Artículo 1. DECRETO LEY 9/2026, de 6 de noviembre, C. Valenciana, modificación normativa del régimen de prevención y control ambiental de actividades y gestión de residuos

La Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 14, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 14. Integración y coordinación con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental

1. Los proyectos, públicos o privados, sometidos a evaluación de impacto ambiental conforme a la normativa vigente en la materia, deberán obtener pronunciamiento favorable en materia de evaluación de impacto ambiental con carácter previo a la concesión de la autorización ambiental integrada o la licencia ambiental o, cuando sea procedente, a la formalización de los restantes instrumentos de intervención ambiental contemplados en esta ley.

2. Cuando el proyecto esté sujeto a autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental autonómico, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto se integra plenamente en el procedimiento para el otorgamiento de la citada autorización. La evaluación de impacto ambiental constituye, dentro del procedimiento de autorización ambiental integrada, un trámite preceptivo y esencial. Será vinculante cuando sea desfavorable, así como en cuanto a los niveles mínimos de protección del medio ambiente y los recursos naturales, sin perjuicio de las facultades del órgano sustantivo ambiental para fijar en la autorización ambiental integrada condiciones más rigurosas de protección, así como los requisitos y condiciones de funcionamiento de la actividad. Su condicionado se incorporará al contenido de dicha autorización.

3. Cuando corresponda al órgano ambiental de la Administración general del Estado la evaluación de impacto ambiental, se estará a lo establecido en la normativa básica en materia de prevención y control integrados de la contaminación.

4. Si durante la tramitación del procedimiento de autorización ambiental integrada se observase, conforme a la normativa urbanística, la necesidad de formular plan especial para la actividad proyectada, la evaluación ambiental de dicho plan se efectuará en el procedimiento de autorización ambiental integrada juntamente con el proyecto, siempre y cuando coincida el ámbito territorial incluyendo, en su caso, los accesos a la instalación proyectada y demás instalaciones complementarias.

Sin perjuicio de lo anterior, el procedimiento de autorización ambiental integrada podrá suspenderse hasta que se incorpore al expediente la aprobación del plan especial.

5. Cuando la actividad esté sometida a licencia ambiental y requiera de la previa evaluación de impacto ambiental por el órgano autonómico de acuerdo con la normativa vigente en la materia, el estudio de impacto ambiental será sometido, dentro del procedimiento de licencia ambiental, y conjuntamente con el proyecto, al trámite de información pública y demás informes establecidos en dicho procedimiento, debiendo obtenerse pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental con carácter previo a la concesión de la licencia ambiental.

6. Serán nulos de pleno derecho los actos de otorgamiento o formalización de cualquier actividad objeto de esta ley, sus modificaciones y revisiones cuando dichos actos se hayan dictado omitiendo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental aplicable, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

En aquellos supuestos en los que se sancione con carácter firme la realización de un proyecto sometido a evaluación ambiental por el órgano autonómico, sin haber obtenido previamente la correspondiente declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, la resolución sancionadora, además de la sanción económica, podrá imponer la obligación de realizar la evaluación de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente. En ningún caso, esta evaluación podrá ser considerada como una Evaluación de Impacto a los efectos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En estos casos, serán de aplicación las previsiones para las evaluaciones fundamentadas en los principios de compensación y reversión de impactos causados, mediante los análisis prospectivos o retrospectivos que procedan.»

Dos. Se modifica el artículo 32, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 32. Pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental

1. Cuando el proyecto se encuentre sometido a evaluación de impacto ambiental, concluido el trámite de información pública, el órgano sustantivo ambiental remitirá al órgano ambiental copia del expediente, junto con las alegaciones recibidas, acompañado, en su caso, de las observaciones que estime oportunas, al objeto de que se formule el pronunciamiento que proceda en materia de evaluación de impacto ambiental en el plazo máximo de 2 meses desde la recepción del expediente, en la que se estime si el proyecto es aceptable a los efectos ambientales o se determinen las condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales de acuerdo con lo establecido en la normativa básica vigente en materia de evaluación ambiental de proyectos.

2. Los condicionantes establecidos formarán un todo coherente con los exigidos en la autorización ambiental integrada, en la que se integrarán aquéllos formando parte de su contenido.

3. Si el órgano sustantivo ambiental discrepara sobre la conveniencia a efectos ambientales de ejecutar el proyecto o de las determinaciones o contenido del condicionado del pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental, planteará dicha discrepancia ante el órgano ambiental mediante escrito razonado, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la recepción de dicho pronunciamiento. Si se mantuviera la discrepancia se estará a lo establecido al efecto en la normativa en materia de impacto ambiental.

4. En el supuesto que corresponda a la Administración general del Estado realizar la evaluación de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la normativa básica estatal.

