Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 2233/2021 de 17 de febrero del 2026

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución tácita procedente del Ministerio de Justicia por la que se desestima la petición de concesión de nacionalidad española por residencia.

SEGUNDO.-La parte recurrente basa su muy escueta demandaen que reúne todos los requisitos legales exigidos para la concesión de la nacionalidad española por residencia, constando en el expediente administrativo toda la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, entre otros certificados de nacimiento, certificado de antecedentes penales y tasas, solicitud de dispensa por falta de estudios.

Considera que corresponde el dictado de una resolución favorable por la que se conceda la nacionalidad española por residencia al concurrir en el interesado todos los requisitos legalmente exigidos para su concesión.

El Abogado del Estado se oponea la estimación de la demanda sobre la base de que no constan los datos referidos a la integración del recurrente, no consta en el expediente el certificado de calificación CCSE ni el certificado del Instituto de conocimiento del idioma español, certificado DELE, como mínimo de nivel A2. Consta, tal como se reseñado en los antecedentes de hecho, que el recurrente solicitó dispensa debido a que no sabe leer ni escribir y que le fue concedida autorización para hacer los ejercicios adaptados a sus circunstancias, sin que lo haya realizado.

TERCERO.-En el sistema establecido por el Código Civil español, el parámetro para la obtención de la nacionalidad por residencia es, fundamentalmente, el de la buena conducta cívica. El artículo 22, apartado 4 declara que: "El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española."

La doctrina que viene manteniéndose acerca del concepto jurídico indeterminado "buena conducta cívica", cuya justificación se exige en el artículo 22.4 del Código Civil, se recoge entre otras en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2002 (TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 12 Noviembre 2002, Rec. 4857/1998), que realiza las siguientes afirmaciones: "Nada tiene que ver [sic] el concepto jurídico indeterminado "buena conducta cívica" a que se refiere el artículo 22.4 del Código Civil, con la carencia de antecedentes penales a que se refiere en último término la norma invocada, ya en la sentencia de 16 de Marzo de 1999 se decía que en el supuesto de la concesión de nacionalidad por residencia, la exigencia de "justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica" (además de suficiente grado de integración en la sociedad española) ( artículo 22.4 del Código Civil) , constituye un requisito adicional sobre la mera observancia de una conducta de no transgresión de las normas penales o administrativas sancionadoras, impuesto por el ordenamiento jurídico en razón del carácter excepcional que supone el reconocimiento de la nacionalidad por residencia y, por ende envuelve aspectos que trascienden los de orden penal y ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo período de tiempo de permanencia en España y no puede identificarse sin más con la ausencia de antecedentes penales o policiales [párrafo primero].

De otra parte, al ser la nacionalidad española el sustrato y fundamento necesario para el ejercicio pleno de los derechos políticos ( sentencia del Tribunal Supremo de 8 Febrero 1999) es exigible al solicitante de aquélla, a consecuencia del plus que contiene el acto de su otorgamiento enmarcable dentro de los actos favorables al administrado, un comportamiento o conducta que ni siquiera por vía indiciaria pudiera poner en cuestión el concepto de buena conducta que el precepto salvaguarda como exigencia determinante de la concesión de la nacionalidad española, pues el otorgamiento de ésta en modo alguno puede ser considerado como un derecho del particular, al contrario de lo que ocurre en el supuesto analizado por el Tribunal Constitucional en la sentencia antes mencionada, sino, como antes hemos dicho, como el otorgamiento de una condición, la de nacional, que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un Estado, no en vano la nacionalidad constituye la base misma de aquél, y que conlleva el reconocimiento de una serie de derechos y obligaciones que en todo caso puede ser denegado por razones de orden público o interés nacional (párrafo segundo)".

CUARTO. -En el caso presente resulta que el solicitante de la nacionalidad española ha acreditado los requisitos que podemos denominar "reglados" de la adquisición: la procedencia de su país de origen, la residencia legal y continuada, el empadronamiento y la carencia de antecedentes penales.

En el expediente administrativo aparece que la recurrente ha presentado la siguiente documentación:

- Carnet de justifica la autorización de residencia en España.

- Certificado de nacimiento en su país de origen y de carencia de antecedentes penales en su país (India).

- Pasaporte de su país de origen.

- Justificante de matrimonio y libro de familia español.

- Certificado español de nacimiento de su hija.

- Empadronamiento en Fuengirola.

- Solicitud de dispensa de las pruebas de conocimiento de la lengua española así como de los conocimientos socioculturales y en ambos casos por no saber leer ni escribir.

- El Informe de la Dirección General de la Policía donde consta que no tiene antecedentes penales en España.

A todo ello debe unirse que en el expediente obra la resolución que "AUTORIZA a Heraclio para que realice las pruebas adaptadas previstas por el Instituto Cervantes para las personas que no saben leer ni escribir". Sin embargo, no consta que haya realizado dichas pruebas con posterioridad a dicha autorización.

Es necesario señalar, para justificar la desestimación de la presente demanda, que en dicha resolución que autoriza la realización excepcional de las pruebas se afirma lo siguiente: "Se paraliza la tramitación de su expediente de nacionalidad por residencia durante el plazo de seis meses o, en su defecto, hasta la aportación de la superación de las pruebas relativas al grado de integración en la sociedad española ( artículo 22.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ).

En el caso de que no se produzca la subsanación por el interesado en el plazo mencionado se le tendrá por desistido en su petición de adquisición de la nacionalidad española por residencia, lo que se acordará mediante la correspondiente resolución".

Como no se ha producido tal cosa, resulta evidente que ha sido la inacción de la parte recurrente al no solicitar la realización adaptada de dichas pruebas lo que ha ocasionado que, al momento de dictarse esta sentencia, falten dos requisitos esenciales para la adquisición de la nacionalidad española por lo que no procede sino la integra desestimación de la demanda.

Efectivamente, no consta la concurrencia de dos requisitos básicos para la adquisición de la nacionalidad española:

- El conocimiento de la lengua española. No ha aportado el justificante de haber superado las pruebas del Instituto Cervantes

- La debida integración en la sociedad española y ello pues no ha aportado ni la justificación de haber superado las pruebas establecidas para ello por el Instituto Cervantes.

Finalmente, los argumentos del recurrente en la demanda se refieren solo al cumplimiento de los requisitos para que la solicitud de nacionalidad se entienda desestimada por silencio, y nada se aporta sobre el fondo de lo que se plantea en realidad que es la falta de dos requisitos esenciales.

QUINTO. -De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ,las costas procesales de esta instancia habrán de ser satisfechas por la parte recurrente.

En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 25 de febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto y la labor efectivamente realizada en el procedimiento, se considera que la cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas a realizar por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de ser la cifra de 3.000 euros.