falta de signos externos, el plazo empieza a computarse en el momento en que los hechos se manifiestan o son conocidos.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

4. También interrumpirán la prescripción las actuaciones judiciales en el ámbito penal sobre los mismos hechos o sobre otros hechos conexos cuya separación de los constitutivos de la infracción de la normativa de consumo sea jurídicamente imposible, de manera que la sentencia que pudiera recaer vinculara a la Administración actuante.

5. Igualmente interrumpirá la prescripción de las infracciones de la normativa de consumo la iniciación de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora por los mismos hechos, con conocimiento del interesado, sobre la base de normativa sectorial si, finalmente, apreciándose identidad de fundamento, procediese la aplicación preferente de la normativa de consumo. En estos supuestos, se reiniciará el cómputo del plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

6. El plazo de prescripción de las infracciones estará suspendido desde la presentación de la reclamación, o en su caso, solicitud de mediación por la persona consumidora o usuaria a la persona empresaria hasta que por ésta se dé contestación a la misma de acuerdo con la normativa de aplicación, así como durante el tiempo en que se esté buscando una solución a la reclamación presentada por las propias partes o con la intervención de un tercero.

7. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por la comisión de infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones leves al año.

8. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Interrumpirá la prescripción en estos supuestos la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

En el caso de desestimación presunta del recurso interpuesto contra la resolución por la que se imponga la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dichos recursos.

9. El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa en los procedimientos sancionadores en materia de consumo será de doce meses. Dicho plazo empezará a contarse desde la fecha de la resolución de iniciación y finalizará con la notificación o el intento debidamente justificado de notificación de la resolución sancionadora. Transcurrido dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro responsable.

En cualquier caso, podrá iniciarse un procedimiento sancionador en tanto no haya prescrito la infracción, con independencia del momento en que hubieran finalizado las diligencias preliminares dirigidas al esclarecimiento de los hechos o la caducidad de un procedimiento previo sobre los mismos hechos.

10. Las solicitudes de pruebas periciales, así como de análisis y ensayos técnicos, contradictorios y dirimentes, que fueran necesarios para determinar la responsabilidad, suspenderán el cómputo del plazo de caducidad del procedimiento ya iniciado hasta que se conozcan sus resultados.

11. El procedimiento para la imposición de sanciones en materia de consumo se determinará reglamentariamente".