Artículo 13. DECRETO ley 8/2026, de 9 de noviembre, Canarias, normas para dar cumplimiento a los Acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias

Uno. Se añade un artículo 3 bis con el siguiente contenido:

"Artículo 3 bis. La Red de Emergencias y Seguridad de Canarias.

1. La Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN) es el sistema de telecomunicaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se integran y operan todos los servicios del sector público canario de protección civil, seguridad y emergencias, así como las entidades colaboradoras de protección civil. Las entidades de seguridad privada podrán hacer uso de esta cuando presten servicios o colaboren con dicho sector público, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias velará por la existencia de unos niveles de cobertura de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias adecuados y suficientes, en todo el territorio, incluidas las aguas territoriales, de la Comunidad Autónoma. La Red de Emergencias y Seguridad de Canarias tiene carácter de servicio público y sus infraestructuras, así como las necesidades de su implantación y desarrollo, llevarán implícita, en cada caso, la declaración de utilidad pública e interés general con todos los efectos previstos legalmente. En cualquier caso, las administraciones públicas canarias facilitarán y cederán los espacios públicos necesarios para garantizar su cobertura en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

3. A propuesta de los Departamentos competentes en materia de telecomunicaciones y en emergencias, por el Gobierno de Canarias se aprobará un Plan plurianual de implantación y desarrollo de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias que prevea, al menos, las estrategias, necesidades de implantación y actualización de sus infraestructuras y las dotaciones presupuestarias necesarias para su ejecución".

Dos. Se modifica el artículo 31 en los siguientes términos:

"Artículo 31. Planes.

1. El Gobierno de Canarias aprobará los planes de emergencia autonómicos, cuya función es establecer el marco orgánico y funcional, así como los mecanismos de movilización de medios y recursos necesarios para la protección de personas, bienes, medio ambiente y patrimonio común en caso de grave riesgo o catástrofe, así como la coordinación entre diferentes Administraciones públicas. Los acuerdos o decretos de aprobación de los planes de emergencias autonómicos serán publicados en el Boletín Oficial de Canarias.

2. Los planes de emergencia territoriales deben estar coordinados e integrados jerárquicamente para posibilitar una respuesta eficaz del sistema de protección civil frente a situaciones de emergencia colectiva.

3. Los planes de emergencia ajustarán su estructura y contenido a lo dispuesto por la Norma Básica de Protección Civil, las directrices básicas de planificación, la presente Ley y las normas que la desarrollen.

4. En los términos previstos en la legislación sobre igualdad de hombre y mujeres, los planes de protección civil de todos los ámbitos han de elaborarse desde la perspectiva de género e incorporar un informe de evaluación de impacto de género en su tramitación".

Tres. Se añaden, a continuación del artículo 31, los artículos 31 bis y 31 ter, con el siguiente contenido:

"Artículo 31 bis. Planes de emergencias insulares y municipales.

1. Los Planes de Emergencias Insulares y los Planes de Emergencia Municipales, así como sus Planes de actuación, sus modificaciones y actualizaciones, serán aprobados por el pleno insular o municipal correspondiente, u órgano en quien deleguen, previo informe preceptivo y vinculante de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias sobre su adecuación al Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil y a los planes especiales y específicos de emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. El acuerdo de aprobación de dichos planes se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda a la administración pública que lo haya aprobado.

Artículo 31 ter. Registro de Planes de Emergencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1. Los planes de emergencia de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias una vez aprobados y publicados, por la administración que lo apruebe deberá instarse su incorporación al Registro de Planes de Emergencia de la Comunidad Autónoma de Canarias que se llevará en el órgano competente en materia de emergencias de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Dicho registro tendrá carácter público, a excepción de aquel contenido referido a datos personales, que afecte a infraestructuras críticas o esté protegido por el secreto industrial, que quedará restringido al personal de los servicios de seguridad y emergencias".

Cuatro. Se añade un Capítulo V al Título II, titulado "Sistema Canario de Emergencias", con el siguiente título y contenido articulado:

"CAPÍTULO V

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL SISTEMA CANARIO DE EMERGENCIAS

Sección 1.ª

Infracciones

Artículo 39 bis. Clases de infracciones.