5. Si el pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental fuera desfavorable y, en consecuencia, impidiera el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano sustantivo ambiental dictará resolución motivada denegando la autorización y poniendo fin al procedimiento.»

Tres. Se modifica el artículo 43, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 43. Impugnación

1. Los interesados podrán oponerse a los informes vinculantes emitidos en el procedimiento de concesión de la autorización ambiental integrada mediante la impugnación de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, para los casos en que impidiesen el otorgamiento de la autorización, en cuyo caso podrán ser recurridos, en vía judicial o administrativa, según corresponda, independientemente de la resolución que ponga fin al procedimiento.

2. Cuando el pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental o los informes vinculantes emitidos sean favorables, pero sometan la autorización a condiciones con las que no esté de acuerdo el solicitante, el recurso se interpondrá directamente contra la resolución del órgano que haya otorgado la autorización ambiental integrada. El órgano competente para resolver el recurso dará traslado de este a los órganos que hubiesen emitido dichos informes, con el fin de que presenten alegaciones en el plazo de quince días si lo estiman oportuno. De emitirse en plazo, las citadas alegaciones serán vinculantes para la resolución del recurso.

3. Si en el recurso contencioso-administrativo que se pudiera interponer contra la resolución que ponga fin a la vía administrativa se dedujeran pretensiones relativas a los informes preceptivos y vinculantes, la administración que los hubiera emitido tendrá la consideración de codemandada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.»

Cuatro. Se modifica el artículo 63, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 63. Modificación de la instalación

1. La modificación de una instalación sometida a licencia ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

2. Cualquier ampliación o modificación de las características o del funcionamiento de una instalación se considerará sustancial si la modificación o la ampliación alcanza por sí sola, los umbrales de capacidad establecidos en el anexo II de esta ley o si ha de ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa vigente en esta materia.

3. Igualmente, se considera modificación sustancial aquella que supere los criterios establecidos en la normativa básica estatal en materia de prevención y control integrados de la contaminación, incluida la acumulación sucesiva de modificaciones no sustanciales que, consideradas conjuntamente, determinen la superación de dichos criterios.

4. Cuando la modificación represente una superación de los umbrales de capacidad que implique que la actividad quede incluida en el anexo I, deberá obtenerse autorización ambiental integrada en los términos previstos en la disposición adicional sexta.

5. El titular de la licencia ambiental que pretenda llevar a cabo una modificación de la instalación deberá comunicarlo al ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

6. Para la justificación de la modificación sustancial se tendrá en cuenta la mayor incidencia de la modificación proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente, en los aspectos contemplados en el artículo 46 de la presente ley para la autorización ambiental integrada.

7. Cuando el titular considere que la modificación proyectada no es sustancial podrá llevarla a cabo, siempre que el ayuntamiento no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.

8. Cuando la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el ayuntamiento como sustancial, no podrá llevarse a cabo hasta que no sea modificada la licencia ambiental.

La modificación de la licencia ambiental será objeto de notificación y publicidad en los mismos términos establecidos para la resolución de la licencia.

Dicha modificación podrá tramitarse por el procedimiento simplificado que el ayuntamiento establezca mediante sus ordenanzas, en el que se concretará el contenido de la solicitud de modificación a presentar, documentos que justifiquen el carácter sustancial de la modificación a realizar, y proyecto de actividad referido a la parte o partes de la instalación afectadas por la modificación que se va a llevar a cabo. En cualquier caso, la modificación sustancial implicará la emisión de un nuevo dictamen ambiental, por parte del órgano que tenga atribuida dicha competencia, y en los términos establecidos en el artículo 58 de la presente ley.

9. Cuando la modificación de una instalación suponga una disminución de su capacidad de producción hasta quedar por debajo de los umbrales del anexo II dejará de ser exigible la licencia ambiental, procediendo, por parte del ayuntamiento, a la adaptación al régimen de intervención ambiental que corresponda conforme a la disposición adicional sexta de la presente ley.»

Cinco. Se añade un nuevo artículo 63 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 63 bis. Cese definitivo de la actividad y cierre de la instalación

1. En el supuesto de cese definitivo de todas las actividades desarrolladas en una o varias instalaciones incluidas en una misma licencia ambiental, el titular de la licencia deberá presentar ante el órgano sustantivo ambiental una comunicación previa a dicho cese. En el caso de que se desarrollen varias actividades incluidas en la misma licencia, la comunicación indicará en cuál de ellas se produce el cese.

2. En el caso de que se produzca el cese definitivo de actividades, con carácter previo al cierre de la instalación, el titular adoptará las medidas necesarias destinadas a:

a) Retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación o en el emplazamiento.

b) Prevenir y evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.

c) Evitar la emisión de gases o contaminantes derivados de las actividades desarrolladas.

d) Eliminar o minimizar los riesgos de incendio, explosión o accidente que puedan comprometer la seguridad de la instalación.

3. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior deberán garantizar que el emplazamiento no cree un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio ambiente, teniendo en cuenta el uso actual o previsto del mismo.

4. El órgano competente podrá exigir, de forma motivada, la presentación de un plan de actuaciones de cierre, así como la ejecución de medidas adicionales de prevención, control o restauración ambiental cuando resulte necesario para asegurar la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente.

5. La finalización de la ejecución de las medidas adoptadas en virtud de lo establecido en el presente artículo será comunicada por el titular de la licencia al órgano sustantivo ambiental. En cualquier caso, el órgano sustantivo ambiental podrá comprobar in situ la ejecución de las medidas propuestas.

6. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado conforme a lo previsto en el régimen sancionador de la presente ley, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades ambientales que pudieran corresponder.»

Seis. Se modifica el apartado a) del artículo 84, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 84. Clausura de actividades sin el correspondiente instrumento de intervención

[…]

a) Previa audiencia al titular de la actividad por plazo de quince días, acordar el cierre o clausura de la actividad e instalaciones en que se desarrolla. Acordado el cierre o clausura, la persona titular estará obligada a adoptar y ejecutar las medidas necesarias para garantizar que el emplazamiento no genere riesgos significativos para la salud humana ni para el medio ambiente, de conformidad con lo previsto en esta ley. El cumplimiento de dichas obligaciones tendrá carácter independiente de la medida de cierre o clausura y no habilitará, en ningún caso, la continuación o reanudación de la actividad sin el correspondiente instrumento de intervención.

[…]»

Siete. Se añade un subapartado p) al apartado 3 del artículo 93, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 93. Clasificación de las infracciones

[…]

3. Son infracciones graves:

[…]

p) La emisión por las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental de informes técnicos o la aportación de datos con falsedades o inexactitudes esenciales, cuando medie dolo o negligencia grave y puedan afectar de forma relevante a las actuaciones o decisiones reguladas en esta ley, así como la realización de actuaciones en ámbitos para los que no estuvieran debidamente registradas o habilitadas.

[…]»

Ocho. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional sexta, que queda redactado de la siguiente manera:

«Disposición adicional sexta. Cambio de régimen de intervención administrativa ambiental aplicable

[…]

5. En el caso de instalaciones con autorización ambiental integrada otorgada conforme al anexo II de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental, la actividad podrá continuar en funcionamiento al amparo de dicha autorización mientras no se produzca ninguna modificación, ni de la actividad ni del título habilitante, y no haya transcurrido el plazo máximo de ocho años de vigencia contemplado en la citada ley.

El transcurso de dicho plazo, así como cualquier modificación, ya sea de oficio o a instancia de la persona interesada, determinará la obligación de adaptarse al nuevo régimen jurídico establecido en la presente ley. A tal efecto, con carácter previo a la obtención de la licencia ambiental, la instalación deberá disponer de las autorizaciones ambientales sectoriales que se contemplaban en la autorización ambiental integrada.

Una vez obtenidas las autorizaciones ambientales sectoriales y hasta que transcurra el plazo de resolución de la licencia ambiental, que se computará desde la obtención de dichas autorizaciones, las facultades de vigilancia, control, inspección y sanción corresponderán a la conselleria competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

Transcurrido dicho plazo, se declarará la caducidad de la autorización ambiental integrada, previa audiencia al titular de la actividad y al ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique.»

Nueve. Se modifican los epígrafes 9.5 y 9.6 del anexo II, que quedan redactados de la siguiente manera:

«Anexo II

Categorías de actividades sujetas a licencia ambiental

[…]

9.5. Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de ganado porcino que no estén sujetas a autorización ambiental integrada y cuya capacidad máxima de alojamiento, expresada en unidades de ganado mayor (UGM) conforme a los factores de conversión previstos en la normativa de aplicación de la Directiva sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado, sea:

a) Superior a 60 UGM en el caso de aves de corral.

b) Superior a 75 UGM en el caso de ganado porcino.

9.6. Instalaciones para la cría intensiva de otros animales que alberguen:

– Plazas de vacuno de engorde por encima de 100 plazas.

– Plazas de vacuno de leche por encima de 75 plazas.

– Plazas de ovino y/o caprino por encima de 500 plazas.

– Plazas de equino por encima de 75 plazas.

– Plazas de conejos por encima de 10.000 plazas.

– Plazas de cualquier otra especie animal, incluso instalaciones mixtas de la misma o diferente especie, no especificadas en los anteriores epígrafes, a partir de 75 unidades ganaderas mayores (UGM) (1 UGM = 1 plaza de vacuno de leche).

[…]»