Artículo 15. DECRETO ley 8/2026, de 9 de noviembre, Canarias, normas para dar cumplimiento a los Acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias

Uno. Se modifica el artículo 6, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 6. Relaciones interadministrativas.

1. Las administraciones públicas integradas en el sistema público de tutela del patrimonio cultural de Canarias, así como las entidades y organismos públicos vinculados o dependientes de aquellas, actuarán y se relacionarán entre sí de conformidad con los principios de respeto al orden constitucional, estatutario y legal de distribución de competencias, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia en la gestión de los recursos públicos, responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos, garantía de la igualdad en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y solidaridad interterritorial.

2. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias colaborará con la Administración General del Estado y con las administraciones canarias en el exterior en la salvaguarda, proyección, difusión y promoción nacional e internacional del patrimonio cultural de Canarias, así como en el fomento de los intercambios culturales y en cuantas actuaciones contribuyan a su mejor conocimiento, protección y valorización.

3. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias promoverá la colaboración y cooperación con el resto de las administraciones públicas que integran el sistema público de tutela del patrimonio cultural de Canarias, a fin de asegurar una actuación común, coherente y eficaz en la protección, conservación, investigación, transmisión, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural canario.

4. Mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio cultural podrá crearse un órgano de gobernanza del sistema público de tutela del patrimonio cultural de Canarias, con funciones de coordinación, diálogo institucional, intercambio de información y promoción de buenas prácticas entre las administraciones públicas competentes en la materia, sin carácter decisorio.

5. Asimismo, podrán aprobarse planes autonómicos de patrimonio cultural como instrumentos de planificación, colaboración y articulación de las políticas públicas de las distintas administraciones competentes, con la finalidad de favorecer la acción conjunta, la definición de objetivos comunes y la utilización eficiente de los recursos públicos".

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. Los bienes del patrimonio cultural de Canarias se integran en alguno de los siguientes niveles de protección:

a) El nivel autonómico de protección, correspondiente a los bienes de interés cultural. Su régimen jurídico se regula en el capítulo I del título IV y en las disposiciones específicas que les resulten aplicables conforme a esta ley.

b) El nivel insular de protección, correspondiente a los bienes de interés patrimonial. Su régimen jurídico se regula en el capítulo II del título IV y en las disposiciones específicas que les resulten aplicables conforme a esta ley.

c) El nivel municipal de protección, correspondiente a los bienes inmuebles patrimoniales catalogados. Su régimen jurídico se regula en el capítulo III del título IV y en las disposiciones específicas que les resulten aplicables conforme a esta ley".

Tres. Se modifica el artículo 12, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 12. Instrumentos de protección del patrimonio cultural de Canarias.

1. La protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias se articulará, de conformidad con los niveles de protección establecidos en esta ley, mediante los siguientes instrumentos:

a) El Registro de Bienes de Interés Cultural, correspondiente al nivel autonómico de protección.

b) El Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular, correspondiente al nivel insular de protección.

c) El Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales, correspondiente al nivel municipal de protección.

2. Los instrumentos de protección tendrán carácter público y tendrán por objeto la identificación, documentación y tutela administrativa de los bienes en ellos incluidos.

3. El Registro de Bienes de Interés Cultural será gestionado por el departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular será gestionado por los órganos competentes de los cabildos insulares. El Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales será gestionado por los órganos competentes del correspondiente ayuntamiento.

4. Cada instrumento de protección establecerá, respecto de los bienes incluidos en él, las determinaciones necesarias para su tutela y, en su caso, las limitaciones, prohibiciones, condiciones o deberes que resulten procedentes en relación con sus usos e intervenciones.

5. Los instrumentos de protección se rigen por el principio de jerarquía y por la aplicación preferente de la determinación más protectora. En consecuencia, las determinaciones del instrumento de ámbito territorial inferior no podrán contradecir las del instrumento de ámbito superior respecto del mismo bien, salvo que establezcan un régimen de protección más intenso. En caso de concurrencia, prevalecerá siempre la determinación que otorgue una mayor protección efectiva al bien.

6. Las determinaciones contenidas en los instrumentos de protección serán vinculantes y ejecutivas desde su aprobación, sin perjuicio del régimen provisional de protección aplicable durante la tramitación del procedimiento correspondiente. Cuando tales determinaciones establezcan limitaciones o prohibiciones más restrictivas que las previstas en los instrumentos de ordenación territorial, urbanística o ambiental, prevalecerán sobre estas a los exclusivos efectos de la protección del patrimonio cultural y deberán ser tenidas en cuenta en el otorgamiento de títulos habilitantes y en los procedimientos de evaluación ambiental que afecten a los bienes protegidos.

7. Excepcionalmente, las determinaciones contenidas en los instrumentos de protección respecto de un bien determinado podrán ser suspendidas en caso de amenaza, riesgo o situación efectiva de emergencia o catástrofe, de conformidad con la legislación de protección civil. La suspensión deberá acordarse mediante resolución motivada del órgano competente para la gestión del correspondiente instrumento, a solicitud de los órganos competentes en materia de protección civil, y únicamente cuando resulte estrictamente necesaria, previa ponderación de las circunstancias concurrentes. La resolución deberá ir precedida de informe preceptivo del órgano consultivo competente en materia de patrimonio cultural.

8. Las personas propietarias, poseedoras o titulares de derechos reales sobre bienes susceptibles de incorporación a alguno de los instrumentos de protección estarán obligadas a colaborar con las administraciones competentes para su formación, revisión o actualización, permitiendo el acceso necesario para su examen y facilitando la información precisa para su adecuada documentación. Esta obligación comprenderá, en su caso, el acceso al interior de los inmuebles y el examen de los bienes muebles, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos personales".

Cuatro. Se modifica el artículo 16, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 16. Competencias de los cabildos insulares.

1. Corresponden a los cabildos insulares las siguientes competencias:

a) Incoar e instruir los procedimientos de declaración de bien de interés cultural, elevándolos al Gobierno de Canarias para su resolución, así como tramitar los procedimientos de desafectación en los términos previstos en esta ley y autorizar intervenciones y usos en los bienes de interés cultural.

b) Incoar, tramitar y resolver los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Patrimonial Insular, así como los procedimientos de desafectación o modificación de dicha declaración, y autorizar las intervenciones y usos en los mismos.

c) Gestionar el Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular en su respectivo ámbito territorial, practicando las anotaciones e inscripciones que procedan conforme a esta ley.

d) Autorizar intervenciones y usos en los conjuntos históricos mientras no se encuentre en vigor el preceptivo plan especial de protección.

e) Adoptar las medidas provisionales y cautelares en los supuestos expresamente previstos en esta ley o no atribuidos a otras administraciones.

f) Emitir informe preceptivo y vinculante en la tramitación de los planes especiales de protección de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y paisajes culturales.

g) Emitir informe preceptivo y vinculante en la tramitación de aquellos instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que afecten a bienes de interés cultural, a Bienes de Interés Patrimonial Insular o a bienes incluidos en catálogos municipales, en los términos previstos en esta ley.

h) Emitir informe preceptivo con carácter previo a la aprobación o modificación de los catálogos municipales o a la inclusión, alteración o exclusión de bienes en los mismos.

i) Emitir informe preceptivo y vinculante con carácter previo a cualquier intervención en partes o ámbitos de bienes incluidos en los catálogos municipales que no hayan sido objeto de inspección interior con ocasión de la elaboración y aprobación de tales catálogos o del procedimiento para la inclusión de dichos bienes en los mismos.

j) Ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre los bienes del patrimonio cultural de Canarias en los casos previstos en esta ley.

k) Definir la política insular en materia de conservación, restauración y prevención de riesgos del patrimonio cultural, ejecutando las intervenciones necesarias a tal fin, en coordinación con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los ayuntamientos.

l) Diseñar y ejecutar la política museística de interés insular.

m) Autorizar la creación de los museos de ámbito municipal, comunicándolo a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

n) Diseñar y ejecutar la política de parques arqueológicos, parques etnográficos y demás equipamientos patrimoniales de interés insular.

ñ) Difundir y divulgar los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias que radiquen en su ámbito insular.

o) Ejercer la potestad expropiatoria en los casos previstos en esta ley.

p) Ejercer la potestad inspectora en los términos atribuidos por esta ley.

q) Incoar, instruir y resolver los procedimientos por infracciones administrativas en los supuestos establecidos en la presente ley.

2. Los cabildos insulares actuarán, además, por subrogación, en los supuestos previstos en esta ley, respecto de las competencias atribuidas a los ayuntamientos que no hubieren sido ejercidas por estos".