1. Son infracciones en materia de emergencias y protección civil las acciones u omisiones dolosas o culposas, con cualquier grado de negligencia, que estén tipificadas y sancionadas como tales en la presente Ley.

2. Las infracciones a la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

3. Como principio general, al responsable de dos o más infracciones se le impondrán todas las sanciones correspondientes a dichas infracciones, no obstante, en el supuesto de que un único hecho sea constitutivo de dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea el medio para la comisión de otra, se impondrá únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. Del mismo modo tendrá la consideración de una única infracción administrativa continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley que infrinjan un mismo mandato, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

Artículo 39 ter. Clasificación de las infracciones.

1. Son infracciones muy graves en materia de emergencias y protección civil las conductas consistentes en:

a) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, tanto por la ciudadanía como el personal vinculado a la ejecución del plan, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

b) En supuestos de activación de los planes de protección civil, en cualquiera de sus fases, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por las autoridades del correspondiente plan, o, siguiendo instrucciones de éstas, por el personal de los servicios operativos de intervención, cuando a consecuencia de ello se pongan en grave peligro o se causen daños a las personas o a los bienes, incluyendo cuando por tales incumplimientos se pongan en grave peligro a terceras personas así como a las personas y medios intervinientes.

c) La negativa por parte de las entidades privadas cuya actividad esté relacionada con la seguridad de las personas y de los bienes cumplir con los deberes de colaboración a requerimiento de la Dirección del Plan de Protección Civil activado, cuando a consecuencia de ello se causen daños a las personas o a los bienes o cuando su negativa suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

d) Impedir o dificultar la requisa, la ocupación temporal de bienes y derechos, o cualquier otra actuación de las autoridades competentes, o de sus agentes de la autoridad, en los supuestos de activación de un plan de protección civil.

e) La realización durante la activación de los planes de protección civil, en cualquiera de sus fases, de acciones u omisiones dolosas o imprudentes que pongan en grave peligro o causen daños a las personas o a los bienes, incluyendo al personal o los medios intervinientes en la emergencia.

f) La actuación o movilización de los servicios de rescate en situaciones de emergencia ordinarias como consecuencias de conductas realizadas por imprudencia o negligencia graves cuando ello comporte un grave riesgo o produzca daños al personal interviniente o los medios utilizados en el operativo.

g) La negativa de los medios y redes de comunicación social a difundir y trasmitir la información e instrucciones impartidas por las autoridades de protección civil.

h) Impedir la labor inspectora realizada en las materias de los planes de autoprotección o de seguridad.

i) Realizar llamadas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, poniendo de relieve hechos manifiestamente falsos, concurriendo dolo, cuando se haya alterado la eficacia del servicio al haber exigido la adopción de medidas organizativas o provocar la movilización o el desvío innecesario de recursos.

j) El incumplimiento por la persona titular del teléfono particular con el que se haya cometido la infracción prevista en la letra i) anterior, de identificar verazmente a la persona llamante responsable de dicha infracción, cuando sea requerido para ello.

k) Iniciar actividad alguna que pueda dar origen a situaciones de emergencia, sin tener registrado, aun disponiendo de él, el preceptivo plan de autoprotección en el Registro autonómico de Planes de Autoprotección de Canarias, cuando conforme con la normativa autonómica y estatal esté obligado a ello.

l) La comisión de una segunda infracción grave en el plazo de un año.

2. Son infracciones graves en materia de Protección Civil las conductas consistentes en:

a) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, tanto por la ciudadanía como el personal vinculado a la ejecución del plan, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

b) Durante la activación de planes de protección civil, en cualquiera de sus fases, el incumplimiento por parte de cualquier persona, adscrita al plan o de la ciudadanía en general, de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por las autoridades del correspondiente plan, o, siguiendo instrucciones de éstas, por el personal de los servicios operativos de intervención, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes, incluyendo a las personas y medios intervinientes.

c) La actuación o movilización de los servicios de rescate en situaciones de emergencia ordinarias como consecuencia de conductas realizadas por imprudencia simple o negligencia leve, cuando ello comporte poner en peligro al personal o a los medios intervinientes.

d) El incumplimiento por parte de los centros, establecimientos espacios, instalaciones o dependencias, de las obligaciones y medidas de seguridad derivadas de sus planes de autoprotección, así como incumplir la obligación de comunicar al CECOES 1-1-2 la activación del correspondiente plan de autoprotección.

e) La falta de personación injustificada en sus respectivos puestos del personal de protección civil adscrito al plan que se encuentre activado previa movilización de los mismos.

f) El incumplimiento por las asociaciones de voluntariado de protección civil de la obligación de aseguramiento a los voluntarios que la conforman.

g) La denegación de la información solicitada por las autoridades correspondientes para la elaboración de los planes de protección civil.

h) Obstaculizar, sin llegar a impedir, la labor inspectora de las autoridades de protección civil y emergencias, o a sus agentes que dificulte la realización de sus funciones.

i) Pedir o intentar obtener contraprestaciones, donativos o recompensas económicas o materiales por la prestación de servicios de protección civil en los supuestos en los que la Ley no los permita.

j) Obstaculizar, sin llegar a impedir, la requisa y ocupación temporal de los bienes, instalaciones y medios ordenados por la autoridad competente de protección civil en el marco de un plan de protección civil activado, así como obstaculizar el cumplimiento de las órdenes e instrucciones emanadas de tales autoridades.

k) Realizar llamadas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, abusivas, insultantes, amenazadoras, jocosas o intrascendentes, que supongan un perjuicio para el buen funcionamiento del servicio.

l) El uso indebido en público de uniformes, distintivos e identificaciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como de otros elementos que integren el equipamiento reglamentario de las personas voluntarias de protección civil que presten sus servicios en las agrupaciones locales de voluntariado, asociaciones de voluntariado y otras entidades colaboradoras de protección civil, que pueda generar confusión o engaño acerca de la condición de quién los use, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar.

m) La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año.

3. Constituyen infracciones leves:

a) Durante la activación de planes de protección civil, en cualquiera de sus fases, el incumplimiento por parte de cualquier persona, adscrita al plan o de la ciudadanía en general, de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por las autoridades del correspondiente plan, o, siguiendo instrucciones de éstas, por el personal de los servicios operativos de intervención, sin generar un perjuicio concreto para la seguridad de las personas o los bienes, incluidas las personas y medios intervinientes.

b) La actuación o movilización de los servicios de rescate en situaciones de emergencia ordinarias como consecuencia de conductas realizadas por imprudencia simple o negligencia leve, sin que ello comporte peligro particular para las personas y los medios intervinientes.

c) No seguir o no respetar en los simulacros de los planes de protección civil las medidas e instrucciones dispuestas por las autoridades del correspondiente plan, o, siguiendo instrucciones de éstas, por el personal de los servicios operativos de intervención

e) En supuestos de infracciones graves relacionadas con la realización de llamadas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, el incumplimiento por el titular del teléfono particular con el que se haya cometido la infracción de identificar verazmente al llamante responsable de dicha infracción, cuando sea requerido para ello en el plazo establecido.

g) Cualquier otro incumplimiento de la presente Título II de esta Ley que no constituya infracción muy grave o grave.

Artículo 39 quáter. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones leves prescribirán en el plazo de seis meses, las graves en el de un año, y las tipificadas como muy graves en el plazo de tres años.

2. El plazo empezará a contar desde el momento de la realización de la infracción.

Sección  2.ª

Sanciones

Artículo 39 quinquies. Sanciones.

1. Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ley son:

a) Multa de 100.001 a 600.000 euros, para las infracciones muy graves.

b) Multa de 3.001 a 100.000 euros, para las infracciones graves.

c) Multas de 100 a 3.000 euros, para las infracciones leves.

El importe recaudado por las sanciones estará afectado a la mejora y dotación adecuada de los servicios de protección civil y emergencias.

2. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo al principio de proporcionalidad, de conformidad con los criterios de graduación establecidos en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o precepto que lo sustituya.

3. En todo caso se tendrán en cuenta para atenuar la sanción las siguientes circunstancias:

a) La corrección diligente de las irregularidades constitutivas de la infracción y la colaboración activa para evitar o disminuir sus efectos, así como la observancia de otros comportamientos de resultados análogos.

b) Que las personas perjudicadas hayan sido compensadas satisfactoriamente por los perjuicios causados, siempre que el resultado dañoso producido no sea la producción de lesiones o la muerte, ni existan indicios racionales de delito.

Artículo 39 sexies. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones a que se refiere la presente Ley prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos:

a) Un año cuando se trate de la comisión de infracciones leves.

b) Dos años por la comisión de infracciones graves.

c) Tres años en el supuesto de infracciones muy graves.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en el que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Sección  3.ª

Procedimiento sancionador

Artículo 39 septies. Órganos competentes, plazo de resolución y procedimiento.

1. En el ámbito de las competencias de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de los planes de protección civil bajo dirección de esta, la competencia para sancionar le corresponde a los órganos que se determinen en el Reglamento orgánico de la Consejería competente en materia de Protección Civil.

2. En el ámbito de las competencias municipales e insulares o de los planes de protección civil bajo su dirección, cuando no esté activado un plan de protección civil autonómico, la competencia para sancionar le corresponderá a las autoridades que determine su normativa orgánica.

3. El plazo máximo para la notificación a los interesados de la resolución de los procedimientos sancionadores será de doce meses desde la fecha de inicio de los mismos. La incoación del procedimiento sancionador interrumpe el plazo de prescripción de la infracción.

4. Son de aplicación al procedimiento sancionador las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o norma legal que la sustituya. El pago voluntario por la persona presunta responsable, salvo para las infracciones muy graves, en cualquier momento anterior a la resolución, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, se le aplicará una reducción del 50% sobre el importe de la sanción propuesta, concluyendo el procedimiento con su abono.

Artículo 39 octies. Medidas provisionales.

1. Iniciado un procedimiento sancionador, el órgano competente para su incoación podrá, en cualquier momento, adoptar las medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer y las que eviten el mantenimiento o la agravación de los efectos de la infracción presuntamente cometida. Dichas medidas serán proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción y podrán consistir especialmente en:

a) El depósito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones y, en particular, de objetos o materias peligrosas.

b) La adopción de medidas de seguridad de las personas, animales, bienes, establecimientos o instalaciones que se encuentren amenazados, a cargo de sus titulares.

c) Suspensión o clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos.

d) Suspensión parcial o total de las actividades en los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento los planes de autoprotección o las medidas de seguridad necesarias recogidas.

2. Excepcionalmente, en los supuestos de amenaza inminente para personas o bienes, las medidas provisionales previstas en el apartado anterior podrán ser adoptadas por las autoridades competentes en materia de protección civil con carácter previo a la iniciación del procedimiento, y deberán ser ratificadas, modificadas o revocadas en el acuerdo de incoación en el plazo máximo de quince días. En todo caso tales medidas quedarán sin efecto si transcurrido dicho plazo no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas".

Cinco. Se añade una disposición adicional primera con el siguiente contenido:

"Disposición adicional primera. Del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2).

1. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1 2) se define como un servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que a través de la Consejería competente en materia de emergencias aglutina racionalmente y coordina operativamente las actividades y servicios de las organizaciones de carácter público y privado en que su actividad esté directa o indirectamente relacionada con la prevención, planificación, atención, socorro, seguridad, asistencia técnica o profesional de personas, bienes o derechos en operaciones de seguridad y emergencia sea cual fuere la naturaleza del hecho que la origine.

Dicho servicio garantiza la atención adecuada de las llamadas que se produzcan en demanda de auxilio, así como una actuación rápida, coordinada y eficaz de los servicios públicos y privados, de urgencias y seguridad y será prestado por las Salas Operativas del CECOES 1-1-2 pudiéndose establecer Centros Satélite en ámbitos insulares o municipales específicos.

2. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), actuará como Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en los términos previstos en la Norma Básica de Protección Civil y en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

3. Reglamentariamente se desarrollarán las funciones y modelo organizativo del CECOES 1-1-2, sin perjuicio de que la gestión total o parte de esta del pueda ser asumida por medios propios personificados, lo que no comportará relación laboral alguna con las personas trabajadoras del mismo".