Artículo 10. LEY 8/2026, de 30 de octubre, Canarias, de reconocimiento de la autoridad y apoyo al profesorado

1. De conformidad con lo dispuesto en la legislación civil y penal, el alumnado tiene la obligación de reparar el daño causado, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, equipamientos informáticos, incluido el software, o cualquier material del centro y a las pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa. De igual forma, deberán restituir los bienes sustraídos, reparar o restablecer el valor de estos cuando no sea posible la restitución, en los términos de la legislación aplicable y de las normas de convivencia.

2. La responsabilidad civil de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela de los menores de edad se determinará conforme a la legislación vigente.

3. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, la Administración educativa los pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal en la forma en que se prevea legalmente.

4. La responsabilidad civil del profesorado y de las direcciones de los centros públicos quedará cubierta por la Administración, según las normas que regulan la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.