Cinco. Se modifica el artículo 20, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 20. Corresponsabilidad municipal en la protección del patrimonio cultural inmueble.

1. Los ayuntamientos, en el marco de sus competencias, son corresponsables de la protección, conservación, vigilancia y tutela del patrimonio cultural inmueble situado en su término municipal, y deberán ejercer las funciones que les atribuye esta ley de manera coordinada con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y con los cabildos insulares.

2. Los ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes deberán disponer, con carácter obligatorio, de una unidad administrativa específica en materia de patrimonio cultural, dotada de personal con formación y experiencia acreditadas, que garantice el ejercicio efectivo de las competencias atribuidas por esta ley.

Asimismo, los ayuntamientos que cuenten con conjunto histórico declarado deberán disponer, al menos, de una persona empleada pública con cualificación técnica adecuada para el asesoramiento y la gestión en materia de patrimonio cultural.

Los restantes ayuntamientos deberán procurar la disponibilidad de perfiles técnicos adecuados para el asesoramiento y la gestión en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de la asistencia técnica que puedan recabar del cabildo insular correspondiente y del apoyo que, en su caso, pueda prestar la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Los ayuntamientos podrán crear consejos municipales de patrimonio cultural como órganos técnicos de asesoramiento en materia de patrimonio cultural inmueble. Su composición, funciones y régimen de funcionamiento se determinarán por el respectivo ayuntamiento, de acuerdo con criterios de cualificación técnica de sus integrantes y respetando el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

En los municipios que cuenten con conjunto histórico declarado, en la composición de estos consejos se procurará garantizar la representación del cabildo insular correspondiente y, en la medida de lo posible, de los colegios oficiales de arquitectos, de las personas responsables de la redacción del planeamiento urbanístico municipal, de las universidades públicas canarias, de las asociaciones ciudadanas de reconocida dedicación a la defensa del patrimonio cultural y de quienes ostenten la condición de cronista oficial, o figura análoga con fines similares.

4. Cuando así lo aconsejen de manera motivada la capacidad de los ayuntamientos, la entidad del patrimonio cultural radicado en los mismos o la existencia de una unidad patrimonial que deba ser objeto de protección conjunta, podrán constituirse consejos intermunicipales de patrimonio cultural y unidades intermunicipales especializadas, en los términos previstos en la legislación aplicable.

5. La existencia y funcionamiento efectivo de unidades administrativas y técnicas específicas, así como de consejos municipales o intermunicipales de patrimonio cultural, podrá constituir criterio de valoración o preferencia en la asignación de programas, ayudas y medidas de fomento en materia de patrimonio cultural por parte de la Comunidad Autónoma o los Cabildos.

6. Para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de los bienes del patrimonio cultural de Canarias situados en su término municipal, los ayuntamientos deberán disponer de los medios personales y funcionales necesarios, sin perjuicio de la posibilidad de conferir habilitaciones especiales a los cuerpos de policía local y de articular fórmulas de colaboración con la Policía Canaria, de conformidad con la legislación vigente".

Seis. Se modifica el artículo 26, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 26. Declaración de un bien de interés cultural.

1. La declaración de un bien de interés cultural requerirá la previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, de conformidad con lo previsto en esta ley y en la legislación del procedimiento administrativo común, garantizándose en todo caso la participación ciudadana y la incorporación del conocimiento técnico y especializado necesario para su adecuada resolución.

2. Reglamentariamente podrán desarrollarse las especialidades procedimentales necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta sección".

Siete. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 27. Iniciación del procedimiento de declaración.

1. El procedimiento de declaración de bien de interés cultural se iniciará siempre de oficio por la administración competente, bien por iniciativa propia, bien a petición razonada de otra administración pública o a solicitud de cualquier persona física o jurídica.

En el caso de los bienes integrantes del patrimonio cultural inmaterial, la administración competente actuará de conformidad con los principios previstos en el artículo 107 de esta ley y, en particular, con el principio de protagonismo de las comunidades portadoras, a las que deberá consultar con carácter previo a la incoación, procurando su participación y acompañamiento a lo largo del procedimiento.

2. Cuando la iniciación se promueva a solicitud de cualquier persona física o jurídica o a petición razonada de otra administración pública, la solicitud deberá estar suficientemente motivada y documentada, de forma que permita identificar con claridad el bien de que se trate y los valores culturales que justificarían la iniciación del procedimiento. La administración competente deberá resolver y notificar, en el plazo de tres meses, la incoación del procedimiento o, en su caso, la inadmisión o desestimación motivada de la solicitud.

Procederá la inadmisión cuando la solicitud carezca manifiestamente de fundamento, no se refiera a un bien susceptible de declaración como bien de interés cultural o no aporte los elementos mínimos que permitan identificar el bien y los valores culturales que justificarían la incoación. Procederá la desestimación cuando, una vez examinada la solicitud, no se aprecie la concurrencia de valores sobresalientes que justifiquen la iniciación del procedimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud a los efectos de interponer los recursos que procedan.

3. Corresponde a los cabildos insulares la incoación del procedimiento de declaración de bien de interés cultural respecto de los bienes situados en su respectivo ámbito insular, salvo en los supuestos previstos en el apartado siguiente.

4. Corresponde a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias la incoación del procedimiento de declaración de bien de interés cultural respecto de:

a) Los bienes muebles e inmuebles adscritos a su patrimonio o a servicios públicos gestionados por ella.

b) Los bienes integrantes del patrimonio cultural inmaterial cuyo ámbito de manifestación sea superior al insular.

c) Cualquier bien, mueble, inmueble o inmaterial cuando, habiendo requerido motivadamente al cabildo insular competente para que acuerde su incoación, este no la hubiera acordado en el plazo de tres meses. En este caso, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá incoar el procedimiento por subrogación".

Ocho. Se modifica el artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 28. Iniciación del procedimiento, contenido de la resolución y efectos.

1. La resolución de inicio del procedimiento de declaración de un bien de interés cultural, dictada por la administración competente, deberá ajustarse a lo dispuesto en este artículo. Dicha resolución se anotará con carácter preventivo en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Canarias y se comunicará al registro correspondiente de la Administración General del Estado y, cuando se trate de bienes inmuebles, al Registro de la Propiedad, en los términos previstos en esta ley.

2. Con carácter general, la resolución deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) El tipo de bien cultural de que se trate y la categoría o clasificación que provisionalmente se le atribuya, de conformidad con lo previsto en la sección 1.ª del presente título.

b) El ámbito territorial del bien.

c) La descripción precisa del objeto de la declaración, de forma que permita su correcta identificación.

d) La justificación de los valores sobresalientes que motivan la incoación.

3. Cuando el procedimiento tenga por objeto un bien inmueble, la resolución de iniciación deberá incluir, además:

a) La delimitación del bien objeto de protección y, en su caso, de su entorno de protección.

b) La documentación cartográfica suficiente para su adecuada identificación y delimitación y, cuando proceda, su georreferenciación.

c) La identificación catastral y, en su caso, registral de las parcelas o inmuebles afectados.

d) La identificación de las partes integrantes del bien y de los bienes muebles o inmateriales que, por su significación, deban incorporarse a la declaración, incluidos, en su caso, los bienes muebles vinculados al inmueble.

e) Los criterios específicos de intervención y protección aplicables al bien y, en su caso, a su entorno, sin perjuicio de los criterios generales establecidos en esta ley.

4. Cuando el procedimiento tenga por objeto una zona arqueológica o bienes inmuebles de carácter arqueológico, la resolución de iniciación incorporará la información técnica necesaria para su identificación y delimitación, sin perjuicio de que, por razones de protección, puedan omitirse en su publicación los datos de localización precisa, coordenadas o georreferenciación del bien.

5. Cuando el procedimiento tenga por objeto conjuntos o colecciones de bienes muebles, la resolución de iniciación enumerará y describirá individualmente los elementos o grupos de elementos que los integran y podrá establecer, cuando proceda, medidas específicas de conservación y protección.

6. Cuando el procedimiento tenga por objeto un bien inmaterial, la resolución de iniciación deberá identificar sus elementos definidores, los ámbitos sociales, territoriales o funcionales en los que se manifiesta y precisar los elementos esenciales cuya alteración supondría un menoscabo de los valores que motivan la incoación, con objeto de permitir la evolución natural de este tipo de manifestaciones. Asimismo, podrá establecer, en su caso, las medidas de salvaguarda que procedan.

7. La iniciación del procedimiento determinará la aplicación provisional al bien y, en su caso, a su entorno de protección, del régimen de tutela previsto en esta ley para los bienes de interés cultural ya declarados.

8. En el caso de bienes inmuebles, la incoación del procedimiento implicará, por ministerio de la ley y desde la fecha de la resolución de inicio, la suspensión de la presentación y tramitación de títulos habilitantes urbanísticos que afecten al bien, así como la suspensión temporal de la eficacia de los ya otorgados, hasta la resolución o caducidad del procedimiento.

9. Durante la tramitación del procedimiento solo podrán realizarse las intervenciones indispensables para la conservación y consolidación del bien, así como las inaplazables por causa de fuerza mayor, siempre que sean compatibles con la preservación de los valores que justifican la incoación. Dichas intervenciones requerirán autorización previa del cabildo insular competente, previo dictamen favorable de la comisión insular, y no podrán ampararse en título habilitante urbanístico alguno sin la previa obtención de dicha autorización".

Nueve. Se modifica el artículo 29, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 29. Publicación y notificación de la resolución de inicio del procedimiento de declaración.

1. La resolución por la que se inicie el procedimiento para la declaración de un bien de interés cultural será publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, se dará traslado de la misma a las administraciones públicas afectadas por razón del territorio y, en todo caso, al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. La publicación no condicionará los efectos de la incoación ni el cómputo de los plazos del procedimiento, que se entenderán iniciados desde la fecha en que se dicte la resolución de inicio.

2. La resolución será, además, notificada individualmente a las personas interesadas en los siguientes casos:

a) Cuando el bien objeto de declaración sea un inmueble y existan personas físicas o jurídicas identificadas como titulares de derechos reales o intereses legítimos sobre el mismo.

b) Cuando se trate de bienes muebles respecto de los cuales existan personas identificadas como titulares de derechos o intereses legítimos.

En ambos casos, cuando las personas interesadas sean desconocidas, se ignore el lugar de la notificación o, intentada esta, no hubiera podido practicarse, la notificación se realizará en los términos previstos en la legislación del procedimiento administrativo común.

3. En el caso de bienes del patrimonio cultural inmaterial, será suficiente la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Canarias, al presumirse la existencia de una pluralidad indeterminada de personas, grupos, comunidades o colectivos vinculados al bien, sin perjuicio de que, cuando sea posible, se procurará la comunicación o notificación a las entidades que representen intereses de las comunidades portadoras de dichos bienes".

Diez. Se modifica el artículo 30, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 30. Instrucción y tramitación.

1. La instrucción y tramitación del procedimiento de declaración de bien de interés cultural corresponderán a la administración pública que hubiera acordado su iniciación.

2. El procedimiento incluirá trámite de audiencia a las personas interesadas e información pública, de conformidad con lo previsto en la legislación del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de su sustanciación simultánea y de la utilización de otros cauces complementarios de participación ciudadana.

3. Durante la instrucción deberá solicitarse preceptivamente y constar en el expediente, al menos, dos informes emitidos por las instituciones consultivas previstas en el artículo 21 de esta ley. La solicitud de dichos informes suspenderá el plazo máximo para resolver en los términos establecidos en la legislación básica del procedimiento administrativo común. Sin perjuicio de ello, podrán recabarse cuantos otros informes se estimen necesarios para la mejor resolución del procedimiento.

4. En los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural tramitados por los cabildos insulares, una vez realizados los trámites de su competencia, el expediente deberá elevarse al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante acto administrativo motivado, que contendrá una exposición sucinta de los antecedentes y trámites practicados, al que se acompañará la totalidad del expediente debidamente foliado.

5. En el supuesto de subrogación previsto en el artículo 27.4.c) de esta ley, corresponderá a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias la incoación, instrucción y tramitación del procedimiento en su integridad, hasta su resolución.

6. La consejería competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias prestará apoyo técnico a los cabildos insulares cuando estos lo requieran, y podrá aprobar guías y criterios orientativos para la instrucción y tramitación de los procedimientos, a fin de favorecer una actuación homogénea, coordinada y coherente entre las distintas administraciones".

Once. Se modifica el artículo 32, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 32. Declaración del bien de interés cultural.

1. La declaración de un bien de interés cultural se realizará mediante decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta de la persona titular del departamento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural y previo informe preceptivo y favorable del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. La solicitud de dicho informe será formulada por el departamento competente en materia de patrimonio cultural y suspenderá el plazo máximo para resolver el procedimiento en los términos previstos en la legislación del procedimiento administrativo común.

2. El decreto de declaración deberá contener, según la tipología del bien de que se trate, las determinaciones establecidas en el artículo 28 de esta ley para la resolución de inicio, en los términos resultantes de la instrucción del procedimiento. La declaración se inscribirá de manera definitiva en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Canarias, mediante la conversión de la anotación preventiva practicada, y se comunicará al registro correspondiente de la Administración General del Estado y, cuando se trate de bienes inmuebles, al Registro de la Propiedad, en los términos previstos en esta ley.

3. El decreto por el que se declare un bien de interés cultural se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, se notificará a las personas interesadas, en su caso, y se comunicará a las administraciones públicas competentes por razón del territorio.

4. La declaración de un bien inmueble como bien de interés cultural desplegará sus efectos desde la entrada en vigor del decreto que la acuerde y determinará la prevalencia definitiva de su régimen de protección sobre las determinaciones incompatibles de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. En consecuencia, no podrán otorgarse ni ejecutarse títulos habilitantes incompatibles con dicha declaración, ni recuperarán eficacia, en aquello que resulte incompatible con la misma, los títulos cuya eficacia hubiera quedado suspendida durante la tramitación del expediente.

Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones competentes deberán adaptar el planeamiento afectado en el menor plazo posible, en los términos previstos en la legislación aplicable".

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 38, con la siguiente redacción:

"1. Los planes especiales de protección de los conjuntos históricos de Canarias contendrán, al menos, las determinaciones siguientes:

a) La normativa reguladora de la edificación, así como las obras y los usos admitidos.

b) Los criterios de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, reconstrucción, reestructuración y remonta de los inmuebles, con un programa específico de actuaciones que contemplen la accesibilidad universal para los catalogados, en la medida de lo posible.

c) Los criterios relativos al ornato de edificios y espacios libres, viales y sus pavimentos, mobiliario urbano, señalizaciones, cromatismo y demás elementos ambientales y de calidad acústica y paisajísticos, incluidas especies vegetales de significativo porte que estén asociadas, programando las inversiones necesarias para su ejecución.

d) La definición del sistema de circulación viaria, transportes, accesos, zonas peatonales y espacios destinados a aparcamiento.

e) Las medidas de fomento que se estimen necesarias en orden a promover la revitalización del conjunto histórico.

f) Las propuestas de modelos de gestión integrada del conjunto histórico.

g) El análisis y la valoración de la potencialidad arqueológica del subsuelo y de las edificaciones con valor histórico y, en caso de afección, las medidas protectoras adecuadas para la ejecución de las actividades arqueológicas que se proyecten o se consideren necesarias.

h) Las remodelaciones que impliquen una mejora del entorno y los usos degradantes en la medida que contribuyan a mantener la estructura urbana y arquitectónica

i) Los criterios y determinaciones para la conservación de fachadas y cubiertas, incluyendo entre otros elementos las carpinterías y elementos constructivos asociados, como chimeneas, hornos, poyos, cruces, aljibes, acequias, empedrado o enlosado de la vía".

Trece. Se modifica el título del Capítulo II del Título IV, que queda redactado en los siguientes términos:

"Capítulo II

Bienes de Interés Patrimonial Insular".

Catorce. Se modifica el artículo 39, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 39. Régimen general de los Bienes de Interés Patrimonial Insular.

1. Se declararán Bienes de Interés Patrimonial Insular aquellos bienes muebles, inmuebles o inmateriales que, sin reunir los valores sobresalientes que justifican su declaración como bien de interés cultural, ostenten valores relevantes de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico o técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, así como los que constituyan testimonios significativos de la cultura insular.

2. La declaración de Bien de Interés Patrimonial Insular implica el establecimiento de un régimen singular de protección y tutela, llevando implícita la declaración de utilidad pública y de interés social a efectos de expropiación, en los términos señalados en la presente ley.

3. Los bienes inmuebles declarados Bien de Interés Patrimonial Insular son inseparables de su entorno terrestre y marino".

Quince. Se modifica el artículo 40, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 40. Categorías de los Bienes de Interés Patrimonial Insular.

Podrán ser objeto de declaración como Bienes de Interés Patrimonial Insular los bienes inmuebles, muebles e inmateriales que ostenten los valores señalados en el artículo anterior, de conformidad con las categorías previstas en los artículos 23, 24 y 25 de la presente ley para los Bienes de Interés Cultural, en atención a su respectiva naturaleza".

Dieciséis. Se modifica el artículo 41, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 41. Procedimiento de declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular.

La declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular requerirá la previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, cuya incoación, instrucción y resolución corresponderán al cabildo insular competente por razón del territorio, garantizándose en todo caso la participación pública, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley".

Diecisiete. Se modifica el artículo 42, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 42. Iniciación del procedimiento de declaración.

1. El procedimiento de declaración de Bien de Interés Patrimonial Insular se iniciará siempre de oficio por el cabildo insular correspondiente, bien por iniciativa propia, bien a petición razonada de otra administración pública o a solicitud de cualquier persona física o jurídica.

En el caso de los bienes integrantes del patrimonio cultural inmaterial, el cabildo insular correspondiente actuará de conformidad con los principios previstos en el artículo 107 de esta ley y, en particular, con el principio de protagonismo de las comunidades portadoras, a las que deberá consultar con carácter previo a la incoación, procurando su participación y acompañamiento a lo largo del procedimiento.

2. Cuando la iniciación se promueva a solicitud de cualquier persona física o jurídica o a petición razonada de otra administración pública, la solicitud deberá estar suficientemente motivada y documentada, de forma que permita identificar con claridad el bien de que se trate y los valores culturales que justificarían la iniciación del procedimiento.

El cabildo insular correspondiente deberá resolver y notificar, en el plazo de tres meses, la incoación del procedimiento o, en su caso, la inadmisión o desestimación motivada de la solicitud.

Procederá la inadmisión cuando la solicitud carezca manifiestamente de fundamento, no se refiera a un bien susceptible de declaración como Bien de Interés Patrimonial Insular o no aporte los elementos mínimos que permitan identificar el bien y los valores culturales que justificarían la incoación. Procederá la desestimación cuando, una vez examinada la solicitud, no se aprecie la concurrencia de los valores relevantes que justifiquen la iniciación del procedimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud a los efectos de interponer los recursos que procedan.

3. El cabildo insular correspondiente podrá acordar la acumulación de expedientes para la declaración de varios bienes como Bienes de Interés Patrimonial Insular cuando entre ellos exista una conexión material, funcional, histórica, territorial, comunitaria o tipológica suficiente que justifique su tramitación conjunta, debiendo garantizarse en todo caso la audiencia de las personas interesadas y la participación pública en los términos previstos en esta ley.

4. Cuando la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias hubiera requerido motivadamente al cabildo insular correspondiente para que acuerde la incoación del procedimiento de declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular, y este no la hubiera acordado en el plazo de tres meses, podrá acordar su iniciación por subrogación".

Dieciocho. Se modifica el artículo 43, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 43. Contenido de la resolución de inicio y efectos de la incoación.

1. La resolución de inicio del procedimiento de declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular, dictada por el cabildo insular correspondiente, deberá contener, según la naturaleza del bien de que se trate, el mismo contenido mínimo previsto en el artículo 28 de esta ley para la iniciación del procedimiento de declaración de bien de interés cultural, con las adaptaciones derivadas de su ámbito insular.

2. La resolución de inicio se anotará preventivamente en el Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular.

3. La incoación del procedimiento determinará la aplicación provisional al bien y, en su caso, a su entorno de protección, del régimen de tutela previsto en esta ley.

4. En el caso de bienes inmuebles, la incoación del procedimiento implicará, por ministerio de la ley y desde la fecha de la resolución de inicio, la suspensión de la presentación y tramitación de títulos habilitantes urbanísticos que afecten al bien, así como la suspensión temporal de la eficacia de los ya otorgados, hasta la resolución o caducidad del procedimiento".

Diecinueve. Se modifica el artículo 44, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 44. Notificación y publicación de la resolución de inicio.

La resolución de inicio del procedimiento de declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular se notificará y publicará en los mismos términos previstos en el artículo 29 de la presente ley para los procedimientos de declaración de bien de interés cultural, con las adaptaciones derivadas de la naturaleza del bien y de su ámbito insular".

Veinte. Se modifica el artículo 45, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 45. Instrucción y tramitación.

1. La instrucción y tramitación del procedimiento de declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular corresponderá al cabildo insular competente en materia de patrimonio cultural, a través del órgano que tenga atribuida dicha función. En los supuestos de incoación por subrogación, la instrucción y tramitación corresponderán al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. En la instrucción del procedimiento deberán recabarse, preceptivamente, los siguientes informes:

a) Informe técnico del personal especializado del departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que no tendrá carácter vinculante y deberá emitirse en el plazo máximo de un mes desde su solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido, podrá continuarse la tramitación del procedimiento.

b) Informe de la Comisión Insular de Patrimonio Cultural correspondiente, que tendrá carácter vinculante.

3. Emitido el informe de la Comisión Insular de Patrimonio Cultural, se dará trámite de información pública y de audiencia a las personas interesadas, que podrán sustanciarse de forma simultánea, en los términos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.

4. Las alegaciones presentadas durante los trámites de información pública y audiencia deberán ser debidamente valoradas y tenidas en cuenta en la resolución que ponga fin al procedimiento".

Veintiuno. Se modifica el artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 46. Declaración.

1. La declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular se formalizará mediante acuerdo del pleno del cabildo insular correspondiente, de conformidad con su normativa de organización y funcionamiento.

2. En los supuestos de incoación por subrogación, la declaración se formalizará mediante Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio cultural.

3. La resolución de declaración deberá contener, según la naturaleza del bien de que se trate, el mismo contenido mínimo previsto en el artículo 28 de esta ley para la resolución de inicio, en los términos resultantes de la instrucción del procedimiento.

La declaración se inscribirá de manera definitiva en el Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular, mediante la conversión de la anotación preventiva practicada, y se comunicará al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para su incorporación al Sistema de Información de Patrimonio Cultural de Canarias y, cuando se trate de bienes inmuebles, al Registro de la Propiedad, en los términos previstos en esta ley.

4. La declaración se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, se notificará a las personas interesadas, en su caso, y se comunicará a los ayuntamientos competentes por razón del territorio.

5. La declaración de un bien inmueble como Bien de Interés Patrimonial Insular desplegará sus efectos desde la entrada en vigor del acuerdo o, en su caso, de la Orden que la acuerde, y determinará la prevalencia de su régimen de protección sobre las determinaciones incompatibles de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. En consecuencia, no podrán otorgarse ni ejecutarse títulos habilitantes incompatibles con dicha declaración, ni recuperarán eficacia, en aquello que resulte incompatible con la misma, los títulos cuya eficacia hubiera quedado suspendida durante la tramitación del expediente.

Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones competentes deberán adaptar el planeamiento afectado en el menor plazo posible, en los términos previstos en la legislación aplicable".

Veintidós. Se modifica el artículo 47, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 47. Plazo de resolución y declaración de caducidad.

1. El procedimiento de declaración de Bien de Interés Patrimonial Insular deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin perjuicio de los supuestos de suspensión previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.

2. La declaración de caducidad corresponderá al cabildo insular correspondiente. En los supuestos de incoación por subrogación, la declaración de caducidad corresponderá al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Los efectos de la caducidad serán los previstos en el artículo 31 de la presente ley".

Veintitrés. Se modifica el artículo 48, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 48. Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular.

1. Los cabildos insulares, a través de las consejerías o áreas competentes en materia de patrimonio cultural, crearán y gestionarán el Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular en el ámbito de su respectiva isla. Este registro tendrá carácter público, administrativo y ámbito insular, y tendrá por finalidad garantizar la identificación, protección y seguimiento de los bienes inscritos. A cada bien se le asignará un código identificativo único, que garantice su trazabilidad, interoperabilidad y localización.

2. El Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular tendrá por objeto la anotación e inscripción de los actos que afecten a la identificación, descripción, localización y régimen jurídico de protección de los bienes inscritos, reflejando las actuaciones administrativas que incidan sobre ellos, incluidas las autorizaciones, intervenciones, usos compatibles, cambios en su estado de conservación o pérdida de valores y, en su caso, su desafectación o modificación. También se anotará preventivamente el inicio del procedimiento de declaración, desafectación o modificación.

3. Las personas titulares de derechos reales sobre bienes inscritos en el registro deberán comunicar al cabildo insular correspondiente cualquier acto jurídico o material que pudiera afectar a la integridad, uso, conservación o régimen del bien, a efectos de su anotación registral.

4. Los datos del registro tendrán carácter público, salvo aquellos que deban protegerse por razones de seguridad de los bienes o de las personas, de protección del patrimonio arqueológico o etnográfico, de intimidad personal, de secretos comerciales o científicos, o en virtud de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

5. Los cabildos insulares garantizarán el acceso electrónico al registro, directamente o a través de sus sedes electrónicas, permitiendo la consulta general de los bienes inscritos, con las limitaciones previstas en el apartado anterior. Este acceso se regirá por los principios de transparencia, veracidad, interoperabilidad, trazabilidad y accesibilidad universal".

Veinticuatro. Se modifica el artículo 49, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 49. Desafectación total o parcial y modificación de la declaración.

1. Para dejar sin efecto, total o parcialmente, la declaración de un Bien de Interés Patrimonial Insular, o para modificar su contenido, deberá seguirse el mismo procedimiento establecido para su declaración.

2. La desafectación total o parcial o la modificación de la declaración se formalizará mediante acuerdo del pleno del cabildo insular correspondiente, de conformidad con su normativa de organización y funcionamiento.

3. En los supuestos de subrogación, la desafectación total o parcial o la modificación de la declaración se formalizará mediante Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio cultural.

4. No podrá invocarse como causa de desafectación total o parcial la que derive del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley".

Veinticinco. Se modifica el artículo 52, que queda redactado de la siguiente manera:

"1. Los catálogos municipales deberán contener la identificación precisa de los bienes o espacios que, por sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, bibliográficos, documentales, lingüísticos, paisajísticos, industriales, científicos o técnicos, requieren de un régimen específico de conservación, estableciendo el grado de protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada caso.

2. El contenido mínimo de la memoria de los catálogos incluirá:

a) Un estudio previo de carácter histórico, artístico y cultural de los bienes.

b) El análisis, diagnóstico y pronóstico del estado de conservación de los bienes.

c) Control legal y normativo.

d) Criterios de catalogación y metodología aplicada en el proceso de catalogación

e) Criterios generales sobre el contenido de las fichas.

f) Valoración sobre la incidencia en los valores protegidos y medidas preventivas, en su caso.

g) Propuesta y alcance de la intervención desde el punto de vista teórico, técnico y económico.

h) Plan de medidas de fomento, mantenimiento, gestión, economía y plazos.

3. El contenido mínimo de la normativa de los catálogos incluirá:

a) La explicación y desarrollo de las determinaciones de las fichas.

b) La aplicación de medidas de protección y de fomento.

c) Los criterios, técnicas y materiales a emplear en las intervenciones.

4. El contenido mínimo de las fichas de los catálogos incluirá:

a) Su identificación precisa: dirección postal, identificación de su titularidad pública o privada, referencia catastral, coordenadas geográficas UTM, cota, plano de situación y una fotografía de cada fachada o alzado.

b) Descripción general y de detalles, tipología, uso, orientación, composición, número de plantas, superficie ocupada, superficie construida y edificabilidad actual, clase y categoría de suelo.

c) Planos de planta, alzados y secciones, cuando obren en archivos públicos

d) Datos históricos pertinentes, edad, autor, propietarios, bibliografía.

e) Criterios de valoración del conjunto y de sus partes, incluso de elementos discordantes o perdidos, valor o potencialidad informativa de la construcción y valor o potencialidad arqueológica del subsuelo

f) Delimitación del bien y de su entorno, en su caso y restringido a los límites de la parcela donde se emplaza, justificadamente

g) Estado de conservación, patologías, riesgos y medidas a adoptar.

h) Grado de protección asignado al conjunto, o a cada una de sus partes, y su justificación.

i) Tipos de intervenciones permitidas.

j) Criterios de intervención particular, en su caso.

k) Edificabilidad permitida.

l) Usos compatibles.

m) Medidas de fomento".

Veintiséis. Se modifica el artículo 54, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 54. Procedimiento.

1. La aprobación del catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales requerirá la previa incoación y tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.

2. Con carácter previo a la incoación del procedimiento, el ayuntamiento podrá realizar cuantas actuaciones preparatorias resulten necesarias para la adecuada identificación, documentación, estudio y valoración de los bienes susceptibles de inclusión en el catálogo. Entre dichas actuaciones podrán comprenderse, entre otras, labores de inventario, levantamientos cartográficos, estudios técnicos y científicos, trabajos de campo, prospecciones, consultas a archivos y fuentes documentales, así como cualesquiera otras dirigidas a determinar los valores culturales de los bienes y la procedencia de su catalogación. Estas actuaciones tendrán la consideración de actos preparatorios y no producirán por sí mismas los efectos derivados de la incoación del procedimiento ni determinarán el inicio del cómputo de los plazos establecidos en este artículo.

3. El procedimiento de aprobación del catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales se iniciará de oficio por el ayuntamiento respecto de aquellos bienes que se encuentren en su respectivo ámbito territorial. Durante su tramitación deberán sustanciarse, en todo caso, los trámites de información pública y de audiencia a las personas interesadas, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común y en la presente ley. A estos efectos, la aprobación inicial del catálogo municipal tendrá la consideración de acuerdo de incoación del procedimiento, entendiéndose iniciado este en la fecha de adopción de dicho acuerdo.

4. Los catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales podrán formularse como documentos integrantes del planeamiento territorial o urbanístico o como instrumentos de ordenación autónomos. En este último supuesto, su formulación, tramitación y aprobación se ajustarán a lo previsto para los planes especiales de ordenación, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la presente ley.

5. El procedimiento para la aprobación del catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de dieciocho meses, contados desde la fecha del acuerdo de aprobación inicial del catálogo.

6. La aprobación definitiva del catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales, mediante acuerdo del Pleno del ayuntamiento, requerirá informe preceptivo y favorable del cabildo insular correspondiente. La solicitud de dicho informe suspenderá el plazo máximo para resolver el procedimiento durante el tiempo que medie entre su petición, que deberá ser comunicada a las personas interesadas, y su recepción, que igualmente deberá ser comunicada a estas, de conformidad con la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. El período de suspensión no podrá exceder, en ningún caso, de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse recibido el informe, podrá continuarse la tramitación del procedimiento.

7. Una vez entre en vigor el catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales, el ayuntamiento remitirá copia íntegra del mismo al cabildo insular correspondiente y al departamento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural".

Veintisiete. Se modifica el artículo 55, que se redacta en los siguientes términos:

"Artículo 55. Publicidad e incorporación a los sistemas de información geográfica de los bienes y espacios incluidos en los catálogos municipales.

1. Los ayuntamientos deberán garantizar el acceso público y gratuito a los bienes y espacios incluidos en sus catálogos municipales mediante su publicación y mantenimiento actualizado en la sede electrónica o página web municipal, de forma que la ciudadanía pueda consultar su contenido por medios electrónicos.

2. Los ayuntamientos remitirán al cabildo insular correspondiente, una vez entre en vigor el catálogo municipal o sus modificaciones, la información necesaria para su incorporación a los sistemas de información geográfica insulares en formatos interoperables que permitan su adecuado tratamiento y representación cartográfica.

3. Los cabildos insulares podrán incorporar los bienes y espacios incluidos en los catálogos municipales de la respectiva isla a sus sistemas de información geográfica, con fines de coordinación administrativa, información territorial y apoyo a la planificación y gestión pública. A estos efectos, la información incorporada podrá ser utilizada para la elaboración, revisión, seguimiento y gestión de los instrumentos insulares de ordenación, de los instrumentos de planificación y gestión de los espacios naturales protegidos, así como de cualesquiera otros instrumentos territoriales, ambientales, patrimoniales o sectoriales que puedan verse afectados por la existencia de bienes patrimoniales culturales catalogados.

4. La incorporación de los bienes y espacios a los sistemas de información geográfica insulares tendrá carácter informativo, instrumental y de apoyo a la gestión pública, sin sustituir en ningún caso a los catálogos municipales como instrumentos de protección patrimonial.

5. La incorporación o no de los bienes y espacios a los sistemas de información geográfica insulares no afectará a la validez, vigencia, eficacia o ejecutividad de los catálogos municipales ni a la obligación de los ayuntamientos de garantizar su publicidad y accesibilidad por medios electrónicos".

Veintiocho. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 57, con la siguiente redacción:

"6. Las medidas de protección temporal en edificios integrantes del patrimonio cultural de Canarias, tales como la instalación de mallados, redes de protección u otros elementos destinados a garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, no tendrán la consideración, a los efectos de esta ley, de actuaciones finalistas de conservación ni de cumplimiento del deber de mantenimiento previsto en el artículo anterior.

Tales medidas deberán tener carácter estrictamente temporal y no podrán mantenerse por plazo superior a tres meses desde su instalación. Transcurrido dicho plazo, el ayuntamiento, bien de oficio o a instancia del cabildo insular o de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, requerirá a la persona propietaria, poseedora o titular de derechos reales sobre el inmueble la retirada de dichas protecciones temporales y la ejecución de los trabajos necesarios para la conservación y restauración de los elementos de la fachada o de cualquier otro elemento afectado del bien inmueble".

Veintinueve. Se modifica el artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 59. Régimen general de las medidas cautelares en materia de patrimonio cultural.

1. Los cabildos insulares podrán adoptar, con carácter cautelar, las medidas necesarias cuando resulte preciso actuar con urgencia para evitar la pérdida irreversible, la alteración grave, el deterioro o la destrucción de los valores propios de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias. En supuestos de urgencia debidamente acreditada, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del departamento competente en materia de patrimonio cultural, podrá adoptar dichas medidas cuando resulte necesario para la protección del bien. Los ayuntamientos podrán instar motivadamente la adopción de medidas cautelares ante cualquiera de dichas administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.

2. Las medidas cautelares tendrán carácter ejecutivo y obligatorio para sus destinatarios, serán de cumplimiento inmediato y podrán consistir, entre otras, en:

a) La paralización material de obras, usos, actividades, intervenciones o cualesquiera otras actuaciones que generen o agraven el riesgo para el bien.

b) La suspensión del inicio de obras, usos, actividades o intervenciones proyectadas cuando de su ejecución pueda derivarse un daño grave o irreversible para el bien.

c) El cese temporal de usos, actividades, emisiones, vertidos, descargas o actuaciones materiales que comprometan la integridad, conservación o pervivencia del bien.

d) La adopción de medidas de aseguramiento, protección, apuntalamiento, cobertura, cerramiento, retirada de elementos impropios, protección física o consolidación provisional, cuando resulten indispensables para evitar daños mayores.

e) El desalojo temporal de ocupantes, así como la limitación de acceso, visita, uso o permanencia en el bien, cuando ello resulte necesario para garantizar la seguridad de las personas o la conservación del bien.

f) El depósito, custodia, retirada o traslado provisional del bien a lugar seguro, cuando su permanencia en su ubicación o situación material implique un riesgo inminente e insalvable para su conservación.

g) La ejecución de cualesquiera otras actuaciones indispensables, proporcionadas y temporales orientadas exclusivamente a evitar o reducir el riesgo existente.

4. Las medidas cautelares podrán imponerse como consecuencia de la actuación del personal inspector o de los servicios técnicos competentes, cuando en el ejercicio de sus funciones aprecien la existencia de una situación de riesgo cierto, grave o inminente para la integridad, conservación o pervivencia del bien. En todo caso, se adoptarán con arreglo a los principios de necesidad, proporcionalidad, eficacia y menor intervención posible.

5. El acuerdo de adopción de medidas cautelares deberá contener, al menos:

a) La identificación del bien afectado y, en su caso, de su entorno.

b) La descripción sucinta de los hechos y de la situación de riesgo apreciada.

c) La concreta medida o medidas adoptadas y su alcance material.

d) La motivación de su necesidad y proporcionalidad.

e) La identificación de las personas destinatarias obligadas a su cumplimiento, cuando proceda.

f) El plazo de vigencia de la medida o, en su caso, los criterios para su mantenimiento, revisión o levantamiento.

6. Cuando la urgencia de la situación lo exija, las medidas podrán adoptarse sin audiencia previa de las personas afectadas, debiendo conferirse dicha audiencia con posterioridad en los términos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.

7. La adopción de medidas cautelares no impedirá el ejercicio de cualesquiera otras potestades de protección, inspección, disciplina, restablecimiento de la legalidad o sanción que correspondan conforme a esta ley y al resto del ordenamiento jurídico".

Treinta. Se añade un artículo 59 bis, con la siguiente redacción:

"Artículo 59 bis. Medidas cautelares respecto de bienes incluidos en instrumentos de protección.

1. Cuando las medidas cautelares recaigan sobre bienes incluidos en cualquiera de los instrumentos de protección previstos en esta ley, se entenderán adoptadas en el marco del régimen de tutela que les resulte aplicable.

2. Cuando los hechos que motiven la adopción de medidas cautelares pudieran ser constitutivos de infracción administrativa en materia de patrimonio cultural, por la realización de obras, intervenciones, usos o actuaciones sin la preceptiva autorización o en contradicción con las determinaciones de protección del bien, el órgano competente deberá resolver, en el plazo máximo de tres meses desde la adopción de la medida, si procede o no la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

3. Si de la valoración realizada resultaran indicios suficientes de infracción administrativa, deberá acordarse dentro de dicho plazo la iniciación del procedimiento sancionador, sin perjuicio del mantenimiento, modificación o levantamiento de las medidas cautelares que procedan.

4. Si no se apreciaran indicios suficientes de infracción administrativa, deberá acordarse motivadamente, dentro del mismo plazo, el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas o, en su caso, su adecuación a la situación de riesgo efectivamente existente".

Treinta y uno. Se añade un artículo 59 ter, con la siguiente redacción:

"Artículo 59 ter. Medidas cautelares respecto de bienes no incluidos en instrumentos de protección.

1. Las medidas cautelares adoptadas respecto de bienes no incluidos en ninguno de los instrumentos de protección previstos en esta ley sólo podrán mantenerse cuando existan indicios racionales de que el bien presenta valores culturales susceptibles de justificar su inclusión en alguno de dichos instrumentos.

2. En estos supuestos, el órgano competente deberá valorar, en el plazo máximo de seis meses desde la adopción de la medida, si el bien reúne valores suficientes para su inclusión en alguno de los instrumentos de protección previstos en esta ley. A los efectos de determinar la existencia de valores culturales suficientes, los ayuntamientos podrán solicitar informe del Cabildo Insular correspondiente.

3. Si se hubiera concluido que el bien en cuestión presenta valores culturales suficientes, la incoación del procedimiento para su inclusión en alguno de los instrumentos de protección será obligatoria y su ausencia podrá dar lugar al ejercicio de las acciones de responsabilidad frente al personal al servicio de las administraciones públicos que hubieran omitido indebidamente las acciones tendentes a dicha incoación".

Treinta y dos. Se modifica el artículo 62, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. Las resoluciones por las que se concedan las autorizaciones y los informes que sean preceptivos en virtud de la presente ley deberán dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Administración competente para su tramitación. Se exceptúan aquellas autorizaciones que tengan establecido, por esta u otras disposiciones legales, otro plazo específico de resolución.

El transcurso de dicho plazo sin haberse dictado la resolución o emitido el informe, tendrá efectos desestimatorios de la solicitud como consecuencia del riesgo que implica la posible realización de intervenciones, usos o el establecimiento de disposiciones en el patrimonio cultural sin haberse evaluado convenientemente las afecciones que pudieran producirse.

2. En el otorgamiento de estas autorizaciones y la emisión de los informes que se soliciten, se deberán adoptar bajo los siguientes criterios:

- identificación del valor cultural a proteger,

- presencia de elementos discordantes e intervenciones necesarias para conservar una tipología o estilo característico,

- compatibilidad en la adaptación a nuevos usos y la mejora de las relaciones con el entorno inmediato.

3. Las determinaciones y criterios de intervención que se contengan en las referidas autorizaciones serán vinculantes y ejecutivas y cuando las mismas impliquen limitaciones, prohibiciones o alteraciones respecto de los parámetros que estén previstos en los instrumentos de ordenación territorial, urbanística o ambiental, prevalecerán sobre estos a los exclusivos efectos de la protección del patrimonio cultural y deberán ser tenidas en cuenta en el otorgamiento de títulos habilitantes y en los procedimientos de evaluación ambiental".

Treinta y tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 79, que queda redactado en los siguientes términos:

"3. Se prohíben las modificaciones en las alineaciones y rasantes tradicionales, alteraciones de edificabilidad, parcelaciones y agregaciones de inmuebles, excepto cuando estas modificaciones se contemplen específicamente en los planes especiales de protección por contribuir a conservar el carácter del conjunto histórico, como agrupación de bienes inmuebles que configuran una unidad coherente con valor histórico y cultural, aunque individualmente no tengan una especial relevancia. Estas modificaciones deberán justificarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.1.b) de la presente ley".

Treinta y cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 83, que queda redactado en los siguientes términos:

"1. El patrimonio arqueológico de Canarias está integrado por los bienes muebles e inmuebles de interés histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, pertenecientes tanto a las poblaciones aborígenes de Canarias como a las etapas posteriores de su desarrollo cultural, constituyendo un testimonio significativo de la evolución histórica y cultural de las islas. Estos bienes pueden encontrarse en la superficie, subsuelo, medio subacuático o haber sido extraídos de su contexto original".

Treinta y cinco. Se modifica el artículo 89, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 89. Parques arqueológicos y yacimientos visitables.

1. Los parques arqueológicos y los yacimientos visitables son figuras de gestión, protección, interpretación y uso público del patrimonio arqueológico de Canarias, orientadas a hacer compatible su conservación con su investigación, difusión y visita ordenada.

2. Con la finalidad de asegurar su coordinación, identificación común, criterios homogéneos de actuación y adecuada articulación territorial, se crea la Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables de Canarias.

3. Tendrán la consideración de parques arqueológicos aquellos espacios previamente declarados zona arqueológica que, por sus valores patrimoniales y por sus condiciones de conservación, acondicionamiento e integración en el entorno natural y territorial, resulten aptos para la visita pública, la interpretación y la gestión cultural del bien.

Su creación se acordará mediante Decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta del cabildo insular competente o a solicitud de las personas propietarias, previa tramitación del correspondiente procedimiento, previo informe del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias sin perjuicio de los informes sectoriales que, por razón de la normativa aplicable en materia de biodiversidad u otras materias, deban recabarse. La propuesta o solicitud deberá ir acompañada, al menos, de un proyecto básico que justifique la conveniencia de la creación del parque desde el punto de vista patrimonial, científico, didáctico y social, así como las intervenciones necesarias, las medidas de protección y acondicionamiento previstas, la dotación de medios humanos y materiales, la financiación y el régimen de gestión.

4. Tendrán la consideración de yacimientos visitables aquellos enclaves del patrimonio arqueológico que, sin reunir las condiciones necesarias para su constitución como parque arqueológico, permitan su apertura al público en condiciones compatibles con su conservación, protección e interpretación.

Su declaración se efectuará mediante Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, a propuesta del cabildo insular correspondiente y previo informe de la comisión insular de patrimonio cultural competente, sin perjuicio de los informes sectoriales que, por razón de la normativa aplicable en materia de biodiversidad u otras materias, deban recabarse. En el expediente deberá acreditarse, al menos, la viabilidad patrimonial y funcional de la visita pública, la existencia o previsión de medidas básicas de conservación, señalización, accesibilidad, control y protección, así como las condiciones esenciales de acceso, aforo, supervisión y régimen de visitas.

5. Reglamentariamente se desarrollarán la organización, funcionamiento y régimen de integración de la Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables de Canarias, así como los requisitos, procedimiento, efectos, condiciones de visita pública, criterios de conservación preventiva y mecanismos de coordinación aplicables a los parques arqueológicos y a los yacimientos visitables".

Treinta y seis. Se modifica el artículo 90, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 90. Actividades arqueológicas.

1. Tendrán la consideración de actividades arqueológicas aquellas actuaciones que, mediante el empleo de la metodología arqueológica, tengan por finalidad descubrir, documentar o investigar restos materiales correspondientes a cualquier momento histórico, tanto en el medio terrestre como en el acuático.

2. Las actividades arqueológicas se clasifican en:

a) Excavación arqueológica: remoción en superficie, en el subsuelo o en medio subacuático que se realice con la finalidad de descubrir, documentar o investigar restos arqueológicos.

b) Sondeo: remoción de terreno, limitada en cuanto a su área de intervención, realizada con la finalidad de comprobar la existencia de restos arqueológicos muebles o inmuebles, su naturaleza, delimitación o secuencia histórica.

c) Prospección arqueológica: exploración superficial sin remoción de terrenos, incluyendo los procedimientos geofísicos o electromagnéticos, tanto terrestre como subacuática, dirigida a la localización, el estudio, la investigación o el examen de datos para la detección de restos arqueológicos.

d) Reproducción de manifestaciones rupestres: conjunto de tareas de campo orientadas al estudio, la documentación gráfica sistemática y la reproducción de manifestaciones rupestres de interés histórico, cuando implique la manipulación física de las mismas y/o la alteración o modificación de las condiciones ambientes y de conservación de éstas.

e) Consolidación, restauración y protección: intervención en yacimiento o sitio arqueológico encaminada a favorecer su conservación y puesta en valor.

f) Control arqueológico: supervisión presencial por personal técnico cualificado de las actividades o actuaciones, obras o actividades que afecten o puedan afectar a un ámbito en que exista o se presuma la existencia de evidencias arqueológicas, de tal forma que se evite cualquier afección o puedan establecerse las medidas oportunas que permitan la conservación o documentación, en su caso, de las piezas o evidencias o elementos de interés arqueológico que aparezcan en el transcurso de aquellas.

g) Análisis estratigráfico de estructuras: análisis con metodología arqueológica, mediante la aplicación del método estratigráfico, de estructuras con la finalidad de documentar e investigar la secuencia histórica o evolutiva de las construcciones, cuando implique la manipulación física de las mismas y/o la alteración o modificación de las condiciones ambientes y de conservación de estas.

h) Estudio de materiales arqueológicos, cuando implique la manipulación física de los mismos".

Treinta y siete. Se modifica el apartado 3 del artículo 129, quedando redactado en los siguientes términos:

"3. Tratándose de deudas tributarias, con la presentación de la oferta de la persona interesada en periodo voluntario se entenderá suspendido el procedimiento recaudatorio, que se reanudará con la denegación del pago de la deuda con bienes culturales. La presentación de la oferta, tanto en periodo voluntario como tras su vencimiento, no impedirá el devengo de los intereses que legalmente correspondan".

Treinta y ocho. Se añade un apartado 4 al artículo 131, con la siguiente redacción:

"4. Con el fin de facilitar la planificación, programación y ejecución de la política pública vinculada al uno coma cinco por ciento cultural, podrán establecerse acuerdos o instrumentos de colaboración entre la consejería competente en materia de patrimonio cultural y las consejerías, entidades u organismos del sector público con incidencia en la ejecución de obras públicas, a efectos de intercambio de información, previsión de actuaciones, identificación anticipada de recursos disponibles y coordinación de los planes anuales de contratación".

Treinta y nueve. Se modifica el artículo 134, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 134. Inspección del patrimonio cultural.

1. La inspección del patrimonio cultural es la función que ejercen los órganos administrativos competentes para la vigilancia y el control de la legalidad en sus respectivos ámbitos territoriales. Su ejercicio es de obligado cumplimiento para las administraciones a las que esta ley atribuye competencias en la tutela de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias.

2. Los Cabildos Insulares ejercerán la función de inspección sobre el patrimonio cultural en el ámbito de sus respectivas islas.

Corresponde al Gobierno de Canarias la función de alta inspección, que se ejercerá sobre la actuación de los Cabildos en los casos de infracciones graves o muy graves. Asimismo, el Gobierno de Canarias, a través de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, podrá ejercer de oficio funciones inspectoras en el ámbito de todo el archipiélago, garantizando la correcta aplicación de la normativa de protección del patrimonio cultural.

3. Las administraciones competentes actuarán de oficio, bien por propia iniciativa, bien a instancia de las administraciones locales o como resultado de denuncia ciudadana. Para facilitar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares procurarán la existencia de canales específicos de denuncia, accesibles y eficaces, que permitan la comunicación de posibles infracciones, asegurando la confidencialidad de las personas denunciantes y la adecuada tramitación de las denuncias recibidas.

4. La labor de inspección se desarrollará bajo la autoridad y dirección de la persona titular del órgano competente, por parte del personal funcionario que tenga atribuido este cometido en cada una de las administraciones implicadas. El personal encargado de la inspección deberá contar con titulación adecuada, preferentemente con experiencia en tareas de conservación y difusión del patrimonio cultural.

5. Sin perjuicio de las actuaciones que se acuerden de manera singular, el órgano competente del Gobierno de Canarias en materia de patrimonio cultural establecerá un plan de inspección anual que establezca las prioridades de intervención, la asignación de recursos y la colaboración interadministrativa entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares, garantizando la eficacia y la coherencia en la protección del patrimonio cultural".

Cuarenta. Se modifica el artículo 135, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 135. Ejercicio de la actividad inspectora.

1. En el ejercicio de la actividad inspectora, el personal inspector tendrá la consideración de agente de la autoridad, con los derechos y facultades que le confiere la normativa vigente. Los funcionarios expresamente designados para esta labor deberán poseer la correspondiente acreditación, expedida por el órgano competente, con la que se identificarán en el desempeño de sus funciones.

2. Las actas de inspección se formalizarán por duplicado ante la persona titular o responsable de los bienes o actividades, su representante legal o, en su defecto, cualquier persona que, en el momento de la actuación inspectora, tenga la condición de responsable o poseedor del bien integrante del patrimonio cultural objeto de la inspección, o esté al frente de cualquier actividad que pudiere afectarlo. En caso de que la persona compareciente se niegue a firmar o recibir copia del acta, esta circunstancia será expresamente reflejada en la misma. La firma del acta por la persona compareciente acreditará únicamente el conocimiento de su contenido y no supondrá su conformidad, salvo que así exprese de forma explícita.

3. Las actas e informes de la inspección del patrimonio cultural tendrán la condición de documento público, presumiéndose, salvo prueba en contrario, la veracidad de aquellas circunstancias de mero hecho que en los mismos se declaren constatadas, siempre que hayan sido verificadas, de forma personal, inmediata y sobre el terreno, por el inspector actuante, cuya identificación deberá figurar en todo caso en el propio documento.

4. La ciudadanía, entidades y Administraciones Públicas tienen el deber de colaborar con el personal inspector debidamente acreditado para el correcto cumplimiento de sus funciones. A tal fin, las personas propietarias, poseedoras o titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural deberán facilitar el acceso a dichos bienes por el tiempo imprescindible y con la finalidad de permitir el desarrollo adecuado de las labores de inspección.

5. La consejería competente en materia de patrimonio cultural podrá aprobar, mediante orden, directrices o criterios comunes sobre la indumentaria y los elementos identificativos del personal que ejerza funciones de inspección en materia de patrimonio cultural de Canarias, con la finalidad de facilitar su identificación y asegurar su adecuación al ejercicio de dichas funciones".

Cuarenta y uno. Se modifica el artículo 142, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 142. Sanciones.

1. Las infracciones cuyos daños al patrimonio cultural puedan ser evaluados económicamente serán sancionadas con multa del tanto al quíntuple del valor del daño causado, de acuerdo con los criterios de graduación establecidos en el artículo 143. Si no es posible valorar económicamente los daños, se aplicarán las siguientes sanciones, en función de la gravedad de la infracción:

a) Infracciones leves: multa de hasta 60.000 euros.

b) Infracciones graves: multa de entre 60.001 y 300.000 euros.

c) Infracciones muy graves: multa de entre 300.001 y 1.000.000 de euros.

2. Si el importe del beneficio económico obtenido es inferior al importe de la multa a imponer con arreglo a lo dispuesto en los dos apartados anteriores, la sanción se incrementará hasta alcanzar el importe de dicho beneficio.

3. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras infracciones, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.

4. Los importes de las multas impuestas por la comisión de infracciones se destinarán a la financiación de medidas, proyectos o acciones que contribuyan al beneficio, conservación, restauración, investigación o difusión del patrimonio cultural de Canarias.

5. El órgano competente para imponer la sanción podrá acordar, como medida accesoria, el comiso de los materiales obtenidos ilícitamente y de los utensilios o herramientas empleados en la comisión de la infracción".

Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 143, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 143. Graduación.

1. La determinación y graduación de las sanciones se realizará conforme al principio de proporcionalidad, garantizando la idoneidad, necesidad y adecuación de la sanción a la gravedad de la infracción cometida. La sanción deberá ser proporcional al daño causado, a la intencionalidad y a las circunstancias que rodeen la infracción, con el objetivo de lograr la corrección de la conducta infractora.

2. Para la graduación de la sanción, se tomarán en consideración los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia de la conducta infractora.

c) La naturaleza o magnitud de los perjuicios causados, y la posibilidad y coste de reparación o restauración.

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

e) La suspensión voluntaria de la actividad infractora".

Cuarenta y tres. Se modifica el artículo 146, que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 146. Órganos administrativos competentes.

1. Corresponde al departamento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural y a los cabildos insulares el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de patrimonio cultural, en los términos previstos en este artículo.

2. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves y muy graves, la incoación e instrucción corresponderán a la dirección general competente en materia de patrimonio cultural de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en dicha materia, y la resolución al órgano superior jerárquico inmediato, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezca la norma reguladora de la estructura orgánica de dicho departamento.

3. En los procedimientos sancionadores por infracciones leves, corresponderá a los cabildos insulares la incoación, instrucción y resolución, de acuerdo con su normativa de organización.

4. El departamento de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de patrimonio cultural podrá actuar por subrogación cuando hubiera comunicado al cabildo insular competente la existencia de una presunta infracción leve y este no hubiera incoado el procedimiento sancionador en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación.

5. El órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá adoptar, de forma motivada, las medidas cautelares necesarias para evitar daños a los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias en los términos previstos en el artículo 59 de la presente ley".

Cuarenta y cuatro. Se añade una disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:

"Disposición adicional séptima. Adaptación terminológica.

Las referencias contenidas en los artículos 71, 72, 73, 74, 80.2, 95.2, 128, 129, 130.2, 138, 139 y 140 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, a los bienes incluidos en catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales, así como a los bienes catalogados cuando aludan específicamente al nivel insular de protección, se entenderán hechas a los Bienes de Interés Patrimonial Insular (BIPI). Asimismo, las referencias al catálogo insular de bienes patrimoniales culturales contenidas en dichos preceptos se entenderán realizadas, según los casos, al Registro de Bienes de Interés Patrimonial Insular o al régimen jurídico de protección aplicable a dichos bienes".

Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional sexta, que queda redactado en los siguientes términos:

"Disposición adicional sexta. Personal con funciones de inspección del patrimonio cultural.

1. Las administraciones públicas canarias, en el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley, convocarán los procedimientos selectivos que permitan que todo el personal que desempeñe funciones de inspección del patrimonio cultural quede integrado como personal funcionario en cuerpos, escalas, especialidades o en puestos de trabajo, en su caso, del Grupo A, Subgrupos A1 o A2".

Cuarenta y seis. Se añade una disposición adicional octava, con la siguiente redacción:

"Disposición adicional octava. Coordinación entre los procedimientos de declaración de Bien de Interés Cultural y de Bien de Interés Patrimonial Insular.

Cuando, durante la tramitación de un procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias emita informe desfavorable por considerar que el bien no reúne los valores sobresalientes exigidos para dicha declaración y del expediente resulte la concurrencia de valores suficientes para su protección como Bien de Interés Patrimonial Insular, el cabildo insular competente podrá acordar la incoación del correspondiente procedimiento de declaración de Bien de Interés Patrimonial Insular, sin necesidad de esperar a la finalización del procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural. Ambos procedimientos podrán tramitarse simultáneamente por las administraciones competentes. Y podrán incorporarse al nuevo procedimiento los estudios e informes técnicos que resulten compatibles con la naturaleza y finalidad del procedimiento, sin necesidad de reiterarlas".

Cuarenta y siete. Se añade una disposición adicional novena, con la siguiente redacción:

"Disposición adicional novena. Coordinación entre los procedimientos de desafectación de Bienes de Interés Cultural y de declaración de Bienes de Interés Patrimonial Insular.

Cuando la desafectación de un Bien de Interés Cultural tenga por objeto adecuar su régimen de protección al correspondiente a un Bien de Interés Patrimonial Insular, el procedimiento de desafectación y el procedimiento para su declaración como Bien de Interés Patrimonial Insular podrán incoarse y tramitarse simultáneamente por las administraciones competentes. A tal efecto, estas coordinarán sus actuaciones para garantizar la continuidad de la protección del bien y evitar, en todo caso, cualquier situación de desprotección.

En todo caso, una vez acordada la desafectación del Bien de Interés Cultural, el cabildo insular competente podrá proceder a la declaración del bien como Bien de Interés Patrimonial Insular, de conformidad con el procedimiento previsto en esta ley".

Cuarenta y ocho. Se añade una disposición transitoria decimoprimera, con la siguiente redacción:

"Disposición transitoria decimoprimera. Procedimientos de elaboración de los catálogos insulares en tramitación.

Los estudios, informes técnicos y demás actuaciones instructoras realizados en los procedimientos de elaboración, revisión o modificación de los catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ley podrán incorporarse a los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Patrimonial Insular, conservándose aquellas actuaciones válidamente realizadas que resulten compatibles con la naturaleza y finalidad del nuevo procedimiento